Elio Henríquez
Venustiano Carranza, Chis., 15 de mayo.— Más de mil integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo (OCEZ CP) marcharon hoy en la cabecera municipal, para exigir a las autoridades estatales la reubicación de la totalidad de las familias de los 49 comuneros expulsados en septiembre pasado por agredir a integrantes de la directiva y a otros de sus compañeros.
Dirigentes de la agrupación informaron, que también demandaron al gobierno de Manuel Velasco Coello, la salida de la policía estatal de la cabecera, en la cual se encuentra patrullando desde el pasado sábado en que retomó el control del pueblo que estaba en poder la OCEZ CP.
Añadieron que la manifestación comenzó después de las 12 horas en las oficinas de la OCEZ CP ubicadas en el centro de esa ciudad, y luego se dirigieron al parque central, donde realizaron un mitin.
“La demanda principal es que el gobierno saque a todos los provocadores que nos han venido causando problemas desde el año pasado, ya que sólo se ha llevado a una parte”, dijo Marcos Vázquez Hernández, tesorero de la directiva de la OCEZ CP, que según su dicho agrupa a alrededor de cinco mil personas.
“Nuestra inconformidad es que este grupo sigue intimidando y hostigando a los compañeros en los diferentes barrios, y nuestra gente se puede cansar y levantar la mano”, agregó.
Añadió que comuneros de la Casa del Pueblo continúan con la vigilancia en grupos en los barrios de la cabecera para evitar agresiones de los disidentes de la OCEZ CP. “En el barrio de El Pozo quedan varias familias que están provocando y hostigando a los compañeros”, aseveró.
El conflicto interno por la disputa del poder estalló en la OCEZ-CP en septiembre pasado cuando comuneros disidentes se posesionaron de las oficinas y agredieron a la directiva y otros integrantes de la agrupación, que había exigido que se aclarara el paradero de 65 cabezas de ganado “perdidas” en la anterior administración.
En respuesta a la agresión la asamblea de la OCEZ-CP acordó exigir la expulsión del grupo disidente integrado por 49 comuneros e inició los trámites correspondientes ante el Registro Agrario Nacional --que no ha resuelto el caso—para que sean despojados de sus derechos.
La pugna se agudizó el 5 de mayo cuando miembros de la OCEZ CP presuntamente dieron muerte a balazos a Gómez Martínez y Gómez Gómez. Ambos grupos se acusan mutuamente de ser paramilitares y colaborar con el gobierno en turno en sus tres niveles.
Para evitar más agresiones, las autoridades estatales desalojaron el fin de semana a 353 confrontadas con la mayoría de la OCEZ CP, y el sábado, alrededor de mil policías estatales, apoyados por agentes federales e integrantes de la Marina y del Ejército Mexicano recuperaron el control en la cabecera, muchas de cuyas callas permanecían bloqueadas.
De acuerdo con dirigentes de la agrupación los títulos de propiedad le fueron entregados a la comunidad en 1965 por 72 mil hectáreas, de las cuales la OCEZ CP controla alrededor de 52 mil, ya que las demás las tienen diversos que han sido expulsados en diferentes fechas desde 1985 por diferencias internas y por la disputa por el poder.
Manifestaron que en la lucha por el poder interna ha dejado desde entonces, alrededor de 52 muertos y tres desaparecidos, cuyas fotografías están en lo que ellos llaman “altar de los mártires” en las oficinas de la OCEZ-CP en Venustiano Carranza, municipio situado en el centro del estado.
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