Organizaciones civiles mexicanas presentarán el miércoles una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de Rosendo Radilla en 1974, el primer caso de un político mexicano en esa condición que se lleva a una instancia internacional.
"Es el primer caso que expone al ejército mexicano como institución, como perpetrador de violaciones graves de derechos humanos en una política de Estado que realizó ejecuciones, desapariciones y tortura de forma masiva, constituyendo crímenes de lesa humanidad", dijo Mario Solórzano, abogado del caso.
Rosendo Radilla fue aprehendido en un retén militar en la localidad de Atoyac de Álvarez (sur) en agosto de 1974, "acusado de componer corridos", música popular de la región que narra pasajes de la vida cotidiana, dijo su hijo Rosendo, a través de un video presentado en rueda de prensa, y quien lo acompañaba al momento de su detención.
Durante la llamada guerra sucia registrada en México a finales de los años sesenta y la década de los setenta desaparecieron por motivos políticos al menos 810 personas y, según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hasta la fecha la cifra asciende a 1.300 personas.
"La herida sigue abierta" lamenta Tita Radilla, también hija de Rosendo y reconoce que México es el último país en América Latina "que enfrenta su pasado", toda vez que hasta el momento ninguna autoridad civil ni militar ha terminado en la cárcel por delitos relacionados con esa guerra.
A pesar de que una fiscalía especial para los delitos del pasado fue creada en 2003,sólo han sido entregados los restos de dos personas desaparecidas.
La fiscalía entregó a familiares hace dos años los restos de Lino Rosas y Esteban Mesinos en bolsas de plástico negras y en la noche junto con los documentos que acreditaban su desaparición en cajas de cartón, "sin ningún apoyo para los familiares y en completa oscuridad", señaló Solórzano.
Los familiares de los desaparecidos esperan que una sentencia por parte de la CIDH "pueda verse reflejada en todos los demás casos y se puedan crear en México mecanismos de búsqueda y de reparación del daño", añadió María Sirvent, otra de las abogadas.
"Ahora otra vez el ejército está en la calle con el fundamento de la búsqueda de narcotraficantes y está cometiendo las mismas violaciones" de los derechos humanos, concluyó Solórzano.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos contra inocentes por parte de militares que participan en los operativos de combate al narcotráfico en varios estados mexicanos.
Cinco miembros de una familia, incluidos tres niños, fueron asesinados en 2007 en un retén castrense en el estado de Sinaloa (oeste), donde en otro incidente este año cuatro civiles murieron cuando viajaban a una fiesta en una camioneta, según la prensa.
"Es el primer caso que expone al ejército mexicano como institución, como perpetrador de violaciones graves de derechos humanos en una política de Estado que realizó ejecuciones, desapariciones y tortura de forma masiva, constituyendo crímenes de lesa humanidad", dijo Mario Solórzano, abogado del caso.
Rosendo Radilla fue aprehendido en un retén militar en la localidad de Atoyac de Álvarez (sur) en agosto de 1974, "acusado de componer corridos", música popular de la región que narra pasajes de la vida cotidiana, dijo su hijo Rosendo, a través de un video presentado en rueda de prensa, y quien lo acompañaba al momento de su detención.
Durante la llamada guerra sucia registrada en México a finales de los años sesenta y la década de los setenta desaparecieron por motivos políticos al menos 810 personas y, según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hasta la fecha la cifra asciende a 1.300 personas.
"La herida sigue abierta" lamenta Tita Radilla, también hija de Rosendo y reconoce que México es el último país en América Latina "que enfrenta su pasado", toda vez que hasta el momento ninguna autoridad civil ni militar ha terminado en la cárcel por delitos relacionados con esa guerra.
A pesar de que una fiscalía especial para los delitos del pasado fue creada en 2003,sólo han sido entregados los restos de dos personas desaparecidas.
La fiscalía entregó a familiares hace dos años los restos de Lino Rosas y Esteban Mesinos en bolsas de plástico negras y en la noche junto con los documentos que acreditaban su desaparición en cajas de cartón, "sin ningún apoyo para los familiares y en completa oscuridad", señaló Solórzano.
Los familiares de los desaparecidos esperan que una sentencia por parte de la CIDH "pueda verse reflejada en todos los demás casos y se puedan crear en México mecanismos de búsqueda y de reparación del daño", añadió María Sirvent, otra de las abogadas.
"Ahora otra vez el ejército está en la calle con el fundamento de la búsqueda de narcotraficantes y está cometiendo las mismas violaciones" de los derechos humanos, concluyó Solórzano.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos contra inocentes por parte de militares que participan en los operativos de combate al narcotráfico en varios estados mexicanos.
Cinco miembros de una familia, incluidos tres niños, fueron asesinados en 2007 en un retén castrense en el estado de Sinaloa (oeste), donde en otro incidente este año cuatro civiles murieron cuando viajaban a una fiesta en una camioneta, según la prensa.
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