Congreso aprueba protocolo de desalojos

Ángeles Mariscal

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de octubre. El Congreso local aprobó por unanimidad el protocolo de desalojos para las corporaciones de policías y seguridad del estado y los municipios de Chiapas, que pretende regular el uso de la fuerza pública en este tipo de acciones. La propuesta nació luego de la muerte de seis campesinos en manos de policías que arribaron al poblado Miguel Hidalgo de la zona arqueológica de Chinkultic.

En sesión extraordinaria, los legisladores expusieron que el objetivo de la nueva ley que empezará a aplicarse una vez que sea publicada en el Diario Oficial del estado, es prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas que ocupen ilegítimamente un bien inmueble público o privado, así como áreas, vías e infraestructura pública.

La nueva reglamentación señala que los cuerpos policíacos que participen en el operativo, el protocolo no podrán portar ningún tipo de arma de fuego, punzocortantes, ni gases tóxicos, además de haberse sometido previamente a un examen toxicológico.

También señala que los desalojos se efectuarán únicamente cuando medie una solicitud de un juez, ministerio público u otra autoridad que tenga facultades para emitir la orden, y se haya agotado el diálogo con las personas a desalojar.

Antes de llegar a esta medida –señala el documento propuesto- se deben agotar los medios de conciliación entre las partes, echo que debe ser certificado por el “Consejo de Validación de Desalojo”, integrado por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ministerio de Justicia, y representantes de la persona o institución que solicita el desalojo.

También establece que antes de la acción se deberá identificar y asegurar la existencia de campamentos o lugares apropiados para la ubicación inmediata posterior al desalojo, de mujeres, niños, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, previó estudio sobre las personas a desocupar.

En todo momento los desalojos deberán estar documentados con cámaras de video, y serán garantes la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para que verifique la operación, y a la Cruz Roja, para que atienda cualquier emergencia, señalan los articulados.