San Cristóbal de Las Casas, Chis. 28 de julio. En demanda de que el gobierno de Chiapas brinde garantías para su retorno, un grupo de 49 indígenas evangélicos realizó el jueves un plantón en la Plaza Catedral, en donde también denunciaron la impunidad que gozan los promotores de la intolerancia religiosa, entre ellos el diputado local priista Nicolás Lorenzo Álvarez.
Como lo han venido haciendo cada jueves en este mes de julio, los indígenas tsotsiles, que esta vez se instalaron en la cruz atrial, llevaban pancartas y mantas con las que denunciaron la poca voluntad y falta de capacidad de los funcionarios del gobierno y la intolerancia de los caciques, que no permiten el retorno de los evangélicos pertenecientes a la agrupación Ejército de Dios.
El pastor Esdras Alonso González, líder del Ejército de Dios, informó que en total son 49 evangélicos, 30 de ellos del poblado Los Llanos, en San Cristóbal de Las Casas, y 19 de la comunidad San Gregorio, municipio de Huixtán, 9 de los cuales se sumaron a la protesta ante la falta de solución a estos dos conflictos de parte de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas.
Explicó que los indígenas de Los Llanos llevan año y medio expulsados, mientras que los de San Gregorio, ya cumplieron un año fuera de su lugar de origen, pero a pesar de existir una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de Los Llanos, no han podido retornar, tampoco se han reparado los daños y no han castigado a los responsables.
“Hoy los hermanos hacen un acto de protesta para que la población se de cuenta de la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Gobierno y también recordarle al gobierno que hay una recomendación por parte de la CNDH y no se ha cumplido”, dijo Esdras Alonso González.
El líder evangélico aseguró que el grupo de desplazados se manifestó en esta ciudad colonial justo en la entrada de la carpa que alberga a la Expo Ámbar en la Plaza Catedral, “es una actitud un tanto desesperada de los hermanos, porque ya quieren regresar, pero no los dejan los caciques”.
Recordó que los evangélicos expulsados de ambas localidades, se encuentran desde marzo pasado en un refugio (una casa) ubicado en el centro histórico de San Cristóbal, cuya renta es pagada por el gobierno desde esa fecha, pero “ellos insisten en vivir en sus casas, trabajar sus parcelas, etc.”.
“Creo que debe prevalecer la libertad de credo y eso no debe discutirse; no se trata de pedir favores al gobierno, sólo estamos exigiendo el cumplimiento de un derecho constitucional”, sostuvo.
Reconoció que ha habido acercamiento con el gobierno, incluso se ha designado a una comisión, pero sólo le da largas al asunto; “antes íbamos avanzando, cambiaron a los enlaces y esto se quedó ahí”.
Demandó seriedad a los funcionarios del gobierno que atienden estos dos casos o de lo contrario “que nos digan si ya no se va a poder resolver, pero no queremos que nos estén vacilando, no queremos que lo estén jugueteando porque uno se molesta; si los evangélicos fueran a trastocar la paz de algunas familias, (el gobierno) es tan hábil que en 24 horas integra una averiguación previa, y si no, puede pasar un año y medio y no hay solución, es una pena”, lamentó.
“Yo no sé por qué el gobierno permite tanto desorden cuando sabe quiénes son los expulsadores; hasta dónde un acuerdo político puede imponerse por encima de estar violando los derechos de terceros, de niños y personas que están sufriendo las consecuencias, sólo porque un grupo radical de la comunidad insiste en que no retornen los evangélicos”, indicó el pastor.
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