ROTONDA PUBLICA

Elio Henríquez

La zona norte de San Cristóbal, donde se asientan varias colonias formadas o habitadas por expulsados de San Juan Chamula y otros municipios indígenas de la región Altos, se ha convertido en un botín político y económico para dirigentes de diferentes tendencias ideológicas que mediante cacicazgos buscan satisfacer intereses personales.


Debido al peso que en votos tiene el área, algunos líderes se han incrustado en los ayuntamientos de los últimos trienios, y no pocos creen que no pasará mucho tiempo para que de ahí salga uno de los candidatos a la alcaldía.

En el actual cabildo coleto hay cuatro de ellos que son regidores por diferentes partidos, y en pocos meses han superado los métodos de sus antecesores y pasando por encima de los derechos de sus representados se dedican a hacer negocios personales aprovechando la coyuntura.

Los que llevan la batuta son el perredista Javier Trejo Gómez y el priísta Cliserio Gómez López, aunque en los meses recientes han arrastrado, en mayor o menor medida, al petista Mariano López Gómez y al panista Sebastián Patishtán Méndez.

El grupo que tiene el control está formado por los dos primeros regidores citados y por Antonio Ruiz Hernández, originario de San Juan Chamula y presidente de la Coordinación de la zona norte, y el lobatista Alberto Díaz González, a quien el PRI ya tiene en campaña para colocarlo como posible candidato a regidor en las próximas elecciones. El cuarteto está liderado por éste último, que lleva muchos años operando en la zona.

Se sabe que por lo menos los regidores Trejo Gómez y Gómez López han operado y logrado obtener la firma de diversos representantes de colonias de la zona norte para pedir –presionar—mediante documentos a las autoridades municipales que le den tal o cual obra a contratistas conocidos de esa misma área de la ciudad, y una vez autorizadas les exigen el diez por ciento del monto total. Claro que los representantes no están informados del negocio de los regidores, y menos los habitantes que son sus representados, pero poco a poco la información va fluyendo.

El asunto es que ni entre ellos respetan los pactos, ya que el ex alcalde de Chenalhó, Eleuterio Arias Pérez, quien representa a una de las colonias de la zona norte y tiene mucha influencia también, se queja de que el regidor Cliserio no le cumplió el ofrecimiento de darle dos mil pesos mensuales por ayudarlo a que fuera incluido en el ayuntamiento como plurinominal. Ahora, éste argumenta que obtuvo la posición por su partido exclusivamente.

En esta madeja está enredado en parte el problema del traslado de locatarios del mercado José Castillo Tiélemans al nuevo llamado de la Zona Norte, que originalmente fue pensado para habitantes de esa parte de la ciudad, integrada por 47 colonias, con una poderosa coordinación capaz de hacer doblar las manos a las autoridades municipales por su peso y su fama de tomar decisiones radicales cuando es necesario, pues se aplican acciones basadas en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, muchas veces hasta para evadir la ley.

Apenas hasta ahora trasciende que en las negociaciones del año pasado para el traslado de los locatarios a la nueva central de abastos, las autoridades estatales le dieron a la coordinación de la zona norte, 29 puestos pero fueron repartidos entre sus 13 representantes –dos por cada uno-- sin que, en contra de la costumbre, informaran a los pobladores. Sólo en la colonia Getzemaní fueron rifados los dos locales.

Es por eso que hace unos meses, cuando el asunto reventó en la colonia Paraíso, los habitantes estuvieron a punto de encarcelar durante una noche y cobrarles 20 mil pesos de multa a sus representantes, pero finalmente desistieron. De todos modos ahí quedó la advertencia.

Ha trascendido que como parte del convenio a la comisión negociadora por parte de la zona norte, integrada por 13 representantes, le ofrecieron 250 puestos en la parte que le llaman tianguis del mercado nuevo, que estarían ubicados junto al río, y para lo cual se construyeron puestos de madera, que ya fueron destruidos.

Los dirigentes que controlan la zona norte nada han informado tampoco a sus representados acerca de las negociaciones mediante las cuales las autoridades estatales le dieron a la Coordinación de la Zona Norte la concesión de la terminal de recorrido corto, situada en el nuevo mercado, a cambio de su colaboración para el traslado ordenado y sin contratiempos de los locatarios.

Siempre pensando en sus intereses personales y lo que les va a quedar, los 13 integrantes de la comisión negociadora acordaron formar una Asociación Civil para explotar la terminal en cuanto se eche a andar. El problema es que la agrupación es sin fines de lucro, aunque eso tampoco será un problema mayor, pues tienen muchas mañas para darle la vuelta.

Sin embargo, muchas de las colonias han comenzado a rebelarse y están exigiendo cuentas a sus representantes. Una treintena de ex representantes, que se ha convertido en un contrapeso, se ha dado a la tarea de informar acerca de las anomalías, de la situación real y de los negocios de los líderes, por lo que se avisora una fractura.

Ya hay cerca de 15 de las 47 colonias que están en esta línea para desenmascarar a los dirigentes, pero están enfrentando el poder de los regidores y de sus cómplices para evitar que las bases se enteren de la realidad. Una de las de mayor peso político y por tanto clave en la zona es La Hormiga, donde, como en los municipios indígenas tienen comités directiva de comisariado ejidal, aunque no es ejido, comités de educación, de agua y otros. Son alrededor de 80 cargos comunitarios. Ese sitio fue el epicentro del “operativo” policiaco efectuado hace dos semanas, como parte del cual fueron detenidos 18 indígenas y fueron decomisados material pirata, armas y madera ilegal.

El control en la Coordinación de la Zona Norte es tan férreo que sus dirigentes no permiten que alguien que no sea representante de alguna de las 47 colonias participe en las asambleas.

Se sabe que el grupo disidente prepara un documento para pedir al gobernador que se respete el proyecto original y el compromiso de campaña de que el mercado de la zona norte –habitada en su mayoría por indígenas-- sea para los pobladores de esa área y que no se otorguen puestos a profesionistas ni a quienes tienen un trabajo de base en alguna institución de gobierno, además de que sólo se dé un local por familia.