PGR abre inicio penal contra maestros
ANGELES MARISCAL
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 23 de mayo.- La Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso penal contra los maestros afiliados a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que participaron en las movilizaciones del pasado 2 de mayo en protesta a la Ley del ISSSTE.
El secretario general de la Sección, Francisco Torres, acusó al gobierno federal de intentar inhibir con estas acciones las protestas de los maestros, advirtió que los mentores seguirán manifestándose por la vía pacífica y sin vulnerar los derechos de terceros.
Según la Averiguación Previa PGR 293/2007, Caminos y Puentes Federales (Capufe) fue la instancia que demandó al gremio magisterial por el delito de ataques a las vías de comunicación, luego que en el marco de su manifestación del pasado 2 de mayo, los mentores se colocaron a la altura de la caseta de cobro de la carretera Tuxtla-San Cristóbal.
Los directivos de Capufe argumentaron que los manifestantes impidieron que se realizara el cobro a los automovilistas, teniendo con ello pérdidas por aproximadamente 45 mil pesos.
En su declaración el líder magisterial sostuvo que su agremiados efectivamente se manifestaron en el lugar señalado, sin embargo no impidieron el paso de los automovilistas, ni persuadieron a los mismos de abstenerse pagar la cuota de peaje; sino que si tomaron esta decisión fue de forma individual y personal.
Durante casi 4 horas el Ministerio Público Federal interrogó a Francisco Torres, tratando de que involucrara a sus compañeros de movimiento, al cuestionarlo sobre el nombre de cada uno de los que participaron en las movilizaciones, a lo que él se negó argumentando que no estuvo en el lugar de los hechos.
En entrevista posterior, Francisco Torres expuso que las movilizaciones contra la Ley del ISSSTE se seguirán realizando porque este es un derecho de sus agremiados, y su única opción para tratar de impedir que sus derechos laborales sean vulnerados.
Añadió que él en lo personal acatará los acuerdos de la asamblea estatal del magisterio, quienes este mismo día deliberaron en sus 600 delegaciones, para acordar un nuevo plan de acción “siempre en el ámbito de las movilizaciones pacíficas y sin vulnerar los derechos de terceros”.
“Lo que nosotros vemos es que esta demanda penal contra el magisterio, es un intento del gobierno federal por inhibir las movilizaciones por la ley del ISSSTE, es evidente que hay línea para intimidar y buscar evitar que se realicen nuevas movilizaciones contra la reforma. Eso no lo vamos a permitir”, sostuvo Torres.