"Se me ha dejado en completa indefensión": PSM

Ángeles Mariscal

Cintalapa, Chis; 10 de agosto. — El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, aseguró que lo están juzgando dos veces por el mismo delito y se siente en "completa indefensión" luego de que un juez dictó auto de formal prisión por su responsabilidad en el caso de la muerte de dos recién nacidos fallecidos en el hospital de la ciudad de Comitán, entre diciembre de 2002 y enero de 2003.

El delito es homicidio doloso en grado de omisión.

La noche del martes le fue notificada al exgobernador la resolución del juez Julio Cesar Morales Ríos, del juzgado primero del Ramo Penal. Durante la audiencia judicial, Pablo Salazar se reservó el derecho a impugnar la resolución y pidió que quedara constancia, en el expediente 138/2011 —el segundo que se abre en su contra—, de su declaración, donde enumera actos que considera violatorios al debido proceso.

Sostuvo que se le está juzgando dos veces por el mismo hecho, ya que en 2004, dos años después de la muerte de los niños y niñas de Comitán, la entonces Fiscalía General de Justicia del Estado resolvió el no ejercicio de la acción penal.

"Al reabrir esas averiguaciones sin mandato judicial se violan mis garantías, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el no ejercicio de la acción penal equivale a una resolución definitiva con valor de cosa juzgada”.

Nueve años después de estos hechos, dijo, se viola la garantía constitucional que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Aseguró que en el periodo que otorga la ley para ofrecer pruebas a su favor, antes que el juez dictamine el auto de formal prisión, sus abogados solicitaron la ampliación de declaración de las 41 personas que según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declararon en su contra, entre ellas el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti.

Pablo Salazar dijo que estos eran “falsos testigos”, y que el juez le negó el derecho a la ampliación de estas supuestas declaraciones, argumentando “por inverosímil que parezca, que no era necesario porque tanto peritos, como testigos, ya habían declarado ante el Ministerio Público”.

La PGJE aseguró en un comunicado de prensa del 4 de agosto pasado, al dar a conocer el auto de formal prisión contra el ex gobernador, que los padres de los recién nacidos Alejandro y Gerardo Morales Alfaro, fallecidos en diciembre de 2002, lo demandaron penalmente.

En el mismo comunicado la procuraduría señala que como elementos en contra del exgobernador se encuentra, además de los papás de los dos niños, la declaración de 41 personas, una la del ex director del hospital de Comitán, Raúl Belmonte Martínez.

El médico habría señalado, según esta versión, que en 2001 pidió recursos para el mejoramiento del hospital; sin embargo tuvo una respuesta negativa y un recorte presupuestal.

De acuerdo con la PGJE, la acusación contra Salazar es porque presuntamente ordenó no otorgar recursos económicos al hospital de Comitán, de donde es originario su antecesor Roberto Albores Guillén. Por tanto argumenta que por "cuestiones políticas", hubo deficiencias en la atención a los recién nacidos.

Al respecto Salazar Mendiguchía sostuvo que “en ningún momento se demostró en el expediente el nexo causal entre los lamentables hechos (la muerte de los recién nacidos) y mi probable responsabilidad”.

En suma, dijo, “se me ha dejado en completo estado de indefensión, vulnerando impunemente mis garantías individuales”.

Por su parte, el abogado defensor César Cerisola Trejo, denunció “irregularidades en la integración de la averiguación previa en contra de Salazar, y la falta de garantías para la debida defensa”. Dijo que de acuerdo a los expedientes clínicos, la madre de Alejandro y Genaro Morales Alfaro dio a luz con una partera.

Posteriormente los recién nacidos fueron llevados al hospital de Comitán, porque presentaban infecciones y deficiencias respiratorias, causas por las que murieron al poco de haber ingresado el centro hospitalario.

Cabe recordar que junto con los dos gemelos, entre diciembre de 2002 y enero de 2003 murieron en el mismo centro hospitalario otros 33 recién nacidos, 35 en total. Sobre estos hechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación, y un año después dio a conocer la recomendación 24/2004 donde señala que las causas de la muerte se debieron a inadecuados servicios de salud y omisiones por parte del personal médico del nosocomio.

El organismo humanitario refirió que al comprobar la Secretaría de Salud y Contraloría del Gobierno estatal deficiencias en la atención de los recién nacidos, 13 médicos adscritos al hospital fueron amonestados e inhabilitados temporalmente y dos más destituidos.

Sin embargo no se inició ningún proceso penal contra las autoridades involucradas en los fallecimientos, lo que al decir de la CNDH, conllevó "una deficiente procuración de justicia".