Ángeles Mariscal
Las Margaritas, Chis., 25 de junio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer que en lo que va del año ha documentado 13 casos de tortura y casos y tratos o penas crueles e inhumanos cometidos en esta entidad principalmente por elementos de distintas corporaciones policiacas, con 28 víctimas, 5 de ellas mujeres. Pide se respete los compromisos internacionales para acabar con este tipo de actos.
En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el centro humanitario que presiden los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, consideró que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura, los tratos crueles y degradantes, sin embargo en México estás prácticas siguen siendo las más usadas en la investigación criminal.
En su informe señala que sólo en Chiapas, el centro tiene registrados en lo que va del año 13 eventos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En estos casos hubieron 28 víctimas, 5 de ellas mujeres.
Los casos se registraron en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Chilón, Ocozocuautla, Bella Vista, Comitán, El Porvenir, Las Margaritas, Chiapa de Corzo, Copainalá, Villaflores y Oxchuc. Los perpetradores responsables de estos eventos son elementos de la Policía Estatal Preventiva, policías municipales, ministeriales e incluso fiscales del Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señala.
Añade que los sobrevivientes de la tortura que están dispuestos a denunciar se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado, por el contrario los casos de tortura que son denunciados permanecen en la impunidad a pesar de la tipificación del delito en el código penal del estado, ya que estos actos de tipifican con delitos menores como lesiones y abuso de autoridad.
El Frayba refiere que otra problemática se deriva de que el personal médico de la Procuraduría estatal carece de imparcialidad e independencia para la aplicación del Protocolo de Estambul, firmado por el gobierno mexicano para prevenir esta práctica.
En este panorama, el centro humanitario valora que la tortura en México se ha convertido en una forma de control social. Sin embargo, refiere que los sobrevivientes de estas acciones son cada vez más conscientes de la importancia de denunciar estas prácticas a fin de erradicarlas.
Las Margaritas, Chis., 25 de junio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) dio a conocer que en lo que va del año ha documentado 13 casos de tortura y casos y tratos o penas crueles e inhumanos cometidos en esta entidad principalmente por elementos de distintas corporaciones policiacas, con 28 víctimas, 5 de ellas mujeres. Pide se respete los compromisos internacionales para acabar con este tipo de actos.
En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el centro humanitario que presiden los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, consideró que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura, los tratos crueles y degradantes, sin embargo en México estás prácticas siguen siendo las más usadas en la investigación criminal.
En su informe señala que sólo en Chiapas, el centro tiene registrados en lo que va del año 13 eventos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En estos casos hubieron 28 víctimas, 5 de ellas mujeres.
Los casos se registraron en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Chilón, Ocozocuautla, Bella Vista, Comitán, El Porvenir, Las Margaritas, Chiapa de Corzo, Copainalá, Villaflores y Oxchuc. Los perpetradores responsables de estos eventos son elementos de la Policía Estatal Preventiva, policías municipales, ministeriales e incluso fiscales del Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señala.
Añade que los sobrevivientes de la tortura que están dispuestos a denunciar se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado, por el contrario los casos de tortura que son denunciados permanecen en la impunidad a pesar de la tipificación del delito en el código penal del estado, ya que estos actos de tipifican con delitos menores como lesiones y abuso de autoridad.
El Frayba refiere que otra problemática se deriva de que el personal médico de la Procuraduría estatal carece de imparcialidad e independencia para la aplicación del Protocolo de Estambul, firmado por el gobierno mexicano para prevenir esta práctica.
En este panorama, el centro humanitario valora que la tortura en México se ha convertido en una forma de control social. Sin embargo, refiere que los sobrevivientes de estas acciones son cada vez más conscientes de la importancia de denunciar estas prácticas a fin de erradicarlas.
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