Comitán, Chis; 28 de abril.- El ataque del Ejército y la policía, en contra de inmigrantes de centro y sudamérica, el 18 de septiembre del 2009, en Comitán, donde perdió la vida un extranjero y otros fueron heridos gravemente, “constituye una violación a las normas internacionales de derechos humanos”, declaró Amnistía Intencional (AI).
En su informe Víctimas invisibles Migrantes en movimiento en México, considera que la agresión en contra de una camioneta que era manejada por un presunto traficante originario del municipio de San Cristóbal, que también fue baleado, es un claro ejemplo de uso de “fuerza letal”.
El 18 de septiembre del 2009, el presunto pollero que circulaba en un camino de terracería se encontró con un retén del Ejército, en las inmediaciones de la Base Aérea El Copalar, al sur de Comitán, pero lejos de detenerse, el presunto traficante huyo.
Esto provocó una persecución y durante ésta, la camioneta fue baleada de manera constante, lo que provoco la muerte de un extranjero de origen salvadoreño y durante la refriega, varios jónvenes de Ecuador y El Salvador, resultaron gravemente heridos.
En la camioneta Ram de color blanco, con placas DB 42711, quedó el cuerpo del salvadoreño, con un disparo en la cabeza.
Los extranjeros heridos tenían disparos en la espalda, en el rostro y en las piernas.
El “pollero”, originario de la comunidad Ricardo Flores Magón, del municipio de San Cristóbal, tenía un disparo en la espalda y sobrevivió milagrosamente, para luego ser recluido en el penal de Comitán.
Sobre este caso, AI, en su informe, considera que “el uso de fuerza letal en este tipo de casos, en los que no había ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad o los transeúntes, constituye una violación de las normas internacionales”.
Agrega: “Las normas internacionales de derechos humanos establecen unos criterios para el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Entre estos criterios se encuentran los principios de “necesidad” y “proporcionalidad”, matiza AI.
Así, las directrices de la ONU establecen que los policías deben aplicar medidas no violentas siempre que sean posible antes de recurrir al uso de la fuerza”.
Y el uso de la fuerza se debe utilizar “cuando sea estrictamente necesario, en proporción con la amenaza planteada y de manera que se reduzcan al mínimo los daños o lesiones”.
El organismo internacional lamenta que “México no dispone de normas nacionales establecidas por la ley sobre el uso de la fuerza por parte de la policías y las fuerzas de seguridad”.
Esta ausencia de “un marco normativo claro socava los esfuerzos por garantizar que las detención especialmente la detención administrativa de migrantes, que no son sospechosos de delitos, se llevan a cabo debidamente”.
AI explica que los “policías presentes en el lugar de los hechos golpearon repentinamente a los migrantes heridos, al parecer como castigo por no detenerse en el retén, hasta que la Cruz Roja llegó a ofrecer asistencia médica”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación por estos hechos y esta continúa abierta, “en el momento de redactar este informe”, dice AI.
En su informe Víctimas invisibles Migrantes en movimiento en México, considera que la agresión en contra de una camioneta que era manejada por un presunto traficante originario del municipio de San Cristóbal, que también fue baleado, es un claro ejemplo de uso de “fuerza letal”.
El 18 de septiembre del 2009, el presunto pollero que circulaba en un camino de terracería se encontró con un retén del Ejército, en las inmediaciones de la Base Aérea El Copalar, al sur de Comitán, pero lejos de detenerse, el presunto traficante huyo.
Esto provocó una persecución y durante ésta, la camioneta fue baleada de manera constante, lo que provoco la muerte de un extranjero de origen salvadoreño y durante la refriega, varios jónvenes de Ecuador y El Salvador, resultaron gravemente heridos.
En la camioneta Ram de color blanco, con placas DB 42711, quedó el cuerpo del salvadoreño, con un disparo en la cabeza.
Los extranjeros heridos tenían disparos en la espalda, en el rostro y en las piernas.
El “pollero”, originario de la comunidad Ricardo Flores Magón, del municipio de San Cristóbal, tenía un disparo en la espalda y sobrevivió milagrosamente, para luego ser recluido en el penal de Comitán.
Sobre este caso, AI, en su informe, considera que “el uso de fuerza letal en este tipo de casos, en los que no había ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad o los transeúntes, constituye una violación de las normas internacionales”.
Agrega: “Las normas internacionales de derechos humanos establecen unos criterios para el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Entre estos criterios se encuentran los principios de “necesidad” y “proporcionalidad”, matiza AI.
Así, las directrices de la ONU establecen que los policías deben aplicar medidas no violentas siempre que sean posible antes de recurrir al uso de la fuerza”.
Y el uso de la fuerza se debe utilizar “cuando sea estrictamente necesario, en proporción con la amenaza planteada y de manera que se reduzcan al mínimo los daños o lesiones”.
El organismo internacional lamenta que “México no dispone de normas nacionales establecidas por la ley sobre el uso de la fuerza por parte de la policías y las fuerzas de seguridad”.
Esta ausencia de “un marco normativo claro socava los esfuerzos por garantizar que las detención especialmente la detención administrativa de migrantes, que no son sospechosos de delitos, se llevan a cabo debidamente”.
AI explica que los “policías presentes en el lugar de los hechos golpearon repentinamente a los migrantes heridos, al parecer como castigo por no detenerse en el retén, hasta que la Cruz Roja llegó a ofrecer asistencia médica”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación por estos hechos y esta continúa abierta, “en el momento de redactar este informe”, dice AI.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario