Las Margaritas, Chis; 16 de junio.- Tres de las 35 madres que perdieron sus hijos en el Hospital Regional de Comitán, están convencidas que sus hijos fallecieron envenenados, entre el 17 al 26 de diciembre del 2002, como consecuencia de la fumigación del área de pediatría.
Irma Cruz López, entonces de 18 años de edad, llegó al centro de salud, el 13 de diciembre para dar a luz a una niña que llamó Wendy Mercedes Morales Cruz.
Horas después del parto, Irma abrazó y mantuvo a su hija a su lado unos minutos, hasta que una enfermera le dijo que la bebé regresaría al área de incubadoras, porque “estaba delicada”.
Irma le dieron de alta, pero la abuela de Wendy Mercedes se mantuvo al tanto de la niña. “Mi mamá entró a ver a mi hijita. Estaba en el incubadora. La revisó y salió. Todo estaba bien”.
El 17 de diciembre por la tarde, Irma recibió la noticia que su hija había fallecido. Se realizaron los trámites para trasladar el cuerpo del Hospital a Las Margaritas.
La joven mujer lloró la pérdida de su primer hija, supo que el área de pediatría fue fumigada y cuando el cuerpo fue exhumado del panteón de Las Margaritas, conoció que las causas del deceso fueron por “envenenamiento”.
No tomaron las medidas
En diciembre del 2002, el Hospital Regional de la Secretaría de Salud (SSA), tuvo una “sobredemanda poco común”, de trabajo, declaró en ese entonces el director Raúl Belmonte Martínez. Los médicos, internistas y enfermeras debieron “trabajar doble”, ante la sobrecarga de trabajo, agregó el médico.
Extrañamente varios recién nacidos, muchos de ellos prematuros, murieron en el nosocomio, sin que hasta ahora se conozcan las causas que provocó el fallecimiento.
Algunos padres de las víctimas declararon que por tratarse de temporada vacacional, el Hospital se encontraba “vacío”.
Ante la emergencia, el personal optó por fumigar el área de pediatría y cuneros, pero cuando los padres de familia supieron lo que iban a realizar se opusieron. El primero en alzar la voz fue Alberto Pérez, pero no lo escucharon. “Fumigaron sin tomar las medidas preventivas”, denunció.
Va ser luchador
María Antonieta Solís Gordillo había dado a luz el 17 de diciembre del 2002, a un niño que llamó como Arturo Enrique Hernández Solís, que una religiosa de la orden de Las Carmelitas, llegó a bautizar hasta el Hospital.
Después de que la monja terminó con los servicios y vio al niño en buen estado, comentó que debieron esperar unos días para que recibiera las aguas bautismales en la iglesia. “Pataleaba bien el niño”, recuerda Lesbia Solís Gordillo, tía del bebé, que se dio tiempo de bromear con la religiosa. “Mi sobrino va ser luchador”.
“Oí llorar al niño cuando yo estaba en quirófano. Le pregunte a la enfermera cómo se encontraba mi hijo y me dijo que bien”, asegura Maria Antonieta, de 26 años de edad en el 2002, sin embargo horas después pudo apreciar que el Hospital se inundó de una nube tóxica.
Los niños los habían trasladado a un área “fuera de peligro”, pero luego los regresaron al lugar donde se encontraban. Lesbia Solís Gordillo dice que el “fuerte olor” a herbicida continúo por varios días en pediatría y el área de cuneros.
Molesta acudió al área de trabajo social, para preguntar por qué iban a fumigar. Una enfermera les comentó: “Para que no entren virus. Vamos a aislar a los niños. No va pasar nada”, escuchó decir de los directivos del hospital.
El 23 de diciembre, Lesbia y Antonia recibieron la noticia que Arturo Enrique había fallecido.
El 27 de diciembre, exhumaron el cuerpo del niño y según las hermanas Solís Gordillo, el niño había muerto “envenenado”.
En la penumbra del cementerio local y alumbrados con el vehículo del padre de Lesbia y Antonia, los médicos legistas trabajaron varias horas, para tomar muestras de tejido del cuerpo de Arturo Enrique.
Las familias pidieron al Ministerio Público que la exhumación de los cuerpos lo hicieran médicos legistas de Tuxtla Gutiérrez. “Si son los de Comitán, se van a vender. Queremos que vengan legistas de Tuxtla”.
En Hospital privado
Alicia Anzurez también perdió su bebé José Guadalupe de Jesús Pérez Anzurez. “Era un niño hermoso que pesó seis kilos. Era grandísimo”, recuerda Lesbia Solís, que a partir de ese momento hizo alianza con Alberto Pérez el padre del niño, para exigir que se aplicara la justicia.
El niño nació en un hospital privado, pero ante la falta de equipo, fue trasladado al Hospital Regional.
Escenas de dolor
Lesbia cuenta que cuando los médicos legistas colocaron los cuerpos de los bebés para abrirlos y extraer las muestras de tejido, fueron escenas de dolor. No les importaba el hedor, sino ver a sus hijos y sobrinos inertes que eran abiertos con los bisturíes.
Matilde Cruz Aguilar, de 33 años de edad, llegó con trabajo de parte a las 05:00 horas del 26 de diciembre al Hospital Regional. Extrañamente los médicos la recibieron hasta las 19:30 horas, pero el parto ya no fue natural, le tuvieron que practicar cesárea.
Cuando aguardaban en el área de urgencias, Reinaldo Cruz, le comento a Matilde haber visto que del Hospital salían muchos féretros. “Tené fe, no va pasar nada”, pero logró atisbar a gente corriendo con “cajitas para recién nacidos”.
El día 27 de diciembre las 7 de la mañana, los médicos le dieron Matilde la mala noticia. Marianita Cruz Cruz había muerto. “Cuando nació mi hijita. Yo la vi desde una ventana y se encontraba bien”.
Los fallecimientos de los menores de edad, continuarían hasta los primeros días de enero. De los 35 menores fallecidos, solo 32 familias continuaron con el proceso para pedir justicia y exigir se atendieran las graves carencias en el Hospital.
“El gobernador Pablo Salazar bien pudo ayudarnos. Mandarlos medicinas. Trasladar a los recién nacidos a otros hospitales, pero no lo hizo, prefirió ir a traer un jugador en avión hasta Guatemala para el equipo Jaguares”, acusa Matilde Cruz Aguilar.
Las familias de los niños muertos son originarias de los municipios de Comitán, Ocosingo, Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria.
Nueve años después, las familias esperan ser indemnizadas por el “grave daños que sufrimos”.
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