Diputados del PRI no aprueban Ley de acceso a la información

Diputados del PRI no aprueban Ley de acceso a la información

Angeles Mariscal/corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 06 de sep.- Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) bloquearon la probación de diversas iniciativas de ley, entre ellas la de Acceso a la Información Pública, que les envió el gobernador Pablo Salazar, tras argumentar que el mandatario “pretende seguir creando órganos supeditados a su gobierno“.
La fracción parlamentaria del PRI, compuesta por 14 legisladores, inasistieron a la sesión extraordinaria del Congreso local, convocada para dar salida a siete iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo Estatal. En respuesta el secretario de Gobierno, Roger Grajales, llamó a los 14 legisladores del PRI, a "no priorizar sus intereses de partido por encima del interés colectivo y del desarrollo de la entidad“.
Entre las iniciativas que hoy iban a ser votadas se encuentran la Ley de Acceso a la información pública, la del Instituto de las Artesanías, la de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la que fija las Bases para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos, otra que establece el Sistema Integral de Justicia para Menores, la Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas; así como el nombramiento de un magistrado de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La más polémica fue la de Acceso a la Información Pública, al respecto los 14 diputados, en conferencia de prensa, argumentaron que “tras el pasado proceso electoral plagado de irregularidades ha quedado en evidencia la nula autonomía de la cual carecen los órganos electorales en Chiapas, por eso aprobar esa iniciativa es dar pie a que se cree otro organismo más supeditado al poder ejecutivo“.
Los diputados locales encabezados por el legislador Roberto Ortiz refirieron que dentro de la iniciativa que les envió Salazar, se prevé la creación de un organismo garante del acceso a la información pública gubernamental, “no habría problema alguno sino fuera porque quien designa a los tres consejeros de forma unilateral es el gobernador del estado“.
“Pablo Salazar pretende controlar la información pública aun cuando haya dejado el cargo de mandatario de Chiapas, pues desea nombrar consejeros a modo para que no se ventilen las posibles irregularidades que se han registrado en su administración“, acusaron.
La iniciativa de Salazar que lleva el nombre de Ley que Garantiza el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas prevé la creación del “Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal” (sic) y en su artículo 61establece que éste estará integrado por tres consejeros, uno de los cuales tendrá el carácter de Consejero General, quién llevará la representación legal del Instituto.
El mismo artículo que “los consejeros, durarán en el ejercicio de su cargo siete años y elegirán por orden alfabético a quien ocupará el cargo de Consejero General para un período de dos años. Los consejeros serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado”.
El diputado Ortiz dijo que no le aprobaran esta y otras iniciativas a Salazar "en tanto no se restablezca la legalidad en Chiapas", sobre todo después del proceso electoral donde salió electo el candidato de la coalición PRD-PT-Coalición, Juan Sabines Guerrero
Horas después de que los diputados del tricolor fijaron su postura, Roger Grajales citó a una conferencia de prensa urgente en la que acusó a los legisladores de “extender la estrategia poselectoral partidista”, luego de que su candidato a gobernador José Antonio Aguilar

Bodegas perdiera la contienda del pasado 20 de agosto.
“Es lamentable que los legisladores priístas prioricen sus intereses de partido por encima de los del interés colectivo, de los ciudadanos y del desarrollo de la entidad. Prefieren actuar como militantes de un partido y faltar a su compromiso y obligaciones como integrantes de la soberanía popular”, dijo Grajales.
Y agregó que el gobierno de Chiapas rechaza “el chantaje como una medida propagandística” y que de parte del Ejecutivo estatal no hay ni amenazas ni chantajes.