Mujer que lo acusa vive en Yalchivol
Sus hijos nacieron con deficiencias séptimas
No nacieron en el Hospital
A la madre se le rompió la fuente y devino en sufrimiento fetal
Cintalapa, Chis; 9 de agosto.- Un juez penal dictó auto de formal prisión al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por el presunto delito de homicidio doloso, relacionado con la muerte de recién nacidos en el Hospital General de Comitán de Domínguez, entre diciembre de 2002 y enero de 2003, según los testimonios ofrecidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El fallo ocurrió en el cumpleaños número 59 del detenido.
A las 20:40 horas de hoy, tras concluir la ampliación del término legal ampliado, el Juzgado Primero, a cargo de Julio Morales Ríos notificó la resolución al ex mandatario estatal en la rejilla de comparecencias.
Salazar Mendiguchía se inconformó con la resolución judicial y rechazó el presunto delito de homicidio doloso en su contra. Asimismo, denunció violaciones al procedimiento dentro de la causa penal que se le sigue.
El ex gobernador (2000-2006) es procesado también desde el pasado 14 de junio en el centro penitenciario El Amate del municipio de Cintalapa de Figueroa, por peculado de 104 millones de pesos, asociación delictuosa, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones públicas.
La nueva orden de aprehensión por homicidio doloso le fue girada según el expediente penal 138/2011, relacionado con el fallecimiento de dos niños, en el período citado.
De acuerdo con la Procuraduría, las testimoniales de servidores públicos y ex funcionarios públicos, así como las conclusiones de necropsias, periciales y contables al centro hospitalario, destacan como parte de las pruebas que sostienen la presunta responsabilidad de Pablo Salazar, al parecer por supuestas omisiones médico-hospitalarias.
En el expediente penal se consigna que 41 ex funcionarios y servidores públicos, entre éstos, el ex procurador y ex secretario estatal de Economía, Mariano Herrán Salvatti -procesado actualmente por diversos cargos penales- , señalaron presuntas responsabilidades de la administración de Salazar Mendiguchía en el fallecimiento de los neonatos.
En un comunicado oficial se informó que en declaraciones ministeriales Mariano Herrán reveló que recibió órdenes directas del ex mandatario aliancista para que no se investigara a fondo las denuncias por las muertes de los niños.
"Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que la Procuraduría Estatal realizaba en marzo de 2003, con relación a las causas que propiciaron la muerte de los bebés", expuso.
La recomendación 24/2004 de ese período de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que fueron detectadas diversas irregularidades en dicho hospital, tales como, falta de medicamentos, instrumental y equipo médico en los módulos de gineco -obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la atención deficiente que devino en la muerte de al menos 24 bebés, según ha investigado la PGJE.
Al conocer la resolución, el abogado defensor César Cerisola Trejo denunció irregularidades en la integración de la averiguación previa en contra de Salazar, y la falta de garantías para la debida defensa por parte del juez Primero Penal, Morales Ríos.
El penalista aseveró que de acuerdo a los expedientes clínicos, los menores Jesús Alejandro y Genaro no nacieron en el centro hospitalario, sino mediante partera en un sitio distinto, además de que ingresaron al nosocomio con infecciones y deficiencias respiratorias.
"Los menores sietemesinos nacieron en condiciones sépticas; a la madre se le rompió la fuente que devino en sufrimiento fetal, por ello, Jesús Alejandro ingresó con problemas en los pulmones y su hermano Gerardo aspiró líquido meconial - heces- al romperse la membrana", explicó el defensor.
Dirigentes y representantes sociales expresaron que el caso Salazar Mendiguchía se sujete a la ley y no se politice el proceso penal en su contra.
El diputado local del Partido del Trabajo Enoc Hernández Cruz pidió que se investigue a fondo dentro del marco jurídico." Que las acusaciones no se politicen", enfatizó.
Rodrigo Zenteno de la Unión Nacional de Organizaciones Autónomas (UNORCA) demandó que se proceda al margen de decisiones políticas y al amparo de la ley.
Pablo César Gómez de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) exigió que Salazar Mendiguchía sea juzgado con justicia y según los delitos comprobados.
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