Gabriela CoutiñoSan Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de octubre.- El gobierno de Chiapas, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergue la liberación de 20 indígenas tzotziles presos por la matanza de Acteal, ya que nuevas diligencias han aportado posibles pruebas de responsabilidad de ex servidores públicos, informó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
“Se pusieron a disposición del Máximo Tribunal de la República un corte al momento de las investigaciones en torno al caso Acteal, toda vez que aportan nuevas diligencias y posibles pruebas. Asimismo, se solicitó respetuosamente se postergue dicha resolución para garantizar la paz social que prevalece en la entidad”, dijo la procuraduría en un comunicado.
La dependencia señaló que cuenta con investigaciones donde se desprenden actos de omisión que pudieran variar el fallo de la corte.
Derivado de las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Chiapas, por el caso Acteal donde fueron masacrados 45 personas y 17 más resultaran heridas por disparos de armas de fuego, la Fiscalía Especializada informó de nuevos datos que acreditan la probable responsabilidad de ex servidores públicos estatales y federales, así como civiles.
Dijo que desde la creación en 2006 de la Fiscalía Especializada de Acteal, se han practicado 105 diligencias, entre las que destacan nuevas declaraciones ministeriales, de ex servidores públicos del ámbito local y federal, que, al momento de los hechos se encontraban en funciones; dictámenes periciales en materia de balística, criminalística de campo, topografía y video filmación, entre otros.
Po lo que “es posible que algunas autoridades cayeran en presuntas conductas de omisión y de negligencia al no emprender acciones de inmediato para restablecer el orden y las medidas precautorias correspondientes”.
La Procuraduría de Chiapas afirma que posee una grabación (no menciona de quién) en la cual se analiza la posible conducta de omisión por parte de funcionarios federales en torno a las acciones violentas originadas previo a la matanza de 1997.
Por lo que solicita a la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, que posponga la sesión donde se determinará la resolución con respecto al segundo grupo de juicios relacionados con el caso Acteal, a fin de que valore las investigaciones que realizó la Fiscalía Especializada, y con ello, emita la resolución que corresponda.
Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dará trámite a 26 juicios de amparo de igual número de indígenas presos desde hace 12 años, actualmente en el penal El Amate.
Ministros de la corte han acreditado la violación de las garantías individuales de los tzotziles, así como que se fabricaron pruebas para acusarlos de la masacre.
El pasado 12 de agosto, los ministros ordenaron la libertad inmediata de 20 presos, los que no pudieron regresar a sus comunidades en el municipio de Chenalhó para evitar conflictos en las comunidades indígenas, que no olvida la matanza.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar masacró a 45 indígenas tzotziles de la comunidad de Acteal, en su mayoría mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia.
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia y Aquellos Cometidos en el Poblado de Acteal
La Procuraduría de Justicia refiere que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia y Aquellos Cometidos en el Poblado de Acteal, fue creada el 27 de diciembre del año 2006, independiente de la Procuraduría a solicitud del Gobernador.
A partir de entonces, inició las averiguaciones previas número FECACH/001/2007 y FECACH/002/2007, siguiendo las siguientes líneas de investigación: Esclarecer si existen personas civiles o ex servidores públicos de los gobiernos Federal y del Estado como probables autores intelectuales. Esclarecer si existen ex funcionarios de ambas instancias de Gobierno que hayan incurrido en conductas de omisión.
Esclarecer si existen otras personas civiles como probables autores materiales, en contra de quienes la Procuraduría General de la República no haya ejercitado acción penal al momento de atraer el caso.
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