ROTONDA PUBLICA

Elio Henríquez

La retención de funcionarios o de civiles para presionar a las autoridades de cualquier nivel cuando desean obtener algo que de otro modo les cuesta más, se han vuelto rutinarias en diversas comunidades indígenas de la entidad.

Es una práctica que se ha convertido en algo normal, inclusive muchas ocasiones las víctimas son vejadas y golpeadas, pero en pocos casos se ha llegado al extremo de asesinarlas como ocurrió el domingo en una comunidad llamada San Cristobalito, ubicada en el municipio de San Andrés Larráinzar, cerca de los municipios de El Bosque y Bochil.

Resulta que ahí fueron asesinados de una manera muy cruel –todos los crímenes lo son, pero unos más— dos policías estatales y un civil –uno más está vivo de milagro--, sin que se sepan con precisión las condiciones en que ocurrieron los hechos.

Lo que se sabe es que después de darles una tremenda golpiza mientras estaban amarrados a un poste junto al templo católico, los tiraron con todo y camioneta en que viajaban, a un barranco de más de 200 metros de profundidad, antes de que oscureciera.

Se supone que los policías Beltrán Pérez Palacios y Víctor Hugo Rodríguez Aguilar, realizaban su trabajo al tratar de detener al conductor de un vehículo con reporte de robo. Todavía no se sabe que hacían con ellos los civiles Albino Chulín Zenteno y Humberto Eloy Díaz Burguete. El primero de ellos falleció en el lugar de los hechos.

Hasta ayer no había información clara acerca de qué hicieron las autoridades municipales de San Andrés Larráinzar ni las estatales durante la hora de la retención para evitar la muerte de estas tres personas.

Ha trascendido información de que había una negociación entre funcionarios estatales y los pobladores, pero se ignora en qué condiciones y por qué no fue solucionado el problema mediante el diálogo. Algo falló.

¿Por qué de un momento a otro los habitantes decidieron asesinarlos? ¿Sería porque uno de ellos se les había muerto a causa de la golpiza que les dieron mientras estaban amarrados e ingenuamente pretendieron desaparecer las evidencias tirándolos al precipicio?.

Aunque seguramente tratarán de escudarse en que fue toda la comunidad la que actuó –Fuente Ovejuna--, es evidente que hay responsables directos, empezando por las autoridades o representantes de la comunidad, que bien pudieran hablar –y es probable que lo hayan hecho—con el alcalde de San Andrés, Marcelino Ruiz Gómez, responsable de lo que pase en su municipio. Así como hay responsables materiales, puede haber intelectuales y por omisión.

Es probable que uno o más pobladores que desean esconder sus ilícitos como la venta de autos robados, por ejemplo, hayan azuzado a los indígenas para que actuaran tan salvajemente como lo hicieron, empezando por el dueño de la unidad con reporte de robo que iba a ser detenido.

Las autoridades correspondientes tendrán que investigar para que este triple homicidio –ojala se salve el oto civil que está grave—no quede impune, y para que en otras partes –sobre todo en las comunidades indígenas—no se repitan hechos tan lamentables como éste, que ha enlutado a tres familias chiapanecas. Por muy grande que hubiera sido algún eventual abuso de parte de los policías, de ninguna manera se justificaba que fueran asesinados, y menos de tal forma.

Así como se realizan campañas educativas de diversos temas, las autoridades tendrían que ir pensando en llevar a cabo cursos o talleres para crear conciencia entre los pobladores de las comunidades indígenas de que no se deben cometer actos de salvajismo, que hay que procurar resolver los problemas con cierta civilidad.

Picotazos

Algo grave debe de estar pasando en el PRI municipal de San Cristóbal de Las Casas que se anuncia la conformación de una corriente crítica en su interior, supuestamente con la participación de destacados militantes y ex dirigentes. Al parecer, con la llegada de Edgar Rosales Acuña a la dirigencia se generó un corto circuito con un grupo de priístas, sobre de viejo cuño. Ya se verá cuando se forme esta corriente, si es que ello ocurre, qué tan importante es la inconformidad, y cómo se procesa… A esta columna llegó un texto salido de la alcaldía en la que se asegura que regidores del ayuntamiento coleto “desmienten haber firmado un documento enviado al Congreso estatal, con relación a la cuenta pública municipal”. Esto tiene que ver con una nota en la se afirmó que la diputada priísta Areli Madrid Tovilla informó que la comisión de vigilancia tiene ahora un escrito de los regidores de San Cristóbal en el que se deslindarse de cualquier responsabilidad, en virtud de que no les están dando la información correctamente. De acuerdo con el texto hecho llegar a la Rotonda Pública, los regidores Patricia Vargas Blanco, Irma Pérez Luna, Fabiola Ricci Diestel, Martha Alvarado Vidaña, Sebastian Patishtán Méndez, Javier Trejo Gómez y Rodolfo Samayoa Zepeda, entre otros, “niegan haber firmado dicho documento”…Algo tendremos que hacer para evitar que el gobierno federal continúe incrementando arbitrariamente el precio de los combustibles. El sábado nos recetó el enésimo “gasolinaza” del año. Los partidos políticos de oposición que algo deberían de hacer para impedirlo parece que no existieran. Pero la población bien podría organizar algo así como “un día sin cargar gasolina” para hacerle sentir el descontento a Felipe Calderón y a su secretario de Hacienda Ernesto Cordero, que así quiere ser candidato a la presidencia. No tiene vergüenza. Y el precio de la energía eléctrica, igual está por las nubes como el país no produjera ambos recursos…Felicitaciones al notario público Armando Montoya Cameras que el sábado pasado recibió el premio “Raúl Jiménez Paniagua” que entrega el Club Rotario de San Cristóbal a quienes han impulsado o realizado obras de beneficio a la sociedad. Enhorabuena…Ya se habían tardado las autoridades estatales para tratar de poner orden en Pantelhó, donde en los años recientes ha habido varios crímenes que no han sido castigados. Ojala sea el inicio de otras acciones para devolverle a ese lugar la tranquilidad que ha perdido, en parte por la apatía de las autoridades municipales de los últimos tiempos, como ocurre ahora en Santiago El Pinar… A tono con el tema central de esta columna, hace alrededor de un mes en esta ciudad fue quemada una unidad de agentes estatales –que se salvaron de milagro—cuando pretendían ejecutar una orden de aprehensión, y hasta la fecha nada se sabe si alguno de los responsables ha sido detenido.