Reubicados de Montes Azules en el abandono

Ángeles Mariscal

Comitán, Chis; 21 de marzo.- En el 2005 fueron convencidos por los gobiernos estatal y federal que dejar la reserva ecológica de Montes Azules iba a mejorar sus condiciones de vida. Les construyeron una villa rural y salieron con un poco de esperanza y otro poco de temor ante la amenaza de que no había retorno. Hoy, seis años después, la mitad de la población tuvo que migrar para poder subsistir, y la otra parte sobrevive en el abandono.

Este lunes, los reubicados de Montes Azules tuvieron que regresar varias décadas en su historia de muchos exilios. Salieron a tomar la carretera para hacer un llamado de auxilio que ayude a sus pobladores a salir la estafa en la que se encuentran metidos.
Acá la narración de los hechos:
El día 4 de febrero de 2005, siete comunidades que estaban asentadas en la Selva Lacandona, en la Reserva de la Biósfera Montes Azules (REBIMA) fueron reubicadas a un terreno en el municipio de Palenque.
Las comunidades aceptaron la reubicación debido a que, en el proceso de negociación, los gobiernos federal y del estado de Chiapas les aseguraron que las tierras a donde iban estaban en perfecto estado, que se las iban a regularizar, que las casas eran muy bien hechas, que la luz eléctrica sería subsidiada, que tendrían buenos servicios de educación y salud, agua potable entubada e incluso un moderno sistema de drenaje y tratamiento de aguas negras.
Les ofrecieron un sueño, pero les dieron una pesadilla. Ya en el traslado al nuevo centro de población, las personas salieron bajo la amenaza de que si regresaban a la selva las iban a meter a la cárcel; las que decidieron quedarse en sus casas fueron desalojadas forzosamente.
Los siete grupos reubicados en la comunidad Nuevo Montes Azules viven, hace 6 años, en completo abandono, con graves problemas de salud e inseguridad.
Las casas donde viven fueron construidas sin ninguna responsabilidad, son muy chicas para abrigar una familia, no tienen cimientos, el techo fue hecho de tejas mal colocadas, las paredes se están agrietando por la construcción precaria y la naturaleza del terreno. Y cuando hay mucho viento, las casas tiemblan.
Las tierras que les otorgaron están muy compactadas, la siembra no genera producción, las milpas no dan maíz suficiente ni para la alimentación, en los frijolares nacen, cuando mucho, dos vainas por planta. Esa situación se agrava todavía más en época de lluvias.
Lo poco que se produce se pierde en inundaciones severas, el ganado y los animales de cría se quedan sin salida. Además, una gran parte de la comunidad se inunda y el agua llega en las casas hasta 70 cm de altura. La tierra se cambia a pantanosa y la laguna cercana se extiende por encima de la comunidad trayendo peces, camarones y hasta lagartos, que atacan animales de cría que sobrevivieron la inundación.
Fue instalada una planta de tratamiento de aguas negras en la comunidad. Con un año de funcionamiento, la planta se descompuso y hasta hoy nadie pudo repararla; aparentemente no existe en Chiapas un técnico que conozca el sistema. La planta es el único destino de la red de drenaje, con ella detenida las aguas negras están estancadas en la red.
Las líneas del sistema de drenaje están hechas de tubos de PVC muy delgados, que se revientan tras inundaciones y asentamientos del terreno. Afuera de las casas, se hacen charcos de aguas negras tanto por los tubos rotos como por los desechos que regresan por las tuberías del drenaje estancado.
Los niños y los animales están en constante riesgo y presencia de infecciones, la salud en la comunidad es precaria y está en grave situación. Brotan diversas enfermedades desconocidas, han fallecido 7 personas en los 6 años de habitación. Sólo en el año 2011 ya suman 48 casos de paludismo.
De entre los compromisos del gobierno, estaban una casa de salud con atención médica diaria y construcción de escuelas de preprimaria, primaria y secundaria. La casa de salud cuenta solamente con un enfermero de martes a viernes y siempre faltan medicamentos.
Además, está repellada con tierra y la estructura del techo, de madera, se está deshaciendo por la presencia de termitas. La telesecundaria no fue construida y la infraestructura de la preprimaria y primaria, de materiales prefrabicados, se está deteriorando rápidamente. Varios salones tienen goteras, sin embargo el agua potable no llega a la escuela y los baños no funcionan.
Aunque no exista contrato firmado entre los habitantes y la Comisión Federal de Eletricidad (CFE), desde el sexto mes de habitación, les llegan recibos de luz sin subsidio que han acumulado un adeudo imposible de ser pagado por la comunidad.
A pesar de que fue comprometido el subsidio para la energía eléctrica, los representantes comunitarios presentaron a la CFE y al gobierno de Chiapas una solicitud de tarifa preferencial. El pedido está en el Congreso de la Unión hace 3 años y todavía no hay respuesta.
Encima de todo, algunos de los habitantes de la comunidad no cuentan con la escritura de sus casas. Parte de los solares y parcelas y la zona urbana de la comunidad no está pagada. El propietario de las tierras intentó cercar las áreas que no están quitadas por el gobierno y amenazó ocupar el área, incluso la escuela, con su ganado.
La comunidad ha sido muy tolerante, pero ya está cansada de solicitar y esperar que los gobiernos cumplan con los compromisos que hicieron. Como acción pública, decidieron llevar a cabo un bloqueo en la carretera federal que va de Benemérito de las Américas a Palenque, a la altura de la Colonia Agrícola 11 de Julio, este lunes 21 de marzo, desde las 4:00 hasta las 19:00 horas para exigir sus derechos y el pronto cumplimiento de los compromisos hechos en la reubicación.
Ante este panorama, Enlace, Comunicación y Capacitación, A. C. expresa su solidaridad con la lucha de la comunidad Nuevo Montes Azules y se suma al llamamiento hecho por la comunidad, enviado en anexo, a las demás organizaciones civiles, a las organizaciones sociales, a los movimientos populares y a las organizaciones de derechos humanos que también apoyen esta causa, ayuden a velar por la integridad de los habitantes de la comunidad durante el acto público y se mantengan informados sobre el avance en el cumplimiento de sus derechos.