El senador pevemista aspira a contender por la Gubernatura de Chiapas el próximo año.
Luego de una denuncia de un particular, en la que afirma que pese a que el pevemista realizó su informe de labores en noviembre pasado, aún continúa transmitiendo su publicidad por distintas vías.
Incluso, la promoción se ha realizado en los últimos meses en medios escritos a nivel nacional.
La legislación establece que los informes de labores o gestión de los servidores públicos no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en medios de cobertura regional, y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
En el proyecto que se someterá a consideración del Consejo General este miércoles, el IFE se prevé declararse incompetente, al argumentar que no se trata un proceso electoral federal, por lo que pidió a las autoridades locales proceder.
“(Pese a las denuncias de) la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, por parte de dicho servido, en virtud de que supuestamente pretende ser candidato a Gobernador, lo cierto es que este órgano colegiado colige que las conductas en cuestión no inciden de modo directo o indirecto, mediato o inmediato en algún proceso electoral federal”, argumentó.
El particular, de nombre José Luis González, afirma que ante la aspiración del senador es necesario que se indague e imponga una sanción, para impedir que se dé un proceso inequitativo.
“De manera ilegal pretende implementar su imagen mediante espectaculares alusivos a un acto de informe de campaña respecto del cual han transcurrido en exceso el termino legal para publicitarlo, pues han transcurrido más de dos meses sin que retire la propaganda electoral”, indicó.
Para la Secretaría Ejecutiva las autoridades electorales de los Estados o Distrito Federal tienen responsabilidades para revisar que no se esté violentando la legislación.
“Están obligados a realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes de sus respectivas esferas, en los plazo respectivos, para adecuar su legislación conforme a lo dispuesto por el decreto citado (la legislación federal), a fin de que tengan aplicación efectiva y operatividad los mandamientos de mérito en cada uno de esos ámbitos”, añade.
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