Contra la criminalización de la protesta

Ángeles Mariscal

Unos dos mil campesinos, indígenas y sindicalistas de Chiapas marcharon hoy en la capital del estado para conmemorar el 99 aniversario de la Revolución Mexicana y acusaron que el gobierno de Chiapas criminaliza la protesta.

Procedentes de diferentes regiones de Chiapas, Altos, Norte, Frontera, Costa, Sierra, Selva y Centro del estado, los inconformes con las políticas públicas del gobierno federal y