Cintalapa, Chis. 16 de junio.- El Juez Tercero del Ramo Penal dictó auto de formal prisión en contra de dos ex funcionarios del gobierno del estado, ambos involucrados en el proceso penal que se le sigue al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por los delitos de Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Funciones Públicas, Abuso de Autoridad y Asociación Delictuosa.
Los ahora procesados, Gabriel Flores Cancino, se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, mientras que Daniel Tadeo Romero, era director de la Secretaría de Finanzas.
La Procuraduría de Justicia de Chiapas explicó que cuenta con pruebas fehacientes recabadas por el Ministerio Público investigador, en las que “se acredita que Pablo Salazar Mendiguchía, conjuntamente con diversos servidores públicos entre ellos Flores Cancino y Tadeo Romero, desviaron recursos del erario público por 104 millones de pesos”.
“Durante su declaración, la cual presentaron por escrito, los ex funcionarios de la administración de Salazar Mendiguchía, reconocieron haber sido beneficiados con el cobro de los recursos públicos destinados para la compra de un seguro de vida, mismo que vencía horas antes de finalizar el sexenio 2000-2006, y que fue cobrado por la ex secretaria de Administración estatal, Nelda Rosa Camacho Alayola, en febrero de 2007”, indicó la dependencia.
La procuraduría de justicia señaló que, el juez conoció el testimonio de la perito especializada adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría de Chiapas, quien de manera puntual detalló el procedimiento que permitió concluir, derivado del análisis de pólizas de cheques, fichas de depósitos y estados de cuenta emitidos por la entonces Secretaría de Administración, que los 104 millones de pesos sí pertenecían al erario público.
Además, el Ministerio Público recabó, entre otras probanzas, peritajes en materia contable y grafoscopía, así como diversos testimoniales con las que se demuestra que los procesados participaron y se vieron beneficiados con el desvío de los recursos millonarios, apuntó la Procuraduría
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