Ángeles MariscalTuxtla Gutiérrez, Chis., 28 de octubre. La Procuraduría de Justicia de Chiapas (PGJE) informó que tiene elementos que implican al ex Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y otros ex funcionarios estatales y federales, en presuntas conductas de omisión y de negligencia en el caso de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997.
Pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazar el dictamen que otorgaría la libertad a 20 sentenciados por el caso, a fin de valorar estas pruebas.
A través de un comunicado de prensa emitido la madrugada de este miércoles, horas antes de la sesión de la SCJN donde habrían de darle salida al dictamen que permitiría la liberación de un grupo de 20 indígenas acusados de la masacre, el gobierno de Chiapas dijo tener “nuevas pruebas” sobre el caso.
Expone que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia y Aquellos Cometidos en el Poblado de Acteal, se han practicado 105 nuevas diligencias.
“Destacan nuevas declaraciones ministeriales, de ex servidores públicos del ámbito local y federal, que, al momento de los hechos se encontraban en funciones; dictámenes periciales en materia de balística, criminalística de campo, topografía y video filmación, entre otros”.
Estos elementos llevarían a concluir que ex funcionarios estatales y federales habrían incurrido en una actitud pasiva, permitiendo con ello la masacre de Acteal, señala el comunicado.
Las presuntas nuevas evidencias son “una carta, enviada por quien era en ese entonces Obispo Coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Raúl Vera López, enviada al Secretario de Gobernación de la administración federal vigente en 1997, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, y publicada en diversos medios de comunicación, en la cual prevenía y expone, entre otros hechos, actos delictivos suscitados en la zona Altos de Chiapas”.
“(…) una grabación en la cual se analiza la posible conducta de omisión por parte de funcionarios federales en torno a las acciones violentas originadas previo a la matanza.
“Asimismo, se cuenta con la declaración del ex Gobernador del Estado, Lic. Julio César Ruiz Ferro, quien señaló que informó “en todo momento al secretario de Gobernación de la problemática en las diferentes regiones del estado, concretamente en el municipio de Chenalhó”.
Y la declaración ministerial de Tomás Pérez Méndez, actualmente libre por la resolución de la SCJN del 12 de agosto pasado, quien “reveló que expuso ante el titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, los actos criminales que padecían en esos tiempos, quien le señaló que no se preocupara, ya que serían atendidos sus problemas”.
En tanto, en la ciudad de México se dio a conocer que la SCJN aplazó una semana la sesión donde se podría dictaminar la liberación de 20 civiles implicados en la masacre, porque uno de los ministros, José de Jesús Gudiño, no pudo asistir a la sesión.




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