ROTONDA PUBLICA

Elio Henríquez

-¿No que no?

Por fin, a dos meses y unos cuantos días de la invasión, y a pocas horas de que finalizara la pasada administración, la policía estatal desalojó a los indígenas que desde el cuatro de octubre mantenían en su poder el rancho El Ellar, ubicado en las afueras de San Cristóbal de Las Casas.

De esta forma se concretó lo que parecía casi imposible, no porque fuera difícil, sino porque detrás de la toma del predio había intereses políticos y personales de funcionarios del anterior Gobierno y sus aliados, y no había voluntad política para resolver el problema.

Fue necesario que mediante una trampa la policía detuviera a varios de los dirigentes que engañaron a mucha gente de escasos recursos económicos necesitada de una vivienda y que las autoridades correspondientes libraran órdenes de aprehensión en contra de otros de los líderes para que los invasores prácticamente salieran corriendo cuando el viernes pasado más de mil agentes entraron decididos a sacarlos a como diera lugar.

Ahora sí se notó que las acciones (pacíficas) fueron bien planeadas y coordinadas, pues incluyeron sobrevuelos de helicópteros y un amplio despliegue policiaco en las inmediaciones desde un día antes para presionar y desgastar sicológicamente a quienes permanecían en el terreno.

Quien sabe quién dirigió el operativo, pero al que se vio en todo momento al frente del contingente de uniformados fue al comandante Juan Manuel Calvo, que subía y bajaba del helicóptero dando órdenes.

Hay que destacar que a  pesar de que muchos de los agentes que participaron en esta ocasión lo habían hecho en el fallido desalojo y por lo tanto estaban dolidos porque habían ido agredidos, no actuaron con saña y respetaron hasta donde les fue posible las garantías de los invasores, quienes apenas lanzaron uno cohetes y huyeron, no sin antes prender fuego a una.

Si con la misma actitud y planeación se hubiera hecho el fallido operativo de desalojo el pasado 20 de octubre, otra cosa hubiera ocurrido y se habría evitado que varios uniformados resultaran gravemente lesionados, con riesgo de perder la vida, al grado de que algunos de ellos todavía no se recuperan.

Se habría evitado también la burda provocación montada exactamente un mes después –el 20 de noviembre—durante el desfile cívico deportivo con el que se conmemoró el 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicano.

Una vez que los líderes, o cuando menos varios de ellos, han sido detenidos, las autoridades tendrán que investigar dónde está todo el dinero que le cobraron a las personas a las que engañaron para les dieran diferentes cantidades de dinero –dos mil, tres mil o cinco mil pesos—para garantizarles el “derecho” a contar con un “lote” en el predio tomado.

Por la tranquilidad de la sociedad sancristobalense es importante que se haya realizado el desalojo, sobre todo porque ya se había generado una sicosis con el tema de las invasiones, pues nada o poco habían hecho las autoridades por frenarlas, in contar con que los líderes de los invasores habían asegurado que no saldrían más que muertos.

De no frenarse estas acciones, la zozobra terminaría por invadir a la sociedad en su conjunto, pues el mensaje sería de que no hay autoridad capaz de parar estos ilícitos que generan desorden.

Pero tampoco hay que dejar a la deriva a la gente de escasos recursos que fue engañada y que en realidad necesita una vivienda. Las autoridades deberían buscarle y  ofrecerle alguna solución gestionando recursos para que puedan contar con una casa o un terreno. Es mas, lo dueños de El Ellar podrían donar voluntariamente una pequeña fracción para este fin o para algún otro con sentido social.

De esta forma, desactivarán futuros movimientos que los engañen y utilicen como carne de cañón para intereses particulares y de paso harán una labor social importante. También hay que desactivar la bomba de tiempo que se generó el discurso de la supuesta confrontación entre indígenas y mestizos por el grupo de invasores, que no tenía legitimidad alguna.

Por otra parte, con las órdenes de aprehensión ya libradas y con los dirigentes detenidos, el gobierno podrá tener quieto por un buen rato a quienes venían desestabilizando esta zona.

Con el desalojo ha concluido la incertidumbre y el sufrimiento de decenas de familias que habitan en colonias aledañas al predio, que durante más de dos meses viviendo con el temor de ser agredidas. Inclusive, muchas de ellas abandonaron temporalmente sus viviendas.

PICOTAZOS

El incendio de siete locales comerciales ocurrido en San Cristóbal la madrugada del pasado sábado ha generado sospechas acerca de si fue provocado intencionalmente o si fue un accidente. Mucho trabajo tendrán las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado para investigar minuciosamente el hecho que destruyó un importante monumento histórico y ha dejado en la calle a varias familias. A propósito, sólo cuando ocurren desgracias como ésta se hacen patentes las necesidades del Cuerpo de Bomberos que necesita más y mejor equipo para combatir los incendios… Habría que investigar por qué la Secretaría de Educación mantiene en bodegas miles de muebles escolares en lugar de entregarlos a las escuelas que en diferentes regiones carecen de ellos. Para no ir más lejos, ahí está el caso de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, de San Andrés, que el 30 de este mes se incendió y se quemó el mobiliario. Alguna explicación tendrían dar las autoridades del ramo sobre el particular… A esta columna llegó la denuncia de que un sujeto que se hace llamar Luis Ángel Gómez presuntamente anda engañando a muchas personas. Les ofrece una credencial para que cobren 900 pesos mensuales del programa Amanecer de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando, de acuerdo con funcionarios de esa dependencia, en este momento no hay ningún programa operando e inclusive a las camionetas oficiales les están despintando el logotipo del programa  “Vivir mejor” que puso en marcha la pasada administración federal panista. Según la denuncia, les está pidiendo 800 pesos por persona –que deberían de entregar hoy a las 8 horas durante una reunión en el palacio municipal de San Cristóbal—para obtener los “beneficios” del “programa”, que además, supuestamente incluye becas. Las autoridades deben de investigar.