FNLS critica la pretensión de implantar un Estado policíaco-militar

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 21 de julio de 2011.

A los medios de comunicación.

A los medios de comunicación alternativos.

A los organismos defensores de los derechos humanos.

A las organizaciones sociales, políticas, democráticas e independientes.

A la opinión pública.

La criminalización y la represión masiva y selectiva sigue siendo las principales respuestas de los gobiernos federal y estatal a las justas demandas de resolución de las necesidades del pueblo, para ello la pretensión de implantar un estado policiaco-militar en nuestro país avanza a pasos agigantados. Prueba de ello han sido los despliegues militares conjuntos, el despliegue policiaco con más de 310 mil elementos a propuesta de la CONAGO, hecho que se realizará de manera permanente, constituyendo en la práctica medidas fascistas ante el supuesto combate a la delincuencias organizada y narcotráfico.

A esto se suma lo que para el Estado considera de seguridad nacional, las protestas sociales y populares, las organizaciones con fuerte arraigo popular; demuestra con ello que a la problemática social, política y económica no se atienden desde el mismo estado de derecho burgués, sino que opta por la utilización de los aparatos represivos como medida de solución y coerción.

Esto deja en claro que está en marcha la ejecución de una represión generalizada al amplio movimiento popular, dirigida a todas aquellas organizaciones que se han mantenido en el espectro político en la defensa de sus derechos humanos y garantías individuales. El objetivo del Estado es crear las condiciones para la libre actuación de capitales extranjeros (del imperialismo) en nuestro país, para ello tiene como prioridad el control de los sectores organizados, a través del terrorismo de Estado, el encarcelamiento, las desapariciones forzosas y/o asesinatos extrajudiciales, como se ha estado practicando en los últimos años.

En este contexto se circunscriben la declaraciones de Guillermo Valdés Castellanos, director del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), en la que dentro de sus preocupaciones de seguridad nacional se encuentran la pobreza, los jóvenes que quedan fuera del sistema de educación superior, por el fenómeno que podría generar condiciones para alimentar opciones radicales, extremistas, violentas; los desequilibrios demográficos, los movimientos de migración, la cultura de la legalidad, los movimientos antisistémicos…

Esto no significa otra cosa, que los parámetros por los cuales el Estado define hacia quienes se ejecutarán las represiones, fortalecidas por los marcos constitucionales, que han estado modificando a sus conveniencias para garantizar la impunidad y legalidad de sus crímenes. La criminalización se hace hacia los migrantes, los pobres, los jóvenes, las organizaciones populares y hacia toda disidencia.

En tanto la pobreza y la miseria alcanzan a la gran mayoría de la población, aproximadamente en un 85% de la población nacional, con graves consecuencias para la clase trabajadora, ya que somos a quienes verdaderamente afecta. Y de manera tramposa las cifras las han maquillado al tomar otros indicadores para calcular el nivel de pobreza, pretendiendo con ello manipular y confundir la percepción de la población acerca de las condiciones materiales realmente existentes, así como justificar las políticas económicas aplicadas en el país.

A más de 4 años de gobierno de Felipe Calderón la cifra de muertos, ejecutados extraoficialmente, alcanzan los 50 mil, más de 5 mil desapariciones forzadas de personas, muchos de ellos luchadores sociales dentro de los que se encuentran Edmundo Reyes Amaya, Gabriel A. Cruz Sánchez… defensores de derechos humanos, periodistas, y la gran mayoría lo ocupan gente pobre y trabajadora.

El paramilitarismo ha sido una práctica recurrente del gobierno federal como parte de las acciones contrainsurgentes, y en Chiapas al igual que con Pablo Salazar, Juan Sabines ha convertido esta práctica como la punta de lanza para la represión de organizaciones populares, independientes, y a todo aquel que proteste o no se deje comprar y cooptar.

