Piden que no haya más desalojos en Montes Azules

Carlos Herrera.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 4 de Septiembre. Organismos de derechos humanos de Chiapas exigieron al gobierno federal y estatal que cancele en definitiva cualquier otro desalojo de comunidades asentadas en la Reserva de Montes Azules porque dicha acción del gobierno resultaría violatoria a los derechos humanos.
En un pronunciamiento, 19 organismos civiles informan que el 18 de agosto del 2007, se registró un operativo policíaco-militar coordinado entre el gobierno Federal y el Gobierno del estado de Chiapas para desalojar a los 39 pobladores indígenas tseltales (entre ellos 26 niños/as) de la comunidad Nuevo San Manuel y de la ranchería Buen Samaritano, ambas en el municipio de Ocosingo, dentro de la Reserva de Montes Azules.
Explican que la ranchería Buen Samaritano existe desde hace 12 años y el asentamiento de Nuevo San Manuel por lo menos desde 8 años.
Según testimonios de las familias desplazadas, alrededor de las 8 de la mañana llegaron varios helicópteros de los cuales bajaron agentes armados, sacaron a los campesinos de sus casas de manera violenta, sin previo aviso, sin mostrarles ningún documento y sin explicación alguna.
“Simplemente subieron a los helicópteros a todas las familias sin permitirles cargar pertenencia alguna y se las llevaron sin decirles a dónde. Todas sus casas, cosechas y pertenencias fueron destruidas”, indicaron.
Informan que las familias desalojadas (33 personas) permanecen hacinadas en un ex prostíbulo, cerca de un basurero, en las afueras de la cabecera del municipio La Trinitaria y seis hombres se encuentran detenidos en el penal de “El Amate” (CERESO 14), a más de cuatro horas de distancia, acusados por atentados contra la ecología del Estado y despojo.
Denuncian que la salud de los desalojados, particularmente de los niños y de dos de las mujeres que están embarazadas, se encuentra en grave riesgo, “dadas las condiciones insalubres del lugar donde están albergados y por un caso de varicela. Además no tienen acceso a una alimentación adecuada habiéndose quedado totalmente dependientes de apoyos externos”.
Las organizaciones expresan su profunda preocupación por todos estos hechos violatorios a los derechos humanos.
Afirman que el gobierno mexicano ha omitido sus obligaciones generadas a partir de la aceptación del Convenio 169 de la OIT, entre ellos el Artículo 6 (consultar a los pueblos interesados por medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente); Artículo 14 (derecho de propiedad y posesión de las tierras ocupadas tradicionalmente); Artículo 16 (prohibición de traslado de los pueblos de las tierras que ocupan y obligación de consentimiento en casos excepcionales de traslado y reubicación).
Demandan que el gobierno federal y estatal garantice inmediatamente a las familias desalojadas la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo alimentación, asistencia médica y vestido, mientras se resuelva su situación; además de que se restituya los derechos de las familias indígenas desalojadas y se garantice la indemnización y reparación del daño ocasionado.
Exigen “que se retiren los cargos y se liberen a los detenidos teniendo en cuenta las razones que les forzaron a ocupar estas tierras; que se informe, se consulte y se consense con los pueblos indígenas asentados en territorios que sean susceptibles de ser declarados como reservas ecológicas, las estrategias para la conservación cultural y ecológica de esos territorios”.
Exigen que se cancele definitivamente cualquier otro nuevo desalojo de comunidades asentadas en la Reserva de Montes Azules por considerar que una solución de fuerza no resuelve de ninguna manera las causas estructurales que originarían la destrucción ecológica de la región y sí, en cambio, crean nuevos resentimientos y agravios de carácter social.
Mencionaron que el gobierno mexicano tampoco a cumplido con las recomendaciones que el Relator Especial sobre la Situación de Los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales de Los Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, realizó después de su misión a México en el 2003, en donde indica que:
“Ninguna comunidad indígena deberá ser reubicada contra su voluntad fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadas en la Reserva deberá ser acordado por consenso de todas las partes”.
El pronunciamiento está firmado por Alianza Cívica, CAPISE, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, CIAM, CIEPAC, COFEMO, Colectivo Educación para la Paz, CORECO, EDUPAZ, Enlace y Comunicación, Maderas del Pueblo del Sureste, Melel Xojobal, Parroquia de Ocosingo, PROPAZ, Red por los Derechos de la Infancia en México, SERAPAZ y SIPAZ