Masacre de 72 personas migrantes: efectos de la nociva política migratoria del Estado mexicano

COMUNICADO DE PRENSA

Masacre de 72 personas migrantes: efectos de la nociva política migratoria del Estado mexicano y de la falta de prevención de las actividades ilícitas cometidas en su agravio

México, D.F., 25 de agosto de 2010

El día de ayer fueron masacradas 72 personas migrantes sin documentos -58 hombres y 14 mujeres- en un rancho ubicado a las afueras del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Según la información de diversos medios de comunicación, a partir del testimonio de uno de los sobrevivientes de origen ecuatoriano, se corroboró que 75 personas migrantes indocumentadas de diversos países de Centro y Sudamérica, quienes se dirigían hacia la frontera norte del país, fueron plagiadas por un grupo de la delincuencia organizada, trasladadas a una finca y acribilladas por negarse a la extorsión y reclusión por parte de los criminales.

Por los frecuentes testimonios de las personas migrantes víctimas de secuestro, que desde hace más de cuatro años distintas organizaciones de la sociedad civil documentamos y denunciamos, afirmamos que la masacre cometida en contra de 58 hombres y 14 mujeres migrantes no es un suceso aislado. Es una muestra clara de cómo se agudiza la violencia contra las y los migrantes por parte de agentes del Estado y particulares. En este y en otros casos, constatamos cómo las acciones de secuestro a personas migrantes se dirigen no sólo a solicitar rescate sino a someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual, y para otros fines ilícitos.

Cabe señalar que el delito de secuestro contra migrantes es un hecho grave que se suma a los abusos perpetrados tanto por servidores públicos, como por miembros de la delincuencia organizada y común. Estas violaciones sistemáticas a los derechos de las personas migrantes son consecuencia de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria; la precariedad institucional; la criminalización de facto de la migración en situación irregular; y la corrupción y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Hasta la fecha, la respuesta que el gobierno federal ha brindado sobre la temática, se ha limitado a un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que intenta negar la dimensión de la tragedia. Sin embargo, esta postura contrasta con las recientes declaraciones del vocero de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, en el sentido de que el gobierno federal tiene conocimiento del delito de secuestro a migrantes y de los fines para los cuales el crimen organizado utiliza a esta vulnerable población. En relación a estos indignantes hechos que marcarán infamemente en la historia de este país, el mencionado funcionario trata de disminuir la magnitud de la masacre afirmando que es una muestra de que la delincuencia organizada es golpeada por el gobierno. Una vez más, las vidas de las personas migrantes pasan a segundo término cuando se trata de justificar la ineficacia y negligencia gubernamental.

Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reprobamos y condenamos aquellas situaciones que violan los derechos humanos de las personas migrantes y atentan contra su vida, su dignidad y su seguridad; en concreto, estos hechos criminales alentados por la negligencia del Estado en los que perdieran la vida 72 personas migrantes. Por lo tanto:

Exigimos al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático a personas migrantes y en concordancia con ello, impulse una agenda de trabajo interinstitucional con enfoque de derechos humanos, encaminada a terminar con la problemática.

Demandamos a la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, atienda la solicitud del Relator para Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, de realizar una visita in loco a territorio mexicano, con el objetivo de observar las condiciones del tránsito de las personas migrantes

Exigimos a la Comisionada, Cecilia Romero Castillo, y al delegado regional de Tamaulipas, Aurelio Gerardo Alamán Bueno, del Instituto Nacional de Migración, que velen por la protección de la víctima, por una justa reparación del daño y si así lo decide, que se le otorgue la documentación migratoria por razones humanitarias. Asimismo, que garanticen a todas las víctimas extranjeras el derecho a la notificación consular;

Exigimos a las autoridades ministeriales que dicten todas las medidas precautorias encaminadas a salvaguardar la vida de la víctima y que procedan con celeridad en la investigación de los hechos; el reconocimiento de los cuerpos; y la persecución y aprehensión de los responsables con la finalidad de garantizar un pronto acceso a la justicia;

Solicitamos al V Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fernando Batista, que tome conocimiento de los graves hechos sucedidos y salvaguarde los derechos humanos de la víctima;

Manifestamos la urgente necesidad de modificar el enfoque actual de la política migratoria cuya consecuencia es la perpetuación de la violencia, la sistemática generación de víctimas invisibles y, como en este caso, la masacre de 72 personas.

Organizaciones firmantes

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)

Casa del Migrante de Saltillo

Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca

Pbro. Alejando Solalinde Guerra, Coordinador de la zona sur de la Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana

Servicio Jesuita a Migrantes México

Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana

Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador

Red para las Migraciones de El Salvador

Centro Feminista Mujer, Información y Acción, de El Salvador

Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante, de El Salvador

TJA QYA Casa de las Mujeres Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en Guatemala

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador

Cáritas El Salvador, Diócesis de San Miguel, El Salvador

Mujeres Transformando el Mundo, en Guatemala

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras

Mesa Transfronteriza Migración y Género de Huehuentenango, Guatemala y Chiapas

Comité de Derechos Humanos de Tabasco

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, de Ocosingo, Chiapas

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, de Comitán, Chiapas

Global Workers Justice Alliance

Centro de Derechos del Migrante de Ciudad Juárez

Colectivo Ansur de Colombia

Centro Pastoral de Atención al Migrante, de Ciudad de Guatemala

Casa del Migrante de Ciudad de Guatemala

Casa Alianza Honduras

Equipo de Estudios Comunitarios Acción Psicosocial, en Guatemala

Asociación Red Comités de Migrantes y Familiares de Honduras

Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, de Guatemala

Casa del Migrante de Tecún Umán, San Marcos, Guatemala

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala

Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, en Guatemala

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.

Universidad de Lanus, de Buenos Aires, Argentina

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)