Ángeles Mariscal
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 11 de marzo. Un defensor público federal adscrito a la atención de un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, detenido en esta ciudad luego de un enfrentamiento con la policía ocurrido en junio de 208 en esta capital, pidió la comparecencia de una docena de reporteros que cubrieron el evento, a fin de que testificaran presuntos abusos policiacos detenidos contra su cliente.
Los comunicadores exigieron al juez cancele los citatorios toda vez que ellos no son parte del proceso. Anunciaron que interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “para que los defensores públicos dejen de andar usando a los periodistas para el desahogo de pruebas”.
Los servidores públicos involucrados en el proceso son el defensor público federal Manuel Pérez Mayor, y el magistrado Juan Moreno Miramontes, quien ordenó reponer el procedimiento de la causa penal 45/2008. En este proceso se citó a los comunicadores “con la finalidad de que aporten pruebas declaratorias de la violación a los derechos humanos que le permitan al defensor obtener la libertad del presunto delincuente”, explicó la secretaria del juzgado, durante la audiencia que se impuso a uno de los comunicadores.
En los citatorios se pide a directores de diferentes medios de comunicación estatales “proporcionen los nombres de los reporteros que cubrieron la nota roja” donde se informa de la captura del procesado.
Añade que “de no cumplir con lo ordenado, o de no manifestar el impedimento legal o material que tuvieses para ello, se les aplicará multa de treinta días de salario mínimo vigente en esa zona económica, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 44, fracción II, del invocado código procesal”.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 11 de marzo. Un defensor público federal adscrito a la atención de un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, detenido en esta ciudad luego de un enfrentamiento con la policía ocurrido en junio de 208 en esta capital, pidió la comparecencia de una docena de reporteros que cubrieron el evento, a fin de que testificaran presuntos abusos policiacos detenidos contra su cliente.
Los comunicadores exigieron al juez cancele los citatorios toda vez que ellos no son parte del proceso. Anunciaron que interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “para que los defensores públicos dejen de andar usando a los periodistas para el desahogo de pruebas”.
Los servidores públicos involucrados en el proceso son el defensor público federal Manuel Pérez Mayor, y el magistrado Juan Moreno Miramontes, quien ordenó reponer el procedimiento de la causa penal 45/2008. En este proceso se citó a los comunicadores “con la finalidad de que aporten pruebas declaratorias de la violación a los derechos humanos que le permitan al defensor obtener la libertad del presunto delincuente”, explicó la secretaria del juzgado, durante la audiencia que se impuso a uno de los comunicadores.
En los citatorios se pide a directores de diferentes medios de comunicación estatales “proporcionen los nombres de los reporteros que cubrieron la nota roja” donde se informa de la captura del procesado.
Añade que “de no cumplir con lo ordenado, o de no manifestar el impedimento legal o material que tuvieses para ello, se les aplicará multa de treinta días de salario mínimo vigente en esa zona económica, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 44, fracción II, del invocado código procesal”.
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