Fredy López Arévalo
Las instalaciones del INI están bajo control de los seguidores de Domingo López Ángel, quienes ahora escalaron niveles superiores de organización, y montan guardia armados de tubos, palos y piedras.
Están en alerta roja y parecen estar dispuestos a todo.
En su mayoría son jóvenes indígenas nacidos en la periferia de San Cristóbal de Las Casas, hijos de inmigrantes de San Juan Chamula, que camino a la edad adulta, reclaman puestos de trabajo, vivienda, servicios, y derechos sociales, económicos y políticos.
Todo ello en una sociedad que no termina por aceptar que ellos, los jóvenes indígenas que resguardan el INI, conforman el nuevo rostro del enrome, diverso, y policromático conglomerado urbano que es ahora San Cristóbal de Las Casas.
Esa es una realidad innegable, que solo los miopes o ciegos se niegan a aceptar y ver: son los nuevos coletos, hijos de la miseria, la marginación, el destierro, que viven en la periferia, escondidos, excluidos, marginados y temerosos, por el acendrado racismo que prevalece en Jovel.
Son pues, los hijos de las favelas, que ayer demostraron no estar dispuestos a todo, menos a permanecer inermes si se les provoca, si se les ataca, si se les agrede.
Lo demostraron el jueves, reaccionan en forma violenta, con todo, desafiando a la autoridad, si la autoridad transgrede el marco legal, como todo parece indicar lo hizo el alcalde Mariano Alberto Díaz Ochoa, quien ordenó el desalojo sin mediar la orden de un juez, pero más aún, obviando el Protocolo para los Desalojos, aprobado el 22 de octubre del año pasado por los 40 diputados que integran en Congreso del Estado.
Es decir, se pasó por el arco del triunfo las leyes vigentes.
El Protocolo para los Desalojos especifica en el artículo 2: “Los elementos que integran los cuerpos de seguridad participarán en un desalojo solamente cuando la autoridad jurisdiccional competente solicite su intervención, apoyo o colaboración respectiva.
“Para los efectos de este artículo se entenderá por autoridad jurisdiccional, a los jueces, magistrados, ministerios públicos y en general cualquier otra autoridad que conforme a la legislación vigente tenga facultades para emitir una orden de desalojo”.
Es claro que el Mariano Alberto Díaz Ochoa no se sujetó a éste ordenamiento legal, que debiera ser acatado por todos, puesto que es ley.
Además de ello, solo atizó el enconó y no solucionó absolutamente nada.
Los invasores del INI repelieron el operativo con un saldo de 15 policías descalabrados, siete patrullas averiadas, 400 chozas incineradas y cuatro indígenas detenidos.
Y los invasores se posicionaron nuevamente de las cinco hectáreas y de un trecho más que pertenecía en poder de las RAP, y advirtieron que se mantendrán ahí a toda costa.
San Cristóbal de Las Casas es una ciudad de contrastes.
Veamos lo que opina el abogado Miguel Ángel de los Santos, catedrático de la Facultad de Derecho de la Unach, respecto al desalojo: “realmente los gritos, los reclamos que escuchamos, solo dan lugar a una conclusión: realmente es muy lamentable, y me parece que es una decisión tremendamente acelerada, diría yo incluso sin sentido, en tanto que como se sabe por el regidor Ulises Córdoba, de Convergencia, los regidores no estaban enterados, por tanto no fue una decisión del Cabildo, sino una decisión, todo parece indicar, totalmente individual, personal, del alcalde de San Cristóbal, y en ese sentido yo creo que el alcalde no ha medido las consecuencias de su proceder, seguramente que esto, primero le conlleva la violación de derechos humanos internacionalmente reconocidos; justamente el Protocolo para los Desalojos, aprobado en octubre del año pasado por el Congreso del Estado, indica en una de sus partes que todo desalojo debe acatarse estrictamente a los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado en materia de derechos humanos, y lo que hasta ahora hemos podido percibir es que este operativo lo que hace es justamente situarse al margen de esas responsabilidades de derechos humanos. No se puede utilizar gases lacrimógenos, no se puede utilizar la violencia, se tiene que haber agotado previamente las vías de conciliación y negociación antes de llevar a cabo todo desalojo, y por lo que escuchamos acá hubo violencia. Yo creo que las personas que hayan resultado afectadas con todo derecho pueden reclamar la justicia por los delitos que ahí se hayan presentado y las violaciones a los derechos humanos que evidentemente también se perpetraron”.
