Buscan reconciliación en Acteal

Ángeles Mariscal

San Cristóbal de las Casas, Chis; 20 de diciembre.- Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia la posible responsabilidad del Estado mexicano y la denegación de justicia por la masacre contra 45 indígenas de Acteal en el municipio indígena de Chenalhó, ocurrida el 22 de diciembre de 1997; indígenas acusados de ser los autores materiales, excarcelados por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, pidieron este día la “reconciliación” y que se les permita regresar a la zona de donde fueron exiliados luego de su liberación.

En el discurso, tanto los familiares de los 45 fallecidos en la comunidad Acteal, como los excarcelados acusados de la masacre, hablan de paz, perdón y reconciliación. En los hechos los primeros reclaman que se haya liberado a los presuntos autores materiales de estos hechos, y los segundos dicen haber sido objeto de acusaciones infundadas. Ambos siguen demandando justicia.

En noviembre pasado la CIDH presentó un informe sobre la admisibilidad de la llamada masacre de Acteal. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), organismo a través del que se solicitó la intervención del organismo humanitario internacional, esto confirmaría el valor y prueba de los testimonios de los familiares de las víctimas y sobrevivientes agrupados en la organización llamada Las Abejas, quienes sindican como responsables a los 45 liberados durante el último año, y 34 más que esperan obtener su libertad próximamente.

La documentación presentada ante la CIDH -señala el Frayba- confirma la responsabilidad, por acción y omisión, del Estado mexicano por la Masacre de Acteal y la sucesiva denegación de justicia dejando en impunidad este crimen de lesa humanidad.

En el Informe No. 146/10, Petición 212-05 sobre la Admisibilidad de la Masacre de Acteal, la CIDH argumenta que admite el caso para examinar y conocer los hechos perpetrados en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, donde se señala al Estado Mexicano como responsable de los hechos suscitados por acción y por omisión.

“Por acción, porque alegan que la masacre se habría consumado en el contexto de una política de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, alegadamente ejecutada por grupos paramilitares financiados, adiestrados y protegidos por las mismas autoridades nacionales, para debilitar las bases del EZLN y las comunidades que le habrían manifestado su simpatía.

“Por omisión, por la presunta deliberada falta de intervención de la Policía de Seguridad Pública durante la consumación de los hechos denunciados. Asimismo, alegan una denegación de justicia que persistiría hasta la fecha del presente informe”, explica la CIDH.

Además señala que debido al agotamiento de los recursos internos, la CIDH admite el caso debido a varios pendientes en materia de justicia “Tal es el caso de las dos averiguaciones previas que se encuentran radicadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el Poblado de Acteal (FECACH/001/2007 y FECACH/002/2007), donde está siendo investigada la posible responsabilidad penal –intelectual o material- de personas civiles o ex funcionarios del gobierno estatal, contra quienes no se hubiere ejercitado previamente acción penal.

La CIDH explica que observa la existencia de órdenes de aprehensión que, habiendo sido emitidas hace al menos 10 años, no han sido ejecutadas; por lo que a casi 13 años de ocurrida la Masacre de Acteal, aún están siendo realizadas diversas diligencias de investigación a efectos de determinar responsabilidades.

En su solicitud el Frayba y la organización Las Abejas argumentan que hasta la fecha no se habrían iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad intelectual de funcionarios estatales de alto nivel y que persistiría una situación de impunidad en relación con la masacre porque no se habrían agotado las líneas de investigación para determinar la existencia e implementación de un plan político de contrainsurgencia que habría conllevado a la masacre.

En particular, que las fiscalías especializadas creadas para investigar los hechos de Acteal: Fiscalía Especial para la Atención de los delitos cometidos en el Municipio de Chenalhó y la Unidad Especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos armados -extinguidas en 2000 y 2002, respectivamente- no habrían resultado eficaces para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las presuntas víctimas.

En el informe de admisibilidad, la CIDH concluye que, de ser probadas las alegaciones formuladas por los peticionarios podrían caracterizar posibles violaciones de los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Encuentro

Este día integrantes de la organización Las Abejas iniciaron un encuentro en el poblado Acteal, para conmemorar los 13 años de la muerte de los 45 indígenas, cuatro de ellos mujeres embarazadas. En la inauguración de este encuentro refieren que padecen “con indignación la excarcelación de los paramilitares autores de la masacre”.

Parecía que nuestra esperanza iba a ser derrotada pero no, hoy es más fuerte porque sabemos que hay otra justicia, la verdadera, la de Dios, la que nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas. Ellos nos dijeron: la conciencia no va a dejar vivir tranquilos a las personas que no dicen la verdad”.

Protesta

En tanto, en esta capital, una representación de los indígenas que han sido liberados, acompañados de familiares de los que aún permanecen presos, pidieron se establezca una “mesa de reconciliación” a fin de que los familiares de los masacrados les permitan retornar a su región, ya no para vivir ahí, sino de visita a sus familiares que a-un permanecen en la región.

Luego que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) interpusiera ante la SCJN un recurso para revisar las sentencias de unos 70 presos acusados de la masacre de Acteal, la Corte dictaminó el 12 de agosto de 2009 que el proceso judicial contra los acusados fue deficiente. En ese momento ordenó la liberación inmediata de 20 de ellos, y la revisión del expediente del resto. En noviembre de es ese año la Corte ordena la libertad de 9 indígenas más.

El 12 de octubre de este año el gobierno federal otorga la “libertad anticipada” a 15 presos más, y el 12 de noviembre de otro. En total han sido excarcelados 45 indígenas acusados de ser los autores materiales de la masacre.

Un grupo de 34 más que aún permanecen en prisión, esperan que autoridades judiciales resuelvan los recursos de “reconocimiento de inocencia” o libertad anticipada.

Lorenzo Ruiz Vázquez, uno de los que alcanzaron su libertad en agosto de 2009, explicó en conferencia de prensa que al salir, cada uno de los 45 liberados firmó con el gobierno estatal un acuerdo que les impide regresar a Chenalhó, a cambio de que el Estado les otorgue tierras, viviendas y proyectos de desarrollo.

Sin embargo, reclaman además que el gobierno establezca una “mesa de reconciliación”, a través de la cual los familiares y sobrevivientes de la masacre les permitan retornar “aunque sea a visitar a nuestros hijos que viven allá”, explicó Lorenzo.

“Queremos la reconciliación para que ya no piensen mal de nosotros. Nosotros no salimos de la cárcel con rencor, no salimos con resentimiento. Salimos pensando que queremos dialogar con Las Abejas. Todos, ellos y nosotros, somos agraviados”, explicó por su parte Manuel Luna, quien estuvo preso junto con su padre, otro de sus hermanos, y un cuñado que aún permanece en prisión.

Los excarcelados se dijeron inocentes, negaron haber participado en la muerte de los 45 en Acteal, y al ser cuestionados sobre si no fueron ellos quiénes habrían cometido la masacre de diciembre de 1997, se pronunciaron por una nueva investigación.