Angeles Mariscal
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 07 de agosto.- Eduardo Montoya Liévano, ex procurador del estado durante la administración de Roberto Albores Guillén, fue nombrado director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el estado.
El ahora director policiaco estuvo recluido en el penal El Amate 2 años 4 meses, acusado por el delito de peculado y asociación delictuosa, al igual que otros de sus subalternos; salio libre el 1 de abril de 2004, sin embargo oficialmente no se aclararon los términos para su liberación.
También, según registró La Jornada, durante el tiempo que Montoya Liévano estuvo a cargo de la Procuraduría, operaron en la costa de Chiapas escuadrones de la muerte que ejecutaron al menos a 30 presuntos delincuentes, en estos escuadrones presuntamente estaban involucrados policías de esa dependencia.
El 9 de noviembre de 2001, casi un año después de dejar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado que ocupó durante los dos últimos años del gobierno de Roberto Albores, Eduardo Montoya fue aprendido por policías estatales.
Según las pruebas presentadas por su sucesor, el actual Fiscal General de Justicia del Estado, Mariano Herrán Salvatti, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo encontró a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas (Cespch) copartícipes del presunto delito de peculado por 8 millones 76 mil 4 pesos del erario federal.
Según la auditoría 1985/01 practicada al secretariado ejecutivo de la Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado, se detectaron pagos indebidos por 6 millones 727 mil pesos y un millón 248 mil pesos a policías, agentes de Ministerio Público y peritos, sin justificación documental de dichas erogaciones.
En estos hechos también estuvieron involucrados Florencio Madariaga Granados, entonces subprocurador jurídico de la Procuraduría estatal; al ya fallecido Hugo Leonel de Regules, entonces coordinador de administración y finanzas de la dependencia; a Roberto Sevilla Mandujano, director de Planeación, a Víctor Hugo Lescieur Talavera, subprocurador jurídico; y a Luis Alfonso Utrilla Gómez, secretario de Gobierno.
Durante las audiencias penales José Luis Coutiño acusó a Montoya Liévano de beneficiarse personalmente con esos “pagos indebidos”, aunque la defensa de este señaló que nunca autorizó por escrito esas derogaciones, y que su detención se debía a motivos políticos.
El 1 abril de 2004 Eduardo Montoya salió de la prisión. Autoridades estatales y el mismo inculpado se negaron a hablar en su momento sobre el proceso mediante el que alcanzó la libertad; extraoficialmente se informó esta se dio mediante el pago una “suma millonaria” como fianza por su liberación anticipada.
Otras versiones señalaron que luego de haber sido sentenciado por los delitos de peculado y asociación delictuosa, apeló al dictamen y ganó. Sin embargo hasta este día ninguna autoridad quiso corroborar el hecho.
Dois años después, en febrero de 2006, Eduardo Montoya nuevamente fue detenido, en esta ocasión acusado del delito de abuso de autoridad por un hecho ocurrido el 31 de julio del 2000, cuando policías judiciales a su cargo detuvieron y torturaron a Raúl Jiménez García en Tapachula. Días después fue puesto en libertad.
Ayer por la noche, mientras el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Daniel Roque Figueroa le daba nombramiento como nuevo director de la PEP, Montoya Liévano se negó a ser entrevistado.
En una rápida ceremonia Roque Figueroa señaló que el nombramiento se debió a la “trayectoria reconocida en nuestro estado. Durante su gestión como procurador de Justicia General erradicó el robo a bancos y los secuestros en el estado".
Otros antecedentes
En su edición del 2 de noviembre de 2001, el diario La Jornada dio a conocer de la existencia de escuadrones de la muerte que operaron en la zona costa del estado desde 1999, según una entrevista telefónica revelada este diario, entre el entonces procurador de Justicia Eduardo Montoya Liévano y el propietario de uno de los ranchos que sirvió como cementerio clandestino, Agustín del Valle.
La existencia de estos grupos se habría dado en el marco de un auge de los secuestros efectuados en los municipios de la costa, y la ejecución de al menos 50 personas en la misma región.
También en ese momento fue localizado en el rancho Yoreme, propiedad de Agustín del Valle, un cementerio clandestino donde se ubicaron unos 30 cuerpos; y la ejecución del comandante de la Procuraduría Ralphs Michel Hinzen Wever presuntamente a manos de un niño de 12 años hijo de Del Valle.
En la conversación telefónica Montoya Liévano fue enterado que jefes policíacos eran los principales autores de ejecuciones. Del Valle reclama a Montoya Liévano que hayan detenido a su hijo. Considera que ello es una traición de aquellos a quienes ha servido. Incluso, amenaza con liquidar a los "comandantes" si no liberan a su vástago.
Los expedientes de este caso, según declaró en su momento el fiscal Mariano Herrán Salvatti, fueron “extraviados” en las oficinas de Montoya Liévano, y aunque se reabrieron las investigaciones y actualmente se encuentra preso Agustín del Valle, no se inició cargo alguno contra el ahora director de la PEP.
Durante el periodo en que Montoya Liévano ocupó la titularidad de la Procuraduría se efectuaron acciones contra los integrantes de los municipios autónomos zapatistas, y se financió con recursos de la misma dependencia a grupos como la Alianza San Bartolomé de los Llanos, considerados por la PGR como civiles armados. Todos estos hechos fueron consignados por este diario.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 07 de agosto.- Eduardo Montoya Liévano, ex procurador del estado durante la administración de Roberto Albores Guillén, fue nombrado director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el estado.
