BOLETÍN DE PRENSA Nº 35 DE LA VI VISITA DE LA COMISIÓN CIVILINTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH)
Ante la masacre de 6 indígenas en la comunidad de Chinkultik (MiguelHidalgo, Chiapas) El pasado día 3 de octubre, se llevó a cabo un operativo policial en lacomunidad de Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria (Chiapas) en elque participaron elementos de seguridad pública, y Procuración deJusticia a nivel estatal y federal para ejecutar diferentes órdenes apartir de la averiguación previa con motivo de la toma del predio delcentro ceremonial de Chinkultik por parte de la comunidad.
Como resultado de este operativo, 6 campesinos indígenas fueronasesinados, lesionados de diversa gravedad dieciseis personas y treintay seis indígenas detenidos.
Según el Ministro de Justicia de Chiapas, este operativo se llevó a caboen coadyuvancia con las autoridades federales en respuesta a la denunciapresentada por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia)para restituir a la Federación el Parque Nacional Lagos de Monte Bello yla zona arqueológica de Chinkultik.
Sobre las 11 de la mañana del día 3, se inció el operativo con laparticipación de unos 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y dela Policía Ministerial quienes ingresaron en la comunidad de formaviolenta, tirando gases lacrimógenos y allanando domicilios.
Los habitantes de la comunidad, los desarman, enecerrándolos en la CasaEjidal. Posteriormente, sobre las 17,30 horas, 300 elementos de lasmismas policías, ingresan en la comunidad con lujo de violenciaproduciéndose un enfrentamiento, los policías disparan sus armas defuego hiriendo a varias personas, dos de ellas Ignacio Hernández López yRicardo Ramírez Ramírez, quienes fallecen mientras son trasladados alHospital de Amparo Agua Tinta (municipio de Las Margaritas).
El Sr. Agustín Alfaro Alfaro junto con su esposa Eloisa MargaritaEspinoza Morales, que llevaba en brazos a uno de sus hijos acuden con suvehículo para trasladar a diversos heridos. Suben a su camioneta aRigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel AntonioMartínez López y Miguel Martínez García para llevarlos al hospital máscercano.
En el camino son interceptados por un retén de la PolicíaEstatal Preventiva quien les dispara. Al bajarlos, son ejecutadosquedando herido Miguel Martínez, la señora y su hijo resultan ilesos.
Las 36 personas detenidas fueron trasladados a San Cristóbal de lasCasas y a la Trinitaria y posteriormente liberados el 5 de octubre a las21 horas a cambio de las armas y objetos sustraídos a los policías porparte de la comunidad.
Permanecen heridos por arma de fuego 6 personasque continúan hospitalizadas El 7 de septiembre pasado, ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo seapoderaron de la administración de la zona arqueológica Chinkultikporque consideraron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia(INAH) no le había dado mantenimiento adecuado y usufructúabaexcesivamente el sitio sin que ello genere beneficios para lascomunidades de la zona.
Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir,Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita,del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas deMontebello.
Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria ylos mantenían abiertos al público.En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de ÁreasNaturales Protegidas, demandaron penalmente a los campesinos, por eldelito de despojo a pesar de que las negociaciones con las autoridadescomenzaron poco después de que las comunidades tomaran posesión de lasinstalaciones.
La más reciente reunión con funcionarios estatales seefectuó este jueves pasado y habían acordado seguir platicando, pues lesofrecieron apoyos por más de 600 mil pesos para cosechar jitomates,aguacates y duraznos, propuesta que en principio fue rechazada por losejidatarios.
Estos manifestaron: “Preguntamos al presidente FelipeCalderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si undía antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolverel problema?”.
El Gobierno del Estado informó que fueron giradas órdenes depresentación a un total de 313 personas vinculadas con estos hechos. Lasórdenes de presentación son para 31 agentes del Grupo Táctico de laPolicía Ministerial del estado, cuatro peritos de la Dirección deServicios Periciales del Ministerio de Justicia estatal, y el resto, aelementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El gobierno chiapaneco confirmó también la sindicación de cinco policíasestatales preventivos: Amilcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, JuanGarcía Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez,quienes permanecen en calidad de presentados y sujetos a investigaciónpor su presunto vínculo en el delito de homicidio.
