Amenazan de muerte a defensor de D H

Ángeles Mariscal

Comitán, Chis., 08 de diciembre. El representante en la ciudad fronteriza de Comitán, de la organización no gubernamental Enlace Civil, Adolfo Guzmán Ordaz, recibió amenazas de muerte. Esta es la segunda vez que el defensor de los derechos humanos recibe este tipo de amenazas, en la que según las evidencias denunciadas por el afectado e inscritas en la Averiguación Previa 0004/FEPONGDDH/M1/2009, estarían involucrados policías estatales.

Adolfo Guzmán Ordaz, defensor de derechos humanos e integrante de la asociación civil Enlace Comunicación y Capacitación AC, explicó que el pasado 6 de enero aproximadamente a las 17.45 horas, él y su familia regresaban a su domicilio, cuando al abrir la puerta encontraron una nota con tinta roja que decía “muerte, muerte, muerte”. Después de éste incidente la familia decidió no pasar la noche en su domicilio.

Antes, el día 25 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 01.10 horas, recibió una llamada al teléfono de su casa que decía “feliz navidad, porque esta va a ser tu última navidad”.

Adolfo dio parte a Pedro Raúl López Hernández, responsable de la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos. En la denuncia presentada explica que el 6 de enero, en el transcurso de la mañana, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), llegaron a su domicilio, preguntando dónde se encontraba él. Al no encontrarlo se retiraron del domicilio y por la tarde apareció la nota.

En la denuncia pública hecha este día, el agraviado señala que a pesar de que existe una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que inició la Averiguación Previa 0004/FEPONGDDH/M1/2009 y del conocimiento que tienen autoridades del Gobierno del Estado de Chiapas, no se han realizado las diligencias con la prontitud necesaria para esclarecer y detener las amenazas.




Anónimo




Recuerda que el pasado 14 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 19.15 horas, en su domicilio le fue dejado, debajo de su puerta, una nota anónima con recortes de papel periódico que decía: “No sigan se van a morir”.

La nota fue encontrada por la hija de Adolfo, quien inmediatamente se la entregó a su mamá, Margarita Guadalupe Martínez Martínez.

Esta amenaza se dio dos días antes de la audiencia de presentación de testigo, ante el Ministerio Público para la identificación de uno de los policías que habían allanado su domicilio un mes antes. En esa ocasión unos 20 policías estatales ingresaron con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública amenazaron y encañonaron a su esposa e hijo, para que les enseñaran cada una de las habitaciones de la casa. Al mismo tiempo, Adolfo era interrogado sobre su actividad en Enlace.

En la denuncia de este día, el activista sostiene que ha habido retardo para la debida integración de la averiguación previa y la consecuente identificación y sanción de los agresores se ha debido a la negligencia y tardanza del Fiscal José Luis Gómez Santaella Fiscal de Distrito Fronterizo Sierra.

Ello a pesar de las denuncias y la situación de riesgo a la integridad personal de Adolfo y su familia, el Gobierno Mexicano no ha realizado una investigación eficaz y pronta que haya concluido con la detención de los agresores, permitiendo así que se continúe con el hostigamiento en contra del defensor y su familia

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señala que ante la gravedad de los hechos, que violentan la integridad física y psicológica de Adolfo y su familia, exhortamos a la comunidad nacional e internacional a exigir a las autoridades mexicanas que cesen las amenazas y el hostigamiento hacia la familia Guzmán Martínez.




Medida para protegerlo




También exige que se garanticen medidas precautorias y de seguridad para proteger la vida, la integridad física, psicológica de Adolfo, Margarita, sus hijos y de las/os integrantes de Enlace;

se realice una investigación eficaz, pronta e imparcial que lleve a dar con los responsables de estos actos, sancionando a los autores materiales e intelectuales de los actos de allanamiento y amenazas que han sufrido Adolfo y su familia.

Se capacite a los funcionarios públicos y se les exija el cumplimiento a los derechos humanos y garantías individuales, en especial a las defensoras y a los defensores de derechos humanos, y se realice una aclaración pública por parte de las autoridades correspondientes sobre los motivos del allanamiento.