Amalia Avendaño
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 10 de junio.- Al cumplirse 11 años de la desaparición de José Hidalgo Pérez, familiares y amigos demandaron a la Fiscalía de Justicia del Estado que se esclarezca el atentado en su contra, que los autores materiales e intelectuales de su crimen sean castigados y que el cuerpo completo sea devuelto a su familia.
Pidieron al procurador de justicia Racial López Salazar que reactive la indagatoria del asesinato para que dé a conocer la verdad de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1999 cuando “el teniente de Infantería Juan López Vázquez, experto en inteligencia castrense y en labores de contrainsurgencia, militar supuestamente retirado, sacó a José Hidalgo Pérez de su negocio mediante engaños, y ésta fue la última vez que se le vio con vida”.
La familia recordó que 14 días después, la Procuraduría Estatal del gobierno de Roberto Albores “presentó solamente un cráneo y dos huesos largos totalmente descarnados, mismos que fueron reconocidos por expertos de la UNAM y ratificados por la PGR como correspondientes a José Hidalgo Pérez en un caso de esqueletización artificial, practicada por profesionales, con fines de amedrentar y aterrorizar a los seres queridos de la víctima y a la población“.
Debido a la presión social, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y ejecutó la detención del militar, principal implicado como actor material, pero debido al contubernio entre autoridades, dejó a partir de entonces las investigaciones en manos de
la Procuraduría Estatal, la que preparó las condiciones para consumar un mecanismo típico de impunidad, que consistió en aportar pruebas insuficientes y mal sustanciadas que dieron como resultado, primero un dictamen condenatorio a 30 años de prisión para el militar Juan López Vásquez, para que en menos de un año fuera decretada su liberación absoluta con lo que se perdió un eslabón importante de la indagatoria.
Las autoridades nunca atendieron la línea de investigación de fondo político ni agregaron las quejas anteriores por amenazas de muerte a la familia Hidalgo Pérez, como aquella grabada en la contestadora telefónica de las oficinas de la Coordinadora de Organismos NO Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) el 7 noviembre de 1996, donde anuncian que serían castigados por el gobierno donde más les duele. Esta amenaza pudo ser cumplida cuando prevalecía un ambiente de provocación durante el período de Roberto Albores.
El señalamiento especial a la familia Hidalgo Pérez, con su secuela de hostigamientos y agresiones antes, durante y después de la desaparición de su ser querido, se debe a que desde los primeros días de 1994 varios de sus miembros se incorporaron a las iniciativas
ciudadanas para exigir una solución pacífica y política al movimiento zapatista y a la promoción de la participación social.
Cabe señalar, que José Hidalgo Pérez vivió en Comitán, hace 12 años y radicó en el barrio de La Pila Seca.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 10 de junio.- Al cumplirse 11 años de la desaparición de José Hidalgo Pérez, familiares y amigos demandaron a la Fiscalía de Justicia del Estado que se esclarezca el atentado en su contra, que los autores materiales e intelectuales de su crimen sean castigados y que el cuerpo completo sea devuelto a su familia.
Pidieron al procurador de justicia Racial López Salazar que reactive la indagatoria del asesinato para que dé a conocer la verdad de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1999 cuando “el teniente de Infantería Juan López Vázquez, experto en inteligencia castrense y en labores de contrainsurgencia, militar supuestamente retirado, sacó a José Hidalgo Pérez de su negocio mediante engaños, y ésta fue la última vez que se le vio con vida”.
La familia recordó que 14 días después, la Procuraduría Estatal del gobierno de Roberto Albores “presentó solamente un cráneo y dos huesos largos totalmente descarnados, mismos que fueron reconocidos por expertos de la UNAM y ratificados por la PGR como correspondientes a José Hidalgo Pérez en un caso de esqueletización artificial, practicada por profesionales, con fines de amedrentar y aterrorizar a los seres queridos de la víctima y a la población“.
Debido a la presión social, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y ejecutó la detención del militar, principal implicado como actor material, pero debido al contubernio entre autoridades, dejó a partir de entonces las investigaciones en manos de
la Procuraduría Estatal, la que preparó las condiciones para consumar un mecanismo típico de impunidad, que consistió en aportar pruebas insuficientes y mal sustanciadas que dieron como resultado, primero un dictamen condenatorio a 30 años de prisión para el militar Juan López Vásquez, para que en menos de un año fuera decretada su liberación absoluta con lo que se perdió un eslabón importante de la indagatoria.
Las autoridades nunca atendieron la línea de investigación de fondo político ni agregaron las quejas anteriores por amenazas de muerte a la familia Hidalgo Pérez, como aquella grabada en la contestadora telefónica de las oficinas de la Coordinadora de Organismos NO Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) el 7 noviembre de 1996, donde anuncian que serían castigados por el gobierno donde más les duele. Esta amenaza pudo ser cumplida cuando prevalecía un ambiente de provocación durante el período de Roberto Albores.
El señalamiento especial a la familia Hidalgo Pérez, con su secuela de hostigamientos y agresiones antes, durante y después de la desaparición de su ser querido, se debe a que desde los primeros días de 1994 varios de sus miembros se incorporaron a las iniciativas
ciudadanas para exigir una solución pacífica y política al movimiento zapatista y a la promoción de la participación social.
Cabe señalar, que José Hidalgo Pérez vivió en Comitán, hace 12 años y radicó en el barrio de La Pila Seca.
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