El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, llego la noche deldomingo día 5 a la colonia Cárdenas, en este municipio, en donde sostuvouna reunión a puerta cerrada con autoridades ejidales de Hidalgo, LaTrinitaria y familias afectadas.
La administración de Juan Sabinesanunció que firmó ya una minuta con ejidatarios, en la cual sedeterminan, entre otros acuerdos, la indemnización a los deudos de lasvíctimas En ambos casos –Centro Ceremonial de Chinkultic y Parque NacionalLagunas de Montebello- los indígenas tojolabales de las comunidades queen septiembre pasado realizaron su toma pacífica, reivindicaban con ellosu justo derecho al territorio y a recuperar y administrar su patrimonionatural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración de laOrganización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los PueblosIndígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienenderecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbresculturales.
Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollarlas manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, comolugares arqueológicos e históricos”. También el Convenio 169 de la OITsuscrito por México el 5 de septiembre de 1990 cuyo artículo 14 diceasí: "deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de lospueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamenteocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente accesopara sus actividades tradicionales y de subsistencia".
Según el art. 133de la Constitución Mexicana, los convenios internacionales tienen rangoy norma constitucional Es ya una práctica recurrente en Chiapas así como en México, que estáComisión ha podido documentar en sus informes, la respuesta por partedel estado a los conflictos sociales mediante la represión,criminalizando expresiones justas de la protesta mediante operativospoliciales desmedidos que se ejercen en una total impunidad.
A pesar dela detención y procesamiento de algunos elementos de la policía por lasgraves violaciones cometidas en este operativo, queda constancia de nohaber sido afectados los responsables en la línea de mando así como losresponsables políticos de tales hechos.
En algunos caso esta respuestainmediata no se corresponde con delimitación de responsabilidades y lassentencias correspondientes sino que terminan en meras sanciones administrativas como es el caso reciente de Atenco El recurso inmediatoa las indemnizaciones económicas tanto a las familias como a lacomunidad mediante apoyos que en ningún caso resarcen el daño nisatisfacen las demandas de justicia, hacen crecer la sospecha de que conellas, lo que se pretende es mantener la impunidad sin ejercer lajusticia contra los funcionarios públicos responsables.
Ya alertamos en nuestra última visita a Chiapas sobre la situación dealarma ante los conflictos derivados de la tierra y el territorio.
Elcaso de Agua Azul lo situamos como un caso paradigmático en el queconfluyen los proyectos del estado frente a la autonomía de lascomunidades y que tuvo también su decuncia por agresión y tortura porparte de policías del estado implicados con parmilitares de la OPDDIC.
También hay que recordar la masacre de Acteal que a más diez años de loshechos sigue sin haberse cerrado en cuanto a los responsablesintelectuales de la matanza, negándose los familiares y la comunidad aaceptar el acuerdo por parte del gobierno del estado.
Son muy graves los hechos ocurridos en Chikultik y las reaccionesoficiales repiten los patrones denunciados en México a saber: lacriminalización de la protesta social, la falta de solución política ydialogada a los conflictos; las indemnizaciones como forma de tapar laresponsabilidad institucional ante la necesidad de hacer justicia y darsatisfacción a las demandas de las comunidades; la delimitación deresponsabilidades sobre funcionarios en un nivel mínimo que no conllevani tan siquiera condenas firmes y la falta de procesamiento de losresponsables.
Todo ello pone en cuestión el funcionamiento de la justicia, de loscuerpos de seguridad del estado y de los responsables políticos que noatacan las causas de raíz.
Una matanza más en Chiapas que anuncia másimpunidad y defiende un patrón de actuación que se ha manifestado comoineficaz e injusto.
Barcelona, a 9 de octubre de 2008.
Comisión de Prensa de la CCIODH -- Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001
Barcelonatel: 935113966, fax: 933290858
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