Comitán, Chis; 23 de junio. — El huracán Stanafectó Chiapas a finales de 2005 y dejó a su paso una estela de destrucción que, entre otros aspectos, afectó 45,000 viviendas, de las cuales casi 18,000 tuvieron que ser construidas de nuevo.
A la fecha, casi seis años después, un número no cuantificado de viviendas carecen de los servicios de agua potable, drenaje y accesos. Otras nunca fueron habitadas porque los beneficiarios las consideraron inadecuadas para ser habitadas.
Declaraciones de funcionarios de la actual administración estatal que inició en 2006, aseguran que las deficiencias en la construcción de viviendas y otras obras de reconstrucción, son responsabilidad del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien terminó su gestión sexenal un año después del desastre natural.
El procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer en mayo pasado que “ante una serie de anomalías denunciadas por la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, la Procuraduría de Chiapas ha iniciado 17 averiguaciones previas por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude”, contra el ex gobernador y varios de sus ex funcionarios de gobierno.
El funcionario detalló que para investigar estos hechos se practicaron “más de 1,826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas”.
Por estos hechos, el 29 de abril, la dependencia a su cargo, detuvo aSocorro Domínguez Aguilar, ex titular del Instituto de la Vivienda en la administración de Pablo Salazar. También se detuvo a ex funcionarios municipales de las zonas donde se realizaron obras de reconstrucción.
Derivado de las detenciones y acusaciones en su contra, a inicio de junio, días antes de ser detenido por la presunta comisión de varios delitos que no están relacionados con las investigaciones del casoStan, el ex gobernador Pablo Salazar dio a conocer un informe detallado sobre el uso y destino de los recursos destinados a la reconstrucción, y en particular el que se ejerció en el área de la construcción de viviendas.
En los informes contenidos en la página web, el ex gobernador detalló en diversos documentos y cartas públicas que para el programa de vivienda fueron aprobados 1,200 millones 84 mil pesos.
De ellos, sólo fueron radicados al Instituto de Vivienda, al 8 de diciembre de 2006, fecha en que termina su administración, 1,058 millones, que fueron distribuidos en construcciones nuevas, rehabilitaciones y compras de terrenos, según detalla en desglose de cifras.
Da a conocer también el resolutivo del dictamen de auditoría 06-3-20-vyf-07-400, emitido por la Auditoria Superior de la Federación, la que sostiene que el Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas cumplió con las disposiciones normativas aplicables al otorgamiento de subsidios para viviendas, salvo algunas observaciones en el ejercicio de 5 millones de pesos, que hasta antes del término de la administración de Pablo Salazar, ya habrían sido subsanadas.
El ex gobernador sostiene que para diciembre del 2006, únicamente a seis asentamientos rurales les faltaba la energía eléctrica y ocho carecían de agua, porque dichos servicios estaban considerados en los 150 millones del programa que faltaba por suministrar de parte del gobierno federal al gobierno del estado.
Reconoce que sí hubo fraccionamientos sin drenaje sanitario, porque se trató de viviendas tipo rural a las que se les suministraron letrinas ecológicas como servicio sanitario, y nunca estuvieron dentro de la planeación y los alcances de los contratos la construcción de drenajes sanitarios.
Añade que al término de su administración "un gran número de fraccionamientos faltaban por recepcionarse y entregarse a los municipios con todos los servicios. A este proceso en la Ley de Fraccionamientos del Estado se le llama municipalización del fraccionamiento, y le correspondía a la administración del actual gobernador Juan Sabines Guerrero, ejercer estas acciones".
Detalla que el 94% de las metas de la reconstrucción se llevaron a cabo en el último año de su gobierno (2006), y que el otro 6% le competería terminarlo a Juan Sabines; para ello –sostiene- le habrían quedado en caja 2,078 millones de pesos.
En una entrevista que le concedió a la periodista Carmen Aristegui, Pablo Salazar sostuvo que para subsanar las deficiencias que pudieran haber existido en el proceso de construcción de viviendas, las empresas constructoras contratadas habían firmado un contrato de fianzas, sin embargo nunca la administración actual las reclamó, y por tanto no se hicieron efectivas.
En esta entrevista el ex gobernador refiere que en noviembre de 2007 la administración de Juan Sabines finiquitó la Comisión para la Reconstrucción, y a través del entonces comisionado de gobierno para tales obras, Julián Domínguez López Portillo, declaró que se habían “concluido todos los fines para los que fue creada”.
Por tanto pidió que si existen deficiencias o uso indebido en el ejercicio de estos recursos, se investiguen porque, argumentó, estas no fueron cometidas en su administración.
Nuevas casas, sin drenaje ni agua potable
Damnificados por el huracán Stan, cuyas viviendas quedaron destruidas y tuvieron que ser reubicados, manifestaron desde diciembre de 2006, cuando les fueron entregadas sus nuevas casas, su inconformidad por las condiciones de las mismas.
Por ejemplo, habitantes de 220 casas que estaban asentados en los municipios de Frontera Comalapa, Motozintla y otros lugares de la sierra de Chiapas, una de las zonas que sufrió mayor devastación, fueron reubicados al poblado Pamalá, ubicado en el municipio de Comitán.
Jesús Orozco Trame, representante en ese entonces de los damnificados, lamentó que hayan tenido que dejar sus hogares que estaban ubicados en un bosque de árboles de pino; y ser trasladados a un fraccionamiento que al momento de ser entregado no contaba con drenaje ni calles pavimentadas.
Lo mismo sucedió en el fraccionamiento Vida Mejor, del municipio de Huixtla, en la región costa de Chiapas, la que también resultó con afectaciones severas.
En este lugar a los damnificados les fueron entregadas viviendas de hormigón, de cinco por seis metros; con dos recámaras y un traspatio de 10 por 20 metros. Los damnificados protestaron porque dijeron que sus familias constan de hasta 11 miembros, por lo que el espacio otorgado fue insuficiente para la subsistencia.
Al momento en este fraccionamiento al menos el 20% de las viviendas permanecen vacías, porque los damnificados las consideraron inadecuadas para ser habitadas.
En la zona conurbada de la ciudad de Tapachula, las viviendas de los damnificados actualmente lucen semiderruidas; los techos de algunas viviendas han ido cayendo, y siguen sin contar con servicio de agua potable, por lo que almacenan el líquido en tambos que ellos adquirieron y colocaron en las afueras de sus viviendas.
En los municipios de la sierra también hay un sinnúmero de viviendas vacías, dispersas en diversos puntos de esa geografía. Los damnificados no las habitaron porque están ubicadas hasta a dos kilómetros de sus campos de cultivo y de los ríos donde se abastecen de agua.
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