A través de los grupos paramilitares ha agredido y asesinado a pueblos organizados como los compañeros bases de apoyo zapatistas con la ORCAO en la región de Ocosingo; los grupos paramilitares Yachil´Atel, Petules y Orcao han agredido a nuestros compañeros de la OCEZ-FNLS en la región de Ocosingo; ahora un nuevo grupo paramilitar ha despojado de sus tierras a nuestros compañeros del MRPS-FNLS en la comunidad Las Conchitas, municipio de Salto de Agua, a cargo del paramilitar Marciano Gaspar González y sus dos hijos.

Las declaraciones de Juan Sabines y del presidente municipal del Tuxtla Gtz. SethYassir Vázquez del pasado 18 de julio: “aquí la defensa y el respeto a los derechos humanos es una prioridad”, es un discurso que se hace de manera irresponsable y dolosa, cuando nuestros compañeros desalojadas de la comunidad Las Conchitas, han padecido casi los 30 años las violaciones a sus derechos humanos, por la omisión de los gobernantes estatales al no atender las necesidades del pueblo, cuando no tienen un lugar donde trabajar, un lugar para descansar y poder vivir. A los conflictos agrarios se responden con más represión y privatización de las tierras, desarticulación de ejidos y bienes comunales sin tomar con seriedad el rezago agrario.

Responsabilizamos de todas estas agresiones, y violencia de Estado a Felipe Calderón, Juan Sabines, el secretario de gobierno Noé Castañón, funcionarios de la CONANP y de la PROFEPA, ya que son ellos quienes han organizado, financiado y dirigidos estos grupos paramilitares para reprimir al pueblo chiapaneco.

Por eso hemos instalado dos plantones indefinidos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el primero desde el 12 de julio en las instalaciones de la CNDH y el segundo el 19 de julio en la Plaza de la Resistencia (catedral), para exigir que el gobierno estatal y federal que genere las condiciones para el retorno de nuestros compañeros a sus tierras, que se regularice en favor de nuestros compañeros y que indemnice a las familias desplazadas por los daños que ocasionaron los paramilitares del gobierno de Juan Sabines.

Aunado a estas protestas este 21 de julio estamos realizando las siguientes actividades:

· Bloqueo carretero intermitente y volanteo en el km 10 de la carretera internacional de Tuxtla Chico.

· Marcha y volanteo en la cabecera municipal de Villa Comaltitlán.

· Bloqueo carretero intermitente y volanteo en tramo que comunica Yajalón-Tila, a la altura del ejido Petalcingo.

· Bloqueo carretero intermitente y volanteo en el municipio de Altamirano, en los puntos que comunican Altamirano-Comitán y Altamirano-Ocosingo.

· Bloqueo intermitente y volanteo en la salida de Chipa de Corzo hacia Acala, a la altura de la gasolinera.

· Volanteos en los municipios de Ocosingo y Oxchuc.

Repudiamos las acciones de intimidaciòn y amenazas en contra del Moseñor Raùl Vera por parte del Estado, debido a su incansable labor en la defensa de los derechos humanos.

Al mismo tiempo llamamos a los sectores y al pueblo en general a que se organicen en contra de la represión del gobierno estatal y federal, a que denuncie esta represión, difunda esta información y brinde el apoyo material para las familias desplazadas que lo han perdido todo.

A los organismos defensores de los derechos humanos, que en la ejecución de sus buenos oficios dirijan sus atenciones hacia nuestros compañeros desplazados de la comunidad Las Conchitas y estén atentos a cualquier acontecimiento.

¡¡¡DESARTICULACIÓN DE LAS BANDAS PARAMILITARES!!!

¡¡¡RETORNO DE NUESTROS COMPAÑEROS A LA RANCHERIA LAS CONCHITAS, SALTO DE AGUA!!!

¡¡¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN!!!

¡¡¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS POR EL RÉGIMEN!!!

¡¡¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!!!

¡¡¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDIGENA Y POPULAR!!!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS