Amnistía Internacional está gravemente preocupada por la matanza de 72 migrantes irregulares en el Estado de Tamaulipas, cerca de la frontera norte de México, aparentemente cometido por miembros del grupo criminal Los Zetas. Informes recientes sugieren que las víctimas, quienes habían sido secuestradas por el grupo criminal, eran de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil.
Es crucial asegurarse de que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades deben también garantizar la seguridad de los testigos y establecer con certeza la identidad de las víctimas para que las familias puedan recibir los restos y despedir a sus seres queridos. Suficientes recursos deben ponerse a su disposición para asegurar que los familiares puedan recuperar los cuerpos.
El asesinato a sangre fría de migrantes indefensos tratando de llegar a los Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias es la evidencia más clara de la escala y severidad de los ataques contra migrantes irregulares.
Amnistía Internacional emitió un informe en abril resaltando el fracaso de las autoridades federales y estatales de México de implementar medidas efectivas para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones de migrantes irregulares a manos de los grupos criminales. Estos grupos a menudo operan con la complicidad o aquiescencia de funcionarios públicos.
Este caso una vez más demuestra el extremo peligro que enfrentan los migrantes y la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales de reducir los ataques contra los migrantes. La respuesta de las autoridades ante este caso será una prueba para el gobierno.
El fracaso del gobierno federal en mostrar su liderazgo en la implementación de medidas para atender la violencia sistemática sufrida por migrantes irregulares debe terminar con la implementación de un claro plan de acción en el cual todas las agencias clave como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades estatales actúen de manera coordinada y efectiva.
Información de contexto
Decenas de miles de migrantes irregulares que viajan hacia la frontera estadounidense enfrentan una amenaza constante de secuestro y ataque por parte de grupos criminales y, en algunos casos, por parte de las fuerzas de seguridad. Aquellos detrás de los abusos casi nunca son llevados ante la justicia y los migrantes tienen escasa oportunidad de lograr justicia. Muy poca información está disponible para los muchos familiares buscando a sus seres queridos.
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