sábado, junio 05, 2010

Desde Los Altos

Fredy López Arévalo

Haberse sentado a dialogar de frente a los dirigentes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo), habla de la importancia que el gobernador Juan Sabines Guerrero otorga al diálogo y la negociación para resolver la conflictividad social en la entidad, porque el reclamo de la OCEZ sobre cuatro de sus dirigentes presos en el penal de El Amate, es un asunto que data del 2001, pero además es un asunto de índole federal. Así el gobernador Juan Sabines Guerrero, y su secretario general de gobierno, el doctor Noé Castañón León, han dado pues una vez más muestra de la alta sensibilidad política de esta administración, algo que las propias organizaciones sociales tienen que reconocer, porque de qué otra manera se podría calificar el interés demostrado por el gobernador Juan Sabines Guerrero para atender de manera personal a los líderes de está organización, y expresar la disponibilidad de su gobierno para revisar estos cuatro casos, que han sido ignorados por anteriores administraciones, como la del sátrapa Pablo Salazar Mendiguchía, que llenó las cárceles de Chiapas con sus oponentes políticos, y luchadores sociales incómodos. En el caso de los cuatro presos que la OCEZ-Casa del Pueblo reclama como presos políticos, el gobernador Sabines se comprometió a interponer sus buenos oficios (recursos de amparo) ante los tribunales federales, para regresar al ámbito local el litigio de estos casos y tener mayor margen de interacción, siempre en apego al derecho, para buscar una salida al reclamo de estos comuneros, que hay que decirlo han padecido la persecución permanente de los gobiernos priístas, que defendían con fuego y cárcel a los terratenientes de Venustiano Carranza (los Orantes, los Manzur), que detentaron y usufructuaron durante décadas tierras que por ley les pertenecían a los indígenas tzotziles. Para fortuna de los líderes de la Casa del Pueblo, y también para tranquilidad del gobierno del estado, estuvieron como testigos del diálogo el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y los párrocos Heriberto Cruz Vera, de Tila, y Joel Padrón, de San Andrés Larráinzar, porque entonces hay testigos de calidad que pueden constatar la buena fe del gobernador Sabines.

Estimado Fredy: Te mando copia de una denuncia de otro banco de grava, probablemente sin permisos debido a que no nos quieren dar sus nombres ni nos permiten ver documentos sobre ellos en el Municipio. Está sobre el periférico oriente norte, arriba del Fracc. Real del Monte y junto a la Colonia irregular " La Paz ". Está chica todavía pero avanzando rápido y la destrucción del remanente de bosque ahí de pino y roble será destruido en unos días más. Estamos solicitando que la clausura inmediatamente. En una conversación personal entre Renato y Mariano Díaz la semana pasada, Mariano dijo que la va a clausurar cuando reciba nuestra denuncia. A ver si es cierto. Es curioso, Ricardo Frías, el Delegado Federal de la PROFEPA vive en Real del Monte, a unos 400 metros de toda la destrucción que están haciendo estas gentes. Nosotros la ciudadania, tenemos que protestar y protejer nuestro medio ambiente antes de que sea demasiado tarde.

Un saludo, Dra. Lauren Zárate




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