Más claro ni el agua.
También Diego Cadena, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, demandó al edil coleto, Mariano Alberto Díaz Ochoa, el sustento legal de este desalojo, ya que el Ayuntamiento de San Cristóbal no tiene competencia jurisdiccional para ello.
Veamos lo que dice Diego Cadena: “La posición del Frayba es que resulta evidente el exceso de la fuerza pública, y en el hecho de que lo haya realizado la policía municipal exclusivamente, pues nos genera dudas respecto a si el acto está fundado y motivado, porque la única autoridad que puede ordenas un acto de este tipo es la autoridad jurisdiccional, es decir un juez, y nosotros entendemos que en este caso quien tendría que haber realizado el desalojo pues debió haber sido la Policía Estatal Preventiva, pero bajo la orden del órgano jurisdiccional. Hemos leído las declaraciones del presidente municipal de San Cristóbal donde se adjudica a si mismo la orden de desalojo, y eso nos parece a nosotros, que de ser así, es totalmente anómala y contradictoria a los derechos humanos, y no solo, sino también a las garantías individuales. El presidente municipal no es una autoridad jurisdiccional, no está facultado para dar una orden de este tipo”.
El Frayba solicitó así al Congreso del Estado que investigue “eficaz e imparcialmente” los hechos para deslindar responsabilidades. “Nosotros consideramos que en primera instancia quienes tienen que poner atención al caso pues es la misma ciudadanía; no podemos evadir esa responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos en vigilar el actuar de nuestros servidores públicos. Nosotros consideramos, en primer instancia, que es importante que en San Cristóbal se empiece a generar una cultura de respeto de derechos humanos. Normalmente estamos más mirando hacia las comunidades y dejando de ver las arbitrariedades que suceden en nuestra propia ciudad, y esto involucra no solo a los originarios de San Cristóbal sino también a todos los que vivimos en está ciudad. Y en segunda instancia nosotros estamos haciendo también un llamado al Congreso del Estado para que haga una investigación como lo decimos eficaz e imparcial y se pueda determinar si las actuaciones de los servidores públicos del Ayuntamiento municipal de San Cristóbal son violatorias o no de la Constitución, de las garantías individuales y de los derechos humanos, porque de ser así en términos de nuestra Constitución local, sería consecuente el inicio de un juicio político para el presidente municipal, y si por el contrario es un acto que tiene sustento jurídico sería bien transparentar esa situación ante la ciudadanía”.
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*Dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar. El Síndico de San Cristóbal de Las Casas, Leobardo de Jesús Cancino, estrena un lujosísimo Mercedes Bens, luego de que era un modesto maestro de la Facultad de Derecho que solía ir a dar clases en un Valiant de modelo muy, pero muy antiguo. Y luego dicen que la función pública municipal no deja buenos dividendos o que la obra pública no deja jugosas comisiones.
**Las organizaciones sociales propietarias del Café Museo Café se reunirán el 31 de marzo próximo a la 1 de la tarde, para analizar la crisis cafetalera y cómo posicionar en el mercado las diversas marcas de café de sus asociados. Después, a las 4 pm, la administradora Martha Sol, organiza una verbena popular con música de Son Jarocho.
***Samuel Gómez Santis denunció que elementos de la policía de vialidad municipal de Jovel lo extorsionaron. Según un mensaje de texto que hizo llegar a Desde Los Altos, policías de vialidad lo interceptaron frente a Conalep, cuando dirigía a cargar gasolina. Le pidieron sus documentos y luego pretendían infraccionarlo por no llevar puesto el cinturón de seguridad. La infracción era por 1,200 pesos, pero le ofrecieron un arreglo por 200 pesos. Un jugoso negocio.
Toño Aguilar.