El ahora director policiaco estuvo recluido en el penal El Amate 2 años 4 meses, acusado por el delito de peculado y asociación delictuosa, al igual que otros de sus subalternos; salio libre el 1 de abril de 2004, sin embargo oficialmente no se aclararon los términos para su liberación.
También, según registró La Jornada, durante el tiempo que Montoya Liévano estuvo a cargo de la Procuraduría, operaron en la costa de Chiapas escuadrones de la muerte que ejecutaron al menos a 30 presuntos delincuentes, en estos escuadrones presuntamente estaban involucrados policías de esa dependencia.
El 9 de noviembre de 2001, casi un año después de dejar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado que ocupó durante los dos últimos años del gobierno de Roberto Albores, Eduardo Montoya fue aprendido por policías estatales.
Según las pruebas presentadas por su sucesor, el actual Fiscal General de Justicia del Estado, Mariano Herrán Salvatti, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo encontró a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas (Cespch) copartícipes del presunto delito de peculado por 8 millones 76 mil 4 pesos del erario federal.
Según la auditoría 1985/01 practicada al secretariado ejecutivo de la Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado, se detectaron pagos indebidos por 6 millones 727 mil pesos y un millón 248 mil pesos a policías, agentes de Ministerio Público y peritos, sin justificación documental de dichas erogaciones.
En estos hechos también estuvieron involucrados Florencio Madariaga Granados, entonces subprocurador jurídico de la Procuraduría estatal; al ya fallecido Hugo Leonel de Regules, entonces coordinador de administración y finanzas de la dependencia; a Roberto Sevilla Mandujano, director de Planeación, a Víctor Hugo Lescieur Talavera, subprocurador jurídico; y a Luis Alfonso Utrilla Gómez, secretario de Gobierno.
Durante las audiencias penales José Luis Coutiño acusó a Montoya Liévano de beneficiarse personalmente con esos “pagos indebidos”, aunque la defensa de este señaló que nunca autorizó por escrito esas derogaciones, y que su detención se debía a motivos políticos.
El 1 abril de 2004 Eduardo Montoya salió de la prisión. Autoridades estatales y el mismo inculpado se negaron a hablar en su momento sobre el proceso mediante el que alcanzó la libertad; extraoficialmente se informó esta se dio mediante el pago una “suma millonaria” como fianza por su liberación anticipada.
Otras versiones señalaron que luego de haber sido sentenciado por los delitos de peculado y asociación delictuosa, apeló al dictamen y ganó. Sin embargo hasta este día ninguna autoridad quiso corroborar el hecho.
Dois años después, en febrero de 2006, Eduardo Montoya nuevamente fue detenido, en esta ocasión acusado del delito de abuso de autoridad por un hecho ocurrido el 31 de julio del 2000, cuando policías judiciales a su cargo detuvieron y torturaron a Raúl Jiménez García en Tapachula. Días después fue puesto en libertad.
Ayer por la noche, mientras el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Daniel Roque Figueroa le daba nombramiento como nuevo director de la PEP, Montoya Liévano se negó a ser entrevistado.
En una rápida ceremonia Roque Figueroa señaló que el nombramiento se debió a la “trayectoria reconocida en nuestro estado. Durante su gestión como procurador de Justicia General erradicó el robo a bancos y los secuestros en el estado".
Otros antecedentes
En su edición del 2 de noviembre de 2001, el diario La Jornada dio a conocer de la existencia de escuadrones de la muerte que operaron en la zona costa del estado desde 1999, según una entrevista telefónica revelada este diario, entre el entonces procurador de Justicia Eduardo Montoya Liévano y el propietario de uno de los ranchos que sirvió como cementerio clandestino, Agustín del Valle.
La existencia de estos grupos se habría dado en el marco de un auge de los secuestros efectuados en los municipios de la costa, y la ejecución de al menos 50 personas en la misma región.
También en ese momento fue localizado en el rancho Yoreme, propiedad de Agustín del Valle, un cementerio clandestino donde se ubicaron unos 30 cuerpos; y la ejecución del comandante de la Procuraduría Ralphs Michel Hinzen Wever presuntamente a manos de un niño de 12 años hijo de Del Valle.
En la conversación telefónica Montoya Liévano fue enterado que jefes policíacos eran los principales autores de ejecuciones. Del Valle reclama a Montoya Liévano que hayan detenido a su hijo. Considera que ello es una traición de aquellos a quienes ha servido. Incluso, amenaza con liquidar a los "comandantes" si no liberan a su vástago.
Los expedientes de este caso, según declaró en su momento el fiscal Mariano Herrán Salvatti, fueron “extraviados” en las oficinas de Montoya Liévano, y aunque se reabrieron las investigaciones y actualmente se encuentra preso Agustín del Valle, no se inició cargo alguno contra el ahora director de la PEP.
Durante el periodo en que Montoya Liévano ocupó la titularidad de la Procuraduría se efectuaron acciones contra los integrantes de los municipios autónomos zapatistas, y se financió con recursos de la misma dependencia a grupos como la Alianza San Bartolomé de los Llanos, considerados por la PGR como civiles armados. Todos estos hechos fueron consignados por este diario.
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