20 años de desplazamiento

Roberto Barbosa.

Santos Degollado, Chis.— El embalse de la presa Peñitas los expulsó en 1986 de sus viviendas y tierras; 21 años después, nuevamente el agua represada desde hace tres meses de la hidroeléctrica Malpaso los obliga a tener que salir de sus propiedades y vivir en la zozobra. Hasta la fecha, nadie les ha planteado claramente si recibirán indemnización alguna por la pérdida de sus tierras y casas.
Por experiencia, no obstante saben lo que les espera: vueltas y vueltas burocráticas en las dependencias involucradas, sin éxito.
“Es una pesadilla que no termina”, señalan los habitantes de esta comunidad que nuevamente vuelven a sufrir la inundación de su pueblo.
El grueso de los habitantes se ha quedado sin ingresos ni empleo, pues las miles de hectáreas donde tenían sus cultivos y ganado están bajo el agua que desfoga la presa Malpaso.
El líquido estancado por la obstrucción del tapón de tierra y piedra que formó el desgajamiento del cerro en Juan de Grijalva, el 4 de noviembre pasado, se expande por las llanuras de la montaña del norte chiapaneco, ubicadas entre el bloqueo del cauce y la presa Malpaso.
Este poblado, junto con Rómulo Calzada, pertenecientes al municipio de Tecpatán, fue construido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reubicar a los afectados por la inundación que provocó al llenarse el embalse de la presa Peñitas. en la segunda parte de la década de los 80 del siglo pasado.
Incertidumbre
Al igual que en aquellas fechas, los pobladores viven en la incertidumbre, pues hasta la fecha nadie les ha planteado claramente si las aguas bajarán a su nivel, o de lo contrario recibirán indemnización alguna por la pérdida de sus tierras, bienes y casas.
Aparte de las casas que han sido alcanzadas por el agua, otras más están vacías, pues a sus ocupantes se les advirtió que en cualquier momento pueden sufrir la misma suerte.
Esta localidad forma parte de las 33 comunidades ribereñas de las montañas del norte de Chiapas que el 14 de diciembre, al ser decretadas como zonas de riesgo, fueron desalojadas al estar consideradas en peligro por la creciente causada por el desfogue de la hidroeléctrica Malpaso.
Pero a diferencia del resto de las poblaciones desalojadas, los habitantes de los ejidos Rómulo Calzada y Santos Degollado, sufren esta situación por segunda ocasión, pues con la construcción de la presa Peñitas sus casas y tierras se inundaron y tuvieron que emigrar.
Ahora por el desfogue diario del embalse Malpaso, que durante el día deja salir 400 metros cúbicos por segundo y por las noches incrementa la cantidad de agua para activar sus turbinas, sin aviso previo a la población.
“Es exactamente la misma historia que se vivió con la construcción y llenado de Peñitas”, señala don Andrés Jiménez, cuya parcela cultivada de cacao, árboles maderables y frutales sucumbió bajo el agua.
Nadie da la cara
El comisariado ejidal de este núcleo agrario, Juan Alberto Sánchez Hernández, denuncia que hasta ahora ni el gobierno estatal ni el federal han otorgado apoyo alguno para resarcir los daños ocasionados a la agricultura y ganadería.
Los productores pecuarios que desalojaron su ganado de las tierras anegadas tienen que pagar en un predio alquilado 150 pesos de renta mensual por cada animal. Además, el hato al encontrarse enfermo y débil, empieza a morir.
El gobierno de Juan Sabines había prometido sufragar la renta de las tierras a donde fue trasladado el ganado, entregar alimento balanceado, medicinas y veterinarios, pero fue pura mentira, “nada le han cumplido hasta ahora” a los 49 ejidatarios, sostiene Sánchez Hernández.
La presidenta del comisariado del ejido Rómulo Calzada, María Cobo Alpuche, coincide con su homólogo de Santos Degollado, pues los 36 ejidatarios que representa esta mujer, viven la misma incertidumbre.