Presuntos paramilitares presos en Chiapas podrían quedar en libertad

Isaín Mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis, 28 de marzo.- El gobierno estatal revisa 350 expediente penales de igual número de representantes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas presos “por motivos políticos” en las cárceles de la entidad.En ese paquete, están incluidos un grupo de indígenas choles, tzeltales y tzotziles, acusados de pertenecer a grupos paramilitares.

El subsecretario de Gobierno, Jorge Morales Messner explicó que la revisión de los expedientes incluye no sólo la de los indígenas en huelga de hambre, sino también de las de quienes no se encuentran en ese proceso de “resistencia civil” y se consideran “presos políticos”.

En entrevista, indicó que algunas de las organizaciones que han pedido la libertad de sus presos, son: la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), señalada como grupo paramilitar por los zapatistas; el Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente (MOCRI), y otras.

La "mesa interinstitucional", conformada por el Ministerio de Justicia, la Magistratura Superior del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del estado, el Congreso local y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sigue revisando los más de 350 expedientes para determinar quiénes merecen quedar en libertad y quiénes no.

--¿Sin embargo, en esta revisión también se considera la de presuntos paramilitares de Paz y Justicia y otras organizaciones antizapatistas? –se le preguntó.

El funcionario respondió: “Todas las organizaciones sociales que hayan pedido la revisión de sus expedientes están siendo atendidas. Obviamente, algunos pasarán y otros no.

--¿Existe el riesgo de que salgan delincuente comunes en este paquete de revisión?

--No creo que corramos ese riesgo o que inocentes sigan presos, porque la opinión es de una mesa sumamente calificada en la cuestión.

En la cárcel de El Amate se encuentran siete miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, quienes desde su encierro calificaron al gobernador Juan Sabines Guerrero como un "estadista" por sus planes de reconciliador en Chiapas.

Samuel Sánchez, Marcos Albino Torres, Sabelino Torres, Diego Vázquez y tres miembros más del grupo Paz y Justicia, una organización de corte paramilitar que operó en la zona norte del estado para contrarrestar la presencia zapatistas entre 1995 y 1998, podrían quedar en libertad si la “mesa interinstitucional” considera que los delitos que se les adjudican tienen "tintes políticos".