Fredy López Arévalo
La plaza de toros La Coleta, abarrotada de gente.
Su capacidad, de cuatro mil espectadores, superó anoche en mucho el lleno total.
La gradería, y el ruedo, atestados.
Llegó gente de todos los barrios y colonias de San Cristóbal de Las Casas, y aún de municipios aledaños, como Chamula, Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc, Chenalhó, y San Andrés Larráinzar.
Eran las 19:00 horas, y el gentío continuaba arremolinándose, aunque ya adentro habían cientos que gritaban: “¡Sabines!” “¡Sabines!”.
Decenas de cohetes estallaban en el aire, y Sak Tzevul tocaba lo mejor de su repertorio en tsotsil.
El ingreso del gobernador fue triunfal… como el de un matador en plaza llena.
Lo acompañaban su esposa, Isabel Aguilera de Sabines; el subsecretario de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez Hernández; el jefe de la subdivisión de zona sur sureste de la CFE, Armado Reynoza Sánchez; y el secretario de Hacienda del gobierno del estado, Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Era un acto masivo con el gobernador Juan Sabines Guerrero, quien los había convocado ahí para que presenciaran la protocolización de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante el cual se condonan 300 millones de pesos en adeudos por pago de energía que 40 municipios de la entidad arrastran desde 1994.
Se trataba, pues, de un evento histórico, en el que la Secretaría de Hacienda Federal, la Estatal y la CFE absorberán en partes iguales los adeudos acumulados durante 15 años.
El gobernador Juan Sabines Guerrero anuncio a la multitud que lo ovacionaba que con este convenio, 215 mil familias serán beneficiadas, es decir, poco más de un millón de personas, 600 mil de las cuales también contarán con un subsidio de 50 por ciento por el servicio.
Pero además de ello, anuncio nuevos mecanismos de subsidio a las familias más pobres de los municipios con mayor índice de marginación, ubicados principalmente en la zona de Los Altos y La Sierra, y miles de lámparas ahorradoras de energía para inculcar una nueva cultura del ahorro en los chiapanecos.
La ovación fuer mayúscula cuando Jair Jiménez Bolaños Cacho ejemplificó el nuevo esquema de subsidios que logró negociar el gobernador Juan Sabines Guerrero con la CFE: “¡Si antes pagaban 60 pesos, ahora van a pagar 20 pesos!”, dijo, y la ovación creció.
El acuerdo operara de forma inmediata. “En cuanto los beneficiados empiecen a pagar un nuevo recibo del servicio quedará condonada su deuda y entrará en funcionamiento el mecanismo de subsidios”, aseveró el mandatario, ante un publico henchido que no paraba de ovacionarlo.
EL INGENIO
Infantil los invita este sábado 5 de diciembre a la sesión de: EL SONIDITO, a cargo de Emilio Ruiz Llaven.
Acércate a ver un oído de cerca, a escuchar animales rarísimos y a construir un amplificador ecológico que no usa baterías.
La cita es en EL INGENIO de Germinalia A.C. de 11:00 am a 1:00 pm en Diego Dugelay #31 (entre Tapachula y Ejército Nacional), Barrio del Cerrillo, San Cristóbal de Las Casas.
El donativo de recuperación es de $50 pesos
Amnistía Internacional
Lanzó una advertencia a los gobiernos de México y Chiapas y a la comunidad internacional, porque según ellos, la familia de Mariano Abarca Roblero y otros manifestantes ecologistas de Chicomuselo, sur de México, están en peligro después de que Mariano Abarca fuera muerto a tiros delante de su casa. Se cree que, antes de su homicidio, él y su familia habían recibido repetidas amenazas.
El 27 de noviembre, Mariano Abarca Roblero, defensor de los derechos humanos y miembro destacado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), recibió tres disparos de un hombre que viajaba en una motocicleta. En el momento del ataque, Mariano Abarca Roblero estaba de pie ante su casa en el municipio de Chicomuselo, estado de Chiapas, hablando con un vecino, también miembro de REMA, que resultó herido pero sobrevivió al ataque.
Unos días antes de su muerte, Mariano Abarca Roblero había presentado una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en relación con una amenaza de muerte que había recibido en agosto. Según la denuncia, un hombre le había amenazado con “quebrar[le] la madre a plomazos” por encabezar las protestas.
La PGJE ha abierto una investigación sobre el asesinato.
Mariano Abarca Roblero y otros activistas de REMA habían cortado una carretera en junio para protestar por las operaciones de una empresa minera en la zona que, en su opinión, están contaminando y dañando el medio ambiente. Bloquearon una de las dos carreteras de acceso a la mina. El 17 de agosto, Mariano Abarca Roblero fue detenido en el lugar de la protesta por agentes de la policía estatal de Chiapas sin explicación ni orden judicial. Lo mantuvieron recluido en detención preventiva (“arraigo”) por su participación en las protestas, pero lo pusieron en libertad incondicional el 25 de agosto porque no había pruebas de que la protesta en la que participaba fuera violenta o amenazara el orden público. Su detención tuvo lugar unos días antes de que los miembros de REMA celebraran una reunión regional de ecologistas en Chicomuselo.
AI demanda a las autoridades federales y estatales que brinden protección inmediata y efectiva a la familia de Mariano Abarca Roblero, a los testigos de su asesinato y a los miembros de REMA en Chicomuselo, conforme a los deseos de los propios afectados; instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para acelerar una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Mariano Abarca Roblero, cometido el 27 de noviembre en Chicomuselo, y para garantizar que los resultados se hacen públicos y que los responsables de esta muerte rinden cuentas de sus actos;
recordando a las autoridades que los activistas locales que hacen campaña para que se respeten los derechos humanos –lo que incluye la campaña para que se presten servicios básicos a sus comunidades– son defensores de los derechos humanos protegidos por la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y obliga a los Estados a garantizar que pueden llevar a cabo dichas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.
La plaza de toros La Coleta, abarrotada de gente.
Su capacidad, de cuatro mil espectadores, superó anoche en mucho el lleno total.
La gradería, y el ruedo, atestados.
Llegó gente de todos los barrios y colonias de San Cristóbal de Las Casas, y aún de municipios aledaños, como Chamula, Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc, Chenalhó, y San Andrés Larráinzar.
Eran las 19:00 horas, y el gentío continuaba arremolinándose, aunque ya adentro habían cientos que gritaban: “¡Sabines!” “¡Sabines!”.
Decenas de cohetes estallaban en el aire, y Sak Tzevul tocaba lo mejor de su repertorio en tsotsil.
El ingreso del gobernador fue triunfal… como el de un matador en plaza llena.
Lo acompañaban su esposa, Isabel Aguilera de Sabines; el subsecretario de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez Hernández; el jefe de la subdivisión de zona sur sureste de la CFE, Armado Reynoza Sánchez; y el secretario de Hacienda del gobierno del estado, Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Era un acto masivo con el gobernador Juan Sabines Guerrero, quien los había convocado ahí para que presenciaran la protocolización de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante el cual se condonan 300 millones de pesos en adeudos por pago de energía que 40 municipios de la entidad arrastran desde 1994.
Se trataba, pues, de un evento histórico, en el que la Secretaría de Hacienda Federal, la Estatal y la CFE absorberán en partes iguales los adeudos acumulados durante 15 años.
El gobernador Juan Sabines Guerrero anuncio a la multitud que lo ovacionaba que con este convenio, 215 mil familias serán beneficiadas, es decir, poco más de un millón de personas, 600 mil de las cuales también contarán con un subsidio de 50 por ciento por el servicio.
Pero además de ello, anuncio nuevos mecanismos de subsidio a las familias más pobres de los municipios con mayor índice de marginación, ubicados principalmente en la zona de Los Altos y La Sierra, y miles de lámparas ahorradoras de energía para inculcar una nueva cultura del ahorro en los chiapanecos.
La ovación fuer mayúscula cuando Jair Jiménez Bolaños Cacho ejemplificó el nuevo esquema de subsidios que logró negociar el gobernador Juan Sabines Guerrero con la CFE: “¡Si antes pagaban 60 pesos, ahora van a pagar 20 pesos!”, dijo, y la ovación creció.
El acuerdo operara de forma inmediata. “En cuanto los beneficiados empiecen a pagar un nuevo recibo del servicio quedará condonada su deuda y entrará en funcionamiento el mecanismo de subsidios”, aseveró el mandatario, ante un publico henchido que no paraba de ovacionarlo.
EL INGENIO
Infantil los invita este sábado 5 de diciembre a la sesión de: EL SONIDITO, a cargo de Emilio Ruiz Llaven.
Acércate a ver un oído de cerca, a escuchar animales rarísimos y a construir un amplificador ecológico que no usa baterías.
La cita es en EL INGENIO de Germinalia A.C. de 11:00 am a 1:00 pm en Diego Dugelay #31 (entre Tapachula y Ejército Nacional), Barrio del Cerrillo, San Cristóbal de Las Casas.
El donativo de recuperación es de $50 pesos
Amnistía Internacional
Lanzó una advertencia a los gobiernos de México y Chiapas y a la comunidad internacional, porque según ellos, la familia de Mariano Abarca Roblero y otros manifestantes ecologistas de Chicomuselo, sur de México, están en peligro después de que Mariano Abarca fuera muerto a tiros delante de su casa. Se cree que, antes de su homicidio, él y su familia habían recibido repetidas amenazas.
El 27 de noviembre, Mariano Abarca Roblero, defensor de los derechos humanos y miembro destacado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), recibió tres disparos de un hombre que viajaba en una motocicleta. En el momento del ataque, Mariano Abarca Roblero estaba de pie ante su casa en el municipio de Chicomuselo, estado de Chiapas, hablando con un vecino, también miembro de REMA, que resultó herido pero sobrevivió al ataque.
Unos días antes de su muerte, Mariano Abarca Roblero había presentado una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en relación con una amenaza de muerte que había recibido en agosto. Según la denuncia, un hombre le había amenazado con “quebrar[le] la madre a plomazos” por encabezar las protestas.
La PGJE ha abierto una investigación sobre el asesinato.
Mariano Abarca Roblero y otros activistas de REMA habían cortado una carretera en junio para protestar por las operaciones de una empresa minera en la zona que, en su opinión, están contaminando y dañando el medio ambiente. Bloquearon una de las dos carreteras de acceso a la mina. El 17 de agosto, Mariano Abarca Roblero fue detenido en el lugar de la protesta por agentes de la policía estatal de Chiapas sin explicación ni orden judicial. Lo mantuvieron recluido en detención preventiva (“arraigo”) por su participación en las protestas, pero lo pusieron en libertad incondicional el 25 de agosto porque no había pruebas de que la protesta en la que participaba fuera violenta o amenazara el orden público. Su detención tuvo lugar unos días antes de que los miembros de REMA celebraran una reunión regional de ecologistas en Chicomuselo.
AI demanda a las autoridades federales y estatales que brinden protección inmediata y efectiva a la familia de Mariano Abarca Roblero, a los testigos de su asesinato y a los miembros de REMA en Chicomuselo, conforme a los deseos de los propios afectados; instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para acelerar una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Mariano Abarca Roblero, cometido el 27 de noviembre en Chicomuselo, y para garantizar que los resultados se hacen públicos y que los responsables de esta muerte rinden cuentas de sus actos;
recordando a las autoridades que los activistas locales que hacen campaña para que se respeten los derechos humanos –lo que incluye la campaña para que se presten servicios básicos a sus comunidades– son defensores de los derechos humanos protegidos por la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y obliga a los Estados a garantizar que pueden llevar a cabo dichas actividades sin obstáculos ni temor a represalias.
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