jueves, agosto 30, 2007

Graves deficiencias en la construcción de 363 viviendas en Paso Hondo


Gabriela Coutiño
Frontera Comalapa, Chis 29 de agosto.- A casi dos años del huracán Stan, cientos de familias que perdieron todo, aún no recuperan sus viviendas, debido al incumplimiento de empresas constructoras, en el que pueden estar involucrados servidores públicos, aseguró el Instituto de la Vivienda (INVI).
En conferencia de prensa, el Comisionado Especial para la Reconstrucción y director del Instituto de la Vivienda, Julián Domínguez López Portillo, informó que la dependencia a su cargo, al concluir los tiempos pactados para la ejecución de obras, demandó penalmente a tres empresas constructoras por graves deficiencias estructurales en la construcción de 737 casas, destinadas para restaurar el patrimonio de familias afectadas por el huracán.
Las empresas son: “Arrendadora Flamingos, S.A. de C.V.”, “Aleph Construcciones” y “Marado Construcciones S.A. de C.V.” y otras que están en proceso de integración de los expedientes, a quienes por el procedimiento de adjudicación directa se les otorgaron 13 contratos por un monto de $ 78,704,588.62.
El funcionario explicó que en relación a la empresa “Arrendadora Flamingos S.A. de C.V.”, cuyo administrador único es José Luis Orantes Pastrana, personal de la supervisión del INVI y de la Contraloría del Estado, encontraron graves deficiencias estructurales en la construcción de 363 viviendas en Paso Hondo, Frontera Comalapa, debido a que el contratista hizo ignoró las recomendaciones de la supervisión técnica que se le informó por medio de la bitácora de obra.
Dicha obra detalló, fue contratada por un monto de 36,054,878.62 y está pagada en su totalidad desde el 7 de diciembre del 2006, "es decir, 22 días antes de la fecha de conclusión del contrato, por lo que se determinó un adeudo aproximado con el INVI de $ 22,984,337.09, más cargas financieras señaladas en la ley".
Según el funcionario, al observar las fallas técnicas y para no exponer las vidas humanas de quienes ocuparán las casas, el Instituto de la Vivienda solicitó un dictamen de seguridad y habitabilidad, a afecto de dejar a salvo cualquier responsabilidad a futuro.
Explicó que personal a su cargo ha encontrado quejas recurrentes sobre trabajos a ritmos lentos, obras con deficiencias en su calidad, y mala planeación, esto último traducido en terrenos inadecuados, y la falta de obras de cabecera, básicas sin duda, como el agua potable, drenaje y electrificación.
Ante esta situación, dijo que se inició un esquema de supervisión para ir atendiendo las inconformidades de los afectados. "Se han revisado cada uno de los contratos con las empresas constructoras, para evaluar el cumplimiento de las cláusulas, siempre vigilando los intereses de los damnificados", afirmó.
Asimismo dio a conocer, que se promovió acción legal contra la empresas “Aleph Construcciones”, representada por Alessandro Anzúrez Dadda, a quien se le asignaron 3 contratos para la edificación de 106 viviendas por un monto de $ 6,336,150.
Así como también en contra de “Marado Construcción S.A. de C.V.”, cuyo administrador es Fernando Hernández Hernández, con 8 contratos asignados por un monto $ 12, 193,560.
A ambas personas morales, dijo el titular del INVI, se le aplicaron deductivas por concepto de obra pagada mal ejecutada y de obra pagada no ejecutada, además, de las responsabilidades que en su momento procesal oportuno, determinará la autoridad competente.
Respecto a que funcionarios públicos del gobierno del estado pudieran estar involucrados en las obras, el funcionario dijo que se están presentando presuntas responsabilidades de servidores públicos con las empresas, pero de encontrarse responsabilidad, advirtió que se sancionarán conforme a la ley.

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