Autor: Roberto Cruz
Una ríspida relación entre un ex gobernador, Pablo Salazar, y uno en funciones, Juan Sabines, en el estado de Chiapas ha propiciado una cadena de acusaciones, persecuciones y encarcelamientos, que ya suman medio gabinete y una larga lista de colaboradores, incluyendo al propio ex mandatario estatal y a su procurador.
Ante las sistemáticas aprehensiones, el asunto representa un caso para Ripley, aunque muchos lo consideran tan excesivo que ya demandan una revisión exhaustiva por parte de autoridades de un nivel más alto.
Otros más llegan a pensar que la aludida aplicación de la justicia contra todo un equipo de gobierno anterior gira en torno de alguna condición patológica, lo que para muchos se traduce en clara persecución política.
El particular episodio se da, principalmente, entre el primer gobernador surgido de una alianza entre el PAN y el PRD, y otro que renegó del PRI, compitió por el PRD y, ya en el cargo, expresó lealtad al PAN.
La pesadilla de los integrantes del gobierno de Salazar inició con el arribo, a la gubernatura, de Sabines, pero el primer gran golpe ocurrió con la detención de Mariano Herrán Salvatti en 2009, cuando, incluso, se desempeñaba como secretario de Fomento Económico del propio gobernador acusador.
Herrán Salvatti fue el fiscal general de Justicia (o procurador estatal) de Salazar y, anteriormente, el “zar antidrogas” del gobierno federal durante la administración de Ernesto Zedillo.
Su detención, acusó, fue arbitraria, violando la intimidad de su domicilio.
Anterior a él, la administración de Sabines detuvo a Mario Bustamante, ex director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
Apenas este 19 de enero fue internado en el penal de El Amate Alfredo Palacios Espinosa, ex secretario de Educación. Siete días después, el ex director del Instituto del Deporte, William Alfonso Maldonado, corrió la misma suerte.
Pero el segundo gran golpe de Sabines fue el arresto, en junio de 2011, del propio ex gobernador Pablo Salazar en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo.
Salazar, quien concluyó su administración en diciembre de 2006, es acusado, al igual que la mayoría de sus ex colaboradores, de desviar 104 millones de pesos a través de la contratación de una póliza de seguro; otro, el presunto desvío de recursos canalizados a damnificados por el huracán “Stan” en el 2005. Afirman que 2 mil millones de pesos nunca aparecieron.
Esto, en los expedientes judiciales, se tipifica como peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
El presunto delito concerniente a la póliza fue explicado de la siguiente manera:
“La póliza era denominada Vidadot-2-2 y abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia total y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su administración al frente del gobierno del estado.
“Los ex servidores públicos involucrados dieron un poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola, ante la compañía aseguradora, para realizar todos los trámites correspondientes y cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos.
“…Pablo Salazar dijo que ese dinero era ‘un bono sexenal’ para el fin de su administración”.
Al ex gobernador se le atribuye, además, la autoría intelectual de los crímenes de los propietarios del periódico “Cuarto Poder”, Conrado de la Cruz, y su hijo, Conrado de la Cruz Jiménez.
‘SÓLO YO TE SALVO’
Un actor más en toda esta trama es Roberto Albores Guillén, también ex gobernador y quien esporádicamente reaparece ("yo sí fui un perseguido político de Salazar, como lo fueron varios de mis colaboradores, a quienes les inventaron expedientes y estuvieron presos durante casi todo su gobierno").
Para muchos es el alfil de Sabines para sucederlo en el cargo. Hay quien afirma que durante una reunión en el rancho propiedad de Albores Guillén, éste advirtió a Sabines: “Ya ves, nadie te va a salvar, si no soy yo”.
Para librarse de las tenazas de Sabines, Salazar ha recurrido a todo. Apenas horas después de ser recluido en el penal de El Amate inició una huelga de hambre.
“De aquí”, dijo hace ocho meses, “sólo me sacan inocente de cargos o muerto”. Ni lo han exonerado ni murió de hambre.
Cambió de táctica. Aunque no comiera, prefirió hablar. Inició, desde dentro del reclusorio, una campaña mediática contra Sabines, lo que sólo ha incrementado las acciones contra sus ex colaboradores.
De acuerdo a los ilícitos que se le imputan, el ex gobernador permanecería, cuando menos, 20 años en prisión.
El caso chiapaneco parece no tener fin ni el interés de alguna otra autoridad para verificar que todo esté dentro del Estado de derecho y no sea, simplemente, un síntoma patológico.
Más aun, cuando, días antes de la detención de Salazar, en junio de 2011, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en su columna de El Universal la existencia de “una cuartilla” enviada con un propio desde el gobierno de Chiapas a Los Pinos, en donde se detallaban los presuntos delitos o faltas cometidas por Salazar, y se pedía apoyo para actuar legalmente en su contra.
Cuenta que el destinatario, la última esfera del gobierno federal, habría respaldado la acción judicial contra el ex gobernador.
A Sabines le queda todavía un año de gobierno y, si de completar la lista de los 55 presuntos involucrados en el gran delito se trata, a varios ex funcionarios por encontrar.
Ahora, la cuestión es de tiempo. Tiempo para Pablo Salazar, tiempo para Juan Sabines.
ADVIERTEN A OLIVA
Y A AGUILAR BODEGAS
Aun no están detenidos, pero ya les advirtieron.
Óscar Oliva, ex director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, puede ser detenido en cualquier momento, alertó, recientemente, desde la cárcel Pablo Salazar.
Oliva no es cualquier personaje. Es un ex integrante de aquel excelente grupo de poetas que constituyó, en los años 60, “La Espiga Amotinada”, legado enorme en la literatura mexicana. Junto a él estuvieron Jaime Labastida (hermano de Francisco), Juan Bañuelos, Eraclio Zepeda y Jaime Augusto Shelley.
Ante la brutal embestida del gobernador Sabines contra todo el equipo de Salazar, muchos dudan de la contundencia de pruebas contra los acusados.
“El respetado poeta Óscar Oliva está en la mira del verdugo”, dijo Salazar.
No es el único que ha puesto sus barbas a remojar. José Antonio Aguilar Bodegas, ex senador y aspirante a la gubernatura, también siente cerca la mano de Sabines.
Hoy se esconde desde noviembre pasado, pues pesa sobre él una orden de aprehensión dictada por el Juez Tercero en Materia Penal de Tuxtla, aunque le fue otorgado un amparo.
El caso de Aguilar Bodegas trajo otra consecuencia. Al enterarse que su abogado era Javier Coello Trejo, ex “Fiscal de Hierro”, su hermana y su sobrina fueron despedidas de sus cargos en el gobierno de Chiapas.
Flor Coello Trejo, directora del Registro Civil, y su hija Tatiana Penagos Coello, coordinadora técnica y de delegaciones de la Secretaría de Turismo, fueron notificadas de que debían dejar el cargo.
Con ese fuego juega Sabines.
LOS TROFEOS DE SABINES
Esta es la lista de algunos ex funcionarios públicos del sexenio anterior en Chiapas encarcelados por el actual gobernador, Juan Sabines:
Pablo Salazar, ex gobernador.
Mariano Herrán Salvatti, ex fiscal general de Justicia.
Mario Bustamante, ex director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
Socorro Domínguez Aguilar, ex directora del Instituto de la Vivienda.
Gabriel Flores Cancino, ex jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría del Trabajo.
Daniel Tadeo Romero, ex director de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Hacienda estatal.
Alfredo Palacios Espinosa, ex secretario de Educación.
William Alfonso Maldonado, el ex director del Instituto del Deporte.
Leonardo Muñoz Arellano, ex subsecretario de Protección Civil.
David Arturo Franco Arévalo, ex funcionario de la Secretaría de Administración.
Hugo Limberg Narcía López, ex jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Transportes.
Marbel Gabriel Pérez, ex alcalde de Bellavista.
Magdalena Díaz Molina, ex alcaldesa de Ángel Albino Corzo
Leónides Cortés Lozano, ex síndico de Mapastepec
Adonai Jesús González de la Cruz, ex síndico de Mazapa de Madero
José Chang Sánchez, ex síndico de Pijijiapan.
Una lista más de una veintena de ex presidentes municipales, ex síndicos y ex servidores públicos de diferentes niveles.
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