Ángeles Mariscal
Altamirano, Chis., 11 de junio. Activistas dieron a conocer que el gobierno mexicano ha incumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la violación sexual por parte de militares, contra tres indígenas tzeltales, hechos ocurridos en 1994 en el municipio de Altamirano. No ha reparado el daño y mantiene la investigación en la jurisdicción militar, detallaron.
Las activistas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que llevaron el caso ante CIDH explicaron que el 4 de junio se cumplieron 16 años de la violación sexual de Ana, Beatriz y Celia González Pérez, quienes fueron abusadas sexualmente cuando cruzaron un retén militar que estaba destacamentado en el municipio de Altamirano.
El abuso se cometió como parte de la tortura de los elementos del Ejército Mexicano, para que las indígenas se declararan integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Derivado de la denuncia, el 4 de abril de 2001 la CIDH en su Informe No. 53/01 concluyó que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, la protección de la honra, la dignidad y las garantías judiciales de las víctimas.
Por ello hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre estas investigar el caso de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria y reparar adecuadamente a las hermanas, así como a su madre Delia Pérez de González, por las violaciones de los derechos humanos de las que fueron víctimas.
Las demandantes señalan que ante las recomendaciones, el Estado mexicano informó a la CIDH que de acuerdo con la legislación del país, el caso se investigaría en la Justicia Militar; y el 12 de noviembre de 2009 dijo que había demostrado su voluntad, puesto en funcionamiento todas las medidas a su alcance para esclarecer los hechos y que abordaría los aspectos relativos a la reparación del daño una vez que se concluyera totalmente con el procedimiento penal que “se encuentra en trámite”.
En mayo de 2009 se desahogaron las últimas tres diligencias dentro de la investigación penal militar, con la finalidad de que esa autoridad remitiera la investigación al fuero ordinario para la continuación de las investigaciones, sin embargo a la fecha este proceso no ha sido llevado a cabo, ni tampoco la reparación del daño, lo que demandan las agraviadas.
Altamirano, Chis., 11 de junio. Activistas dieron a conocer que el gobierno mexicano ha incumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la violación sexual por parte de militares, contra tres indígenas tzeltales, hechos ocurridos en 1994 en el municipio de Altamirano. No ha reparado el daño y mantiene la investigación en la jurisdicción militar, detallaron.
Las activistas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que llevaron el caso ante CIDH explicaron que el 4 de junio se cumplieron 16 años de la violación sexual de Ana, Beatriz y Celia González Pérez, quienes fueron abusadas sexualmente cuando cruzaron un retén militar que estaba destacamentado en el municipio de Altamirano.
El abuso se cometió como parte de la tortura de los elementos del Ejército Mexicano, para que las indígenas se declararan integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Derivado de la denuncia, el 4 de abril de 2001 la CIDH en su Informe No. 53/01 concluyó que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, la protección de la honra, la dignidad y las garantías judiciales de las víctimas.
Por ello hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre estas investigar el caso de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria y reparar adecuadamente a las hermanas, así como a su madre Delia Pérez de González, por las violaciones de los derechos humanos de las que fueron víctimas.
Las demandantes señalan que ante las recomendaciones, el Estado mexicano informó a la CIDH que de acuerdo con la legislación del país, el caso se investigaría en la Justicia Militar; y el 12 de noviembre de 2009 dijo que había demostrado su voluntad, puesto en funcionamiento todas las medidas a su alcance para esclarecer los hechos y que abordaría los aspectos relativos a la reparación del daño una vez que se concluyera totalmente con el procedimiento penal que “se encuentra en trámite”.
En mayo de 2009 se desahogaron las últimas tres diligencias dentro de la investigación penal militar, con la finalidad de que esa autoridad remitiera la investigación al fuero ordinario para la continuación de las investigaciones, sin embargo a la fecha este proceso no ha sido llevado a cabo, ni tampoco la reparación del daño, lo que demandan las agraviadas.
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