Ángeles Mariscal
Comitán, Chis; 14 de marzo.- El Movimento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) exigió al gobierno mexicano detener los proyectos hidroeléctricos en diversas partes del país, argumentan que poco o nulo desarrollo le han traído a los pueblos enteros desplazados derivado de estas magnas obras.
En el marco del “Día Mundial de Acción Contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida”, más de 500 representantes del MAPDER dieron a conocer hoy una declaración conjunta en el que esbozan su postura luego del octavo encuentro que duró tres días en el municipio de Huitiupan, Chiapas, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir la presa de Itzantún.
Gustavo Castro Soto, de la organización Otros Mundos, explicó que las represas, además del desplazamiento de millones de personas en el mundo, generan el 5% de los gases invernaderos causantes de la crisis climática y que a pesar de que han demostrado ser social y ambientalmente insostenibles, las represas siguen amenazando con acallar los ríos.
“En Chiapas la realidad habla por sí sola. Existen nuevos proyectos de represas que inicarían pronto, sin consulta a la población ni búsqueda de alternativas de energía sustentable. El Estado genera casi la mitad de la electricidad de origen hidroeléctrico de todo el país. Sin embargo, existen comunidades que no gozan de este servicio, que ha sido catalogado como un derecho humano. Cada día se incrementa el precio para la población, en especial para la población rural, mientras que el costo para la gran industria ha disminuido, hasta casi regalar el servicio”, dijo Castro Soto.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes miembros de la comunidad de Temacapulín que luchan contra la Presa El Zapotillo en Jalisco, de la comunidad de San Pedro que resisten a la presa Las Cruces en Nayarit, representantes de Bios Iguanas que defienden la laguina de Cuyutlán, así como delegados de León, Guanajuato; Torreón, Coahuila, MAPDER Jalisco y colonia La Magdalena en Zapopan.
Durante el encuentro se hizo un recuento de las principales exigencias de los movimientos anti represas del occidente del país, en el que criticaron la “insustentabilidad de estos mega-proyectos y las diversas problemáticas sociales que ocasiona la imposición de estos por parte del gobierno”.
“Exigimos, la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Itzantún y Chinín, Chiapas. A partir de esta declaratoria, los afectados miembros del Comité de Huitiupán nos declaramos en resistencia civil, hasta conseguir nuestros objetivos”, dijeron los activistas coordinados por Gustavo Castro Soto de la organización Otros Mundos.
En el acto, al leer la declaración conjunta firmada por los 500 miembros que participaron en el octavo encuentro, se rechazó también la construcción de la presa de Tenosique (Boca del Cerro) en Tabasco “y todas las que el gobierno pretende construir sobre el Río Usumacinta”.
Demandaron se detengan los intentos “ilegales” para obtener el permiso de los núcleos agrarios que posibilitarían reiniciar el proceso expropiatorio y de cambio de uso de suelo para la construcción de la presa “La Parota” en Guerrero.
Rechazaron también la construcción del proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” en Oaxaca y rechazaron que continúen los estudios preparatorios de la CFE con relación al proyecto “Presa Las Cruces” en Nayarit.
Exigieron que se frene la construcción de la presa “La Yesca” y la justa indemnización a quienes ya hemos sido afectados en Hostotipaquillo, Paso de la Yesca y Mesa de Flores en Jalisco.
Reclamaron un resarcimiento pleno de los daños a los afectados por las presas “Arcediano” en Jalisco, “El Cajón” en Nayarit, “Cerro de Oro” en Oaxaca, y “Picachos” en Sinaloa. Asímismo, se sumaron a la defensa de la cuenca de los ríos Nazas-Aguanaval y se pronunciaron en contra de la afectación histórica provocada por el sistema de presas de la Comarca Lagunera en Coahuila.
Denunciaron repercusiones en la salud de los pobladores en los municipios de El Salto y Juanacatlán en Jalisco por la contaminación del Río Santiago y la negativa del gobierno para dar una solución al problema.
Dijeron que por luchar contra las presas se ha incrementado la militarización de sus territorios, a la par que exigieron que cesen las amenazas, las agresiones y la criminalización de que son objeto comunidades y activistas que en un marco de legalidad trabajan a favor de la propiedad social de la tierra, del agua y de los recursos naturales y en contra de su privatización, así como de las organizaciones que acompañan y defienden sus derechos humanos y territorios.
“Convencidos de que la lucha social y política debe ir contra las corporaciones rapaces y gobiernos neoliberales que socavan la dinámica de los espacios en los cuales vivimos, trabajamos y nos desarrollamos, convocamos a recuperar la memoria histórica de las luchas sociales y la sabiduría de los pueblos para poder reinventar las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, y construir alternativas autogestivas que aseguren la autonomía y el control de nuestros territorios”, dice la declaración conjunta leída.
Comitán, Chis; 14 de marzo.- El Movimento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) exigió al gobierno mexicano detener los proyectos hidroeléctricos en diversas partes del país, argumentan que poco o nulo desarrollo le han traído a los pueblos enteros desplazados derivado de estas magnas obras.
En el marco del “Día Mundial de Acción Contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida”, más de 500 representantes del MAPDER dieron a conocer hoy una declaración conjunta en el que esbozan su postura luego del octavo encuentro que duró tres días en el municipio de Huitiupan, Chiapas, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir la presa de Itzantún.
Gustavo Castro Soto, de la organización Otros Mundos, explicó que las represas, además del desplazamiento de millones de personas en el mundo, generan el 5% de los gases invernaderos causantes de la crisis climática y que a pesar de que han demostrado ser social y ambientalmente insostenibles, las represas siguen amenazando con acallar los ríos.
“En Chiapas la realidad habla por sí sola. Existen nuevos proyectos de represas que inicarían pronto, sin consulta a la población ni búsqueda de alternativas de energía sustentable. El Estado genera casi la mitad de la electricidad de origen hidroeléctrico de todo el país. Sin embargo, existen comunidades que no gozan de este servicio, que ha sido catalogado como un derecho humano. Cada día se incrementa el precio para la población, en especial para la población rural, mientras que el costo para la gran industria ha disminuido, hasta casi regalar el servicio”, dijo Castro Soto.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes miembros de la comunidad de Temacapulín que luchan contra la Presa El Zapotillo en Jalisco, de la comunidad de San Pedro que resisten a la presa Las Cruces en Nayarit, representantes de Bios Iguanas que defienden la laguina de Cuyutlán, así como delegados de León, Guanajuato; Torreón, Coahuila, MAPDER Jalisco y colonia La Magdalena en Zapopan.
Durante el encuentro se hizo un recuento de las principales exigencias de los movimientos anti represas del occidente del país, en el que criticaron la “insustentabilidad de estos mega-proyectos y las diversas problemáticas sociales que ocasiona la imposición de estos por parte del gobierno”.
“Exigimos, la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Itzantún y Chinín, Chiapas. A partir de esta declaratoria, los afectados miembros del Comité de Huitiupán nos declaramos en resistencia civil, hasta conseguir nuestros objetivos”, dijeron los activistas coordinados por Gustavo Castro Soto de la organización Otros Mundos.
En el acto, al leer la declaración conjunta firmada por los 500 miembros que participaron en el octavo encuentro, se rechazó también la construcción de la presa de Tenosique (Boca del Cerro) en Tabasco “y todas las que el gobierno pretende construir sobre el Río Usumacinta”.
Demandaron se detengan los intentos “ilegales” para obtener el permiso de los núcleos agrarios que posibilitarían reiniciar el proceso expropiatorio y de cambio de uso de suelo para la construcción de la presa “La Parota” en Guerrero.
Rechazaron también la construcción del proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” en Oaxaca y rechazaron que continúen los estudios preparatorios de la CFE con relación al proyecto “Presa Las Cruces” en Nayarit.
Exigieron que se frene la construcción de la presa “La Yesca” y la justa indemnización a quienes ya hemos sido afectados en Hostotipaquillo, Paso de la Yesca y Mesa de Flores en Jalisco.
Reclamaron un resarcimiento pleno de los daños a los afectados por las presas “Arcediano” en Jalisco, “El Cajón” en Nayarit, “Cerro de Oro” en Oaxaca, y “Picachos” en Sinaloa. Asímismo, se sumaron a la defensa de la cuenca de los ríos Nazas-Aguanaval y se pronunciaron en contra de la afectación histórica provocada por el sistema de presas de la Comarca Lagunera en Coahuila.
Denunciaron repercusiones en la salud de los pobladores en los municipios de El Salto y Juanacatlán en Jalisco por la contaminación del Río Santiago y la negativa del gobierno para dar una solución al problema.
Dijeron que por luchar contra las presas se ha incrementado la militarización de sus territorios, a la par que exigieron que cesen las amenazas, las agresiones y la criminalización de que son objeto comunidades y activistas que en un marco de legalidad trabajan a favor de la propiedad social de la tierra, del agua y de los recursos naturales y en contra de su privatización, así como de las organizaciones que acompañan y defienden sus derechos humanos y territorios.
“Convencidos de que la lucha social y política debe ir contra las corporaciones rapaces y gobiernos neoliberales que socavan la dinámica de los espacios en los cuales vivimos, trabajamos y nos desarrollamos, convocamos a recuperar la memoria histórica de las luchas sociales y la sabiduría de los pueblos para poder reinventar las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, y construir alternativas autogestivas que aseguren la autonomía y el control de nuestros territorios”, dice la declaración conjunta leída.
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