Presos en ayuno

Ángeles Mariscal

Motozintla, Chis; 18 de enero.- Presos del penal de esta ciudad, iniciaron una huelga de hambre para denunciar presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometeríen en el interior dle penal, entre ellos falta de alimento y agua. Apenas en octubre pasado, por otra denuncia semejante, fue destituido el director de dicho reclusorio.





Los reclusos Arturo Gómez Murillo, Martín Alonso Oroszco y Julio César Maldonado Martínez, dieron a conocer a través de una carta pública que a partir de esta semana decidieron manifestar “pacíficamente costurandonos los labios y decidimos a no ingerir ningun tipo de alimentos ni líquido”, a fin de llamar la atención por los “daños físicos, psicológicos y económicos de difícil reparación” que se cometerían en su contra dentro del penal.




En su denuncia explican que el penal “no cuenta con las normas que la ley de normas mínimas para reclusos establece, ya que es un lugar infrahumano que carece de luz eléctrica, agua potable en las celdas, y tampoco cuenta con las áreas médicas, psicológicas, técnicas ni laborales que son necesarias para promover una mejor reinserción social, mas humana y digna, aunado a la carente alimentación, ya que es raquitica y de mala calidad”.




Los reos acusan a Miguel Alarcón García y Gustavo Francisco Ferreira Jiménez, funcionarios del penal a cargo del gobierno estatal, de quedarse con aproximadamente 17 pesos diarios por cada reo que hay en el lugar, y que corresponderían a llamado “Socorro de Ley” o dinero destinado a la alimentación de los reclusos.




También acusan a Martin Toledo Fernández y José Miguel Alarcón García de ser los causantes de malos tratos y otras violaciones a sus derechos humanos, entre ellos corrupción y abuso sexual.




En octubre de 2010, ante otro cúmulo de denuncias semejantes, autoridades estatales destituyeron al entonces director del penal, Eduardo Hilerio Chirino, y se comprometieron entonces a investigar las quejas de reos por extorsión, falta de alimentos y agua, además de agresiones físicas y sicológicas contra ellos y sus familiares.




En aquella ocasión, ante las denuncias, autoridades penitenciarias tuvieron que reunirse con los reclusos debido a la gravedad de las denuncias en este penal que comenzó a operar en septiembre pasado.




Las quejas fueron por "forzados", hostigamiento, malos tratos y amenazas. Detallaron que se desnudaba y revisaba la vagina a las mujeres que los visitaban, presuntamente para impedir que introdujeran drogas u otros objetos ilícitos. Tampoco les permitían llevar alimentos y artículos como jabón, champú, papel sanitario, hojas para escribir y lapiceros.




Otros afirmaron haber sido víctimas de extorsión y de cobros por presuntos privilegios. Por ejemplo, salir a las áreas verdes del penal les costaba 10 mil pesos, acusaron.