Temor por excesiva presencia militar

Ángeles Mariscal

Frontera Comalapa, Chis; 19 de noviembre.- La organización Melel Xojobal denunció graves daños psicológicos que están padeciendo las niñas, niños y jóvenes afectados por los operativos militares y las acciones contra las comunidades del municipio de Frontera Comalapa y La Trinitaria, por los constantes patrullajes, retenes y allanamientos domiciliarios de tropas de la VII Región Militar.

El grupo dedicado a la defensa de los derechos de los infantes, explicó que los operativos militares que se están efectuando en la zona fronteriza de Chiapas, concretamente en los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, “contribuyen a generar desconfianza por parte de los niños hacia las autoridades gubernamentales”.

En un pronunciamiento público, el organismo subraya que otra situación que vulnera sus derechos padecen los y las estudiantes del Centro Educativo Autónomo del Caracol zapatista de Roberto Barrios, del municipio de Palenque.

Este caso se refiere a la acción armada que se emprendió contra el centro educativo el pasado 20 de octubre, cuando dos personas armadas, portando uniformes del ejército federal, se dirigieron hacia la escuela autónoma a las 6 de la tarde, y encañonaron a los alumnos.

Refieren que los afectados denuncian que son hostigados constantemente durante sus clases, cuando van a bañarse en el río, en las horas de su alimentación, en horas de su educación física en la cancha deportiva, los techos de los salones de la escuela han sido rotos por las pedradas que le avientan, igual con los dormitorios.

La Junta de Buen Gobierno argumenta que: “Las intenciones del desalojo del Centro Educativo Autónomo es por el proyecto de ecoturismo para poner negocios, ya que el terreno de la escuela se ubica en la entrada a las cascadas del río Bascan, está planeado por el interés económico de las empresas turísticas y el mismo mal gobierno”.



Soldados entran a las casas




El otro caso se refiere a los operativos militares implementados en los municipios de La Trinitaria y Frontera Comalapa, quienes según denunció la Organización Proletaria Emiliano Zapata OPEZ, han sido implementados durante todo el mes de noviembre.

“Se han realizado patrullajes, incursiones y allanamientos en sus viviendas (…) Las tropas de la VII Región Militar han entrado a las comunidades cuando las mujeres están solas con sus hijos en sus hogares, aprovechando que los hombres han ido a sus parcelas”.

“En el ejido Nuevo Villaflores los soldados ingresaron a varias casas”. “En el balneario Uninajab, en días pasados, un grupo de mujeres participaba en un taller, cuando decenas de militares irrumpieron desde los matorrales, lo que provocó espanto entre las féminas”, narró Reina Santiago Guadalupe, encargada de las finanzas de la OPEZ.

Los constantes cateos, retenes y presencia militar en las comunidades de La Trinitaria y Frontera Comalapa –denuncian- han provocado temor entre los niños y mujeres.

La organización Melel Xojobal, institución dedicada a trabajar por la promoción, defensa y ejercicio de los derechos de las niñas y niños de Chiapas, explicaron que esta situación viola los acuerdos de la Convención de los Derechos del Niño suscrita por México en 1990.

“Los niños y niñas de Chiapas tienen el derecho a vivir y ser educados en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, para lo cual la contribución del Estado es fundamental”.

Por ello, el organismo exigió a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que garanticen el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños de Chiapas e implementen las medidas oportunas para proteger su vida e integridad física y psicológica.

También que refuerce sus mecanismos judiciales para tramitar eficazmente las denuncias de brutalidad policial, malos tratos y abuso de menores”, e “investigue debidamente los casos de violencia y abuso contra niños a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad.

Explican que este tipo de acciones dado que causan graves daños psicológicos en las niñas, niños y jóvenes, y contribuyen a generar desconfianza por parte de los niños hacia las autoridades gubernamentales, en quienes ven a los causantes de su miedo más que a los garantes de su protección y seguridad.