Fredy Martín Pérez.
Venustiano Carranza, Chis; 6 de mayo.- Un grupo paramilitar integrado por hombres con uniformes similares a los que usa agentes estatales e integrantes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ingresó a la comunidad Cruztón, de este municipio, lo que provocó temor entre las mujeres y niños.
En un acción urgente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cuenta que el pasado 27 de abril por la madruga, se realizó un operativo en el poblado de Cruztón, con 500 elementos de la policía, guiados por “siete civiles armados”, originarios de Teopisca y del ejido Nuevo León, de Venustiano Carranza.
La intensión era presuntamente ejecutar órdenes de arresto contra pobladores de Cruztón, donde el 5 de mayo se cumplió un año de la recuperación de tierras.
El domingo 27 de abril, los habitantes de la comunidad Cruztón “fuimos agredidos por aproximadamente 500 policías estatales preventivos con armas cortas, quienes se transportaban en camionetas tipo pick up para 30 o 50 elementos; una de la camionetas era una Suburban blanca con placas de identificación CZ 999-8”.
Los policías y los presuntos paramilitares ingresaron a Cruztón ingresaron por diversos puntos de la comunidad, de una forma violenta, “agrediendo a niños, niñas y jóvenes para que confesaran donde se encontraban sus papás”.
Los paramilitares y los agentes policíacos “se metieron a las casas sin mostrar ningún tipo de autorización judicial, causando destrozos en diez casas, tirando puestas, robando dinero y joyas; destruyendo nuestras cosechas y hortalizas para el sustento de nuestra familias”.
Durante la incursión fueron detenidos: Tiburcio López hidalgo, Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Roberto López López, Manuel Gómez López y José Lázaro López López.
Estos hombres fueron sacados a la “fuerza de sus domicilios dándoles fuertes golpes presentando lesiones en diversas partes de sus cuerpos”, dice el Frayba en un acción urgente.
Exceso de amenazas con armas
Agrega que el operativo se destacó por el exceso de las amenazas con las armas y el maltrato verbal.
Los oficiales de la policía fueron guiados por los presuntos paramilitares que se cubrieron los rostros con playeras blancas y paliacates rojos, pero que fueron identificados plenamente, por “su voz, ojos y cuerpo”.
Entre los paramilitares se encuentran: “Fidel Gómez González quien fue identificado que renca de su pierna derecha; Valentín González Jiménez, Pedro González Severino, Francisco Vázquez Jiménez”.
Así como “Marcelino Gonzáles Pilicastro, Álvaro González Mazariegos y Juan Ruiz García, quienes pertenecen Organización Campesina Emiliano Zapata Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA)”.
Una vez en poder de los paramilitares y las corporaciones policíacas, “las mujeres de la comunidad de Cruztón rescataron a los compañeros retenidos a pesar de las fuertes amenaza de la policía de dispararles”.
En la acción, un paramilitar identificado como Fidel Gómez González, sujetó del cuello a la señora Josefa Gómez Álvarez y amenazaron con regresar a Cruztón para destruir “las casas” y “llevarse a todos”.
Sin embargo, dice el Centro de Derechos Humanos que dirige el obispo emérito Samuel Ruiz García, el gobierno del estado trató de desmentir la incursión de los paramilitares y los policías a Cruztón.
“Por lo que independientemente de la versión que ha dado el gobierno del estado, para deslindarse de responsabilidad alguna sobre lo sucedido, es de considerarse que dejó de cumplir con su obligación y responsabilidad de garantizar los derechos humanos fundamentales, consagrados en los diversos instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado y que hacen parte de la Ley Suprema de la Unión”, dice.
Y exige que se otorguen medidas de protección para los habitantes de Cruztón, “previo acuerdo y consentimiento de ellos para salvaguardar la vida, la integridad física y psicológica y la libertad personas de los pobladores”.
Además que “se privilegie el diálogo y la negociación para la resolución de los conflictos, evitando en yodo momento actos de violencia y/o uso excesivo de la fuerza publica”.
Y se “investiguen de manera imparcial y eficaz los delitos y las violaciones a derechos humanos, cometidas el pasado 27 de abril de 2008, así como sancionar a los autores materiales e intelectuales del operativo”.
Venustiano Carranza, Chis; 6 de mayo.- Un grupo paramilitar integrado por hombres con uniformes similares a los que usa agentes estatales e integrantes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ingresó a la comunidad Cruztón, de este municipio, lo que provocó temor entre las mujeres y niños.
En un acción urgente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cuenta que el pasado 27 de abril por la madruga, se realizó un operativo en el poblado de Cruztón, con 500 elementos de la policía, guiados por “siete civiles armados”, originarios de Teopisca y del ejido Nuevo León, de Venustiano Carranza.
La intensión era presuntamente ejecutar órdenes de arresto contra pobladores de Cruztón, donde el 5 de mayo se cumplió un año de la recuperación de tierras.
El domingo 27 de abril, los habitantes de la comunidad Cruztón “fuimos agredidos por aproximadamente 500 policías estatales preventivos con armas cortas, quienes se transportaban en camionetas tipo pick up para 30 o 50 elementos; una de la camionetas era una Suburban blanca con placas de identificación CZ 999-8”.
Los policías y los presuntos paramilitares ingresaron a Cruztón ingresaron por diversos puntos de la comunidad, de una forma violenta, “agrediendo a niños, niñas y jóvenes para que confesaran donde se encontraban sus papás”.
Los paramilitares y los agentes policíacos “se metieron a las casas sin mostrar ningún tipo de autorización judicial, causando destrozos en diez casas, tirando puestas, robando dinero y joyas; destruyendo nuestras cosechas y hortalizas para el sustento de nuestra familias”.
Durante la incursión fueron detenidos: Tiburcio López hidalgo, Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Roberto López López, Manuel Gómez López y José Lázaro López López.
Estos hombres fueron sacados a la “fuerza de sus domicilios dándoles fuertes golpes presentando lesiones en diversas partes de sus cuerpos”, dice el Frayba en un acción urgente.
Exceso de amenazas con armas
Agrega que el operativo se destacó por el exceso de las amenazas con las armas y el maltrato verbal.
Los oficiales de la policía fueron guiados por los presuntos paramilitares que se cubrieron los rostros con playeras blancas y paliacates rojos, pero que fueron identificados plenamente, por “su voz, ojos y cuerpo”.
Entre los paramilitares se encuentran: “Fidel Gómez González quien fue identificado que renca de su pierna derecha; Valentín González Jiménez, Pedro González Severino, Francisco Vázquez Jiménez”.
Así como “Marcelino Gonzáles Pilicastro, Álvaro González Mazariegos y Juan Ruiz García, quienes pertenecen Organización Campesina Emiliano Zapata Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA)”.
Una vez en poder de los paramilitares y las corporaciones policíacas, “las mujeres de la comunidad de Cruztón rescataron a los compañeros retenidos a pesar de las fuertes amenaza de la policía de dispararles”.
En la acción, un paramilitar identificado como Fidel Gómez González, sujetó del cuello a la señora Josefa Gómez Álvarez y amenazaron con regresar a Cruztón para destruir “las casas” y “llevarse a todos”.
Sin embargo, dice el Centro de Derechos Humanos que dirige el obispo emérito Samuel Ruiz García, el gobierno del estado trató de desmentir la incursión de los paramilitares y los policías a Cruztón.
“Por lo que independientemente de la versión que ha dado el gobierno del estado, para deslindarse de responsabilidad alguna sobre lo sucedido, es de considerarse que dejó de cumplir con su obligación y responsabilidad de garantizar los derechos humanos fundamentales, consagrados en los diversos instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado y que hacen parte de la Ley Suprema de la Unión”, dice.
Y exige que se otorguen medidas de protección para los habitantes de Cruztón, “previo acuerdo y consentimiento de ellos para salvaguardar la vida, la integridad física y psicológica y la libertad personas de los pobladores”.
Además que “se privilegie el diálogo y la negociación para la resolución de los conflictos, evitando en yodo momento actos de violencia y/o uso excesivo de la fuerza publica”.
Y se “investiguen de manera imparcial y eficaz los delitos y las violaciones a derechos humanos, cometidas el pasado 27 de abril de 2008, así como sancionar a los autores materiales e intelectuales del operativo”.
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