viernes, noviembre 30, 2012

Vecinos no quieren gasolinera


Carlos Herrera

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 29 de Noviembre.- Habitantes de la zona sur que resultaron dañados con el derrame de la emulsión para fabricar asfalto conocido com AC-20 y que serán afectados por la construcción de una gasolinera frente a las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), expresaron su inconformidad en contra de las autoridades porque no han solucionado la problemática causada por el químico derramado y por los permisos que han otorgado a un ex diputado federal para construir una gasolinera.


Los encargados de la construcción de la gasolinera, reiniciaron los trabajos en forma casi clandestina, pues levantaron un cerco de láminas, luego de que al parecer el propietario obtuvo un amparo, sin importar que dicha empresa quede a unos metros del Cendi, una institución educativa para menores ubicada en el boulevard “Juan Sabines Gutiérrez” de esta ciudad.

En entrevista, Fernando Hernández Pérez, contralor de la asamblea de barrio de la colonia Maestros de México, mencionó que a más de dos meses de haberse hecho una protesta ciudadana en contra de la gasolinera del ex diputado federal, Sergio Lobato García, las actuales autoridades no han actuado, y le han permitido continuar con la construcción de dicha obra poniendo en riesgo a los vecinos.

Informó que continúa la construcción de la gasolinera, poniendo en riesgo la integridad física de los habitantes de las colonias Maestros de México, San Juan de los Lagos y Lagos de María Eugenia, que se encuentran dentro del polígono afectado por el derrame ocurrido el pasado 4 de septiembre.

Indicó que después de las acciones emprendidas el pasado 8 de septiembre, cuando protestaron vecinos de las colonias antes mencionadas, maestros y padres de familia del CENDI (el cual será el más afectado), las autoridades firmaron una minuta de acuerdo (que fue signada entre otros por la entonces alcaldesa Cecilia Flores Pérez), en donde uno de los puntos principales era la clausura definitiva de dicha gasolinera, atendiendo al rechazo social y a la integridad de los vecinos por esta obra.

Sin embargo, “vemos que todo fue una farsa y un engaño a los vecinos, violentando la ley de desarrollo urbano municipal que plantea que cuando exista una protesta social o inconformidad ciudadana, dichos trabajos deberán ser suspendidos aun cuando cumpla con la normatividad en el municipio”, argumentó.

Detalló que el tráfico de influencias y presuntos actos de corrupción entre las pasadas y actuales autoridades, han permitido poner en peligro el bien común y el bienestar social a costa del interés de un particular que ha sido servidor público y que es miembro del partido político que gobierna la localidad.

Otro ejemplo del tráfico de influencias del citado ex diputado federal, fue la manipulación para sus intereses personales (durante su periodo como alcalde de esta ciudad, 2005-2007), de la carta urbana del municipio, para favorecer sus intereses personales, quedando sin ninguna protección los terrenos considerados como humedales o propiedad municipal.

Además de los riesgos que representan en la zona por una posible explosión al almacenar elementos flamables, la gasolinera también representa un riesgo ecológico por el derrame que pudiera registrarse dañando los fluentes y mantos freáticos, como ya ocurrió con el solvente de hidrocarburos AC-20.

Fernando Hernández Pérez dijo que sobre este último asunto, los vecinos  y representantes de varias colonias han solicitado a las autoridades la elaboración y ejecución de un plan de manejo y conservación de la zona afectada, particularmente en los humedales de María Eugenia, pero a la fecha no se ha realizado por parte de las autoridades ningún plan de restauración en el área afectada y ni siquiera hay una preocupación sobre lo que pasó y lo que puede suceder de seguir el problema.

Puntualizó que los químicos derramados de manera irresponsable por una empresa vinculada con Víctor Ramos Herrera, provocaron afectaciones a los afluentes en las colonias Maestros de México, San Juan de los Lagos y Lagos de María Eugenia, al recibir la descarga del hidrocarburo de alta peligrosidad para el ser humano por los compuestos, como es el benceno, etilbenceno y tolueno.

Expresó que las cantidades derramadas, aún sin cuantificar, afectaron miles de metros cúbicos de agua, y que a más de dos meses de ocurridos los hechos, siguen los restos de dichos solventes, en peligro para la población.

“Lo lamentable también es que no hay al momento ninguna sanción a los responsables de estos hechos, puesto que este químico pertenecía a una empresa ligada a Víctor Ramos Herrera, que nunca fue sancionada, debido a que también tiene vínculos con el partido que gobierna el municipio”, sostuvo.

Solicitó la intervención de las autoridades federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que no ha dado a conocer ninguna postura de los hechos, así como a las autoridades del gobierno estatal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales (Fepade) y municipal, sobre todo Protección Civil Municipal, instancia que es la encargada de prevenir que ocurran estos hechos, porque debió alertar del riesgo inminente que representaba el haber permitido que se almacenara en un recipiente inadecuado (rotoplas) dicho químico, cuyo manejo es muy riesgoso.
Los vecinos de estas colonias advirtieron que si las autoridades de los tres niveles de gobierno no actúan, en próximas fechas tomarán acciones radicales para salvaguardar su seguridad y proteger los ecosistemas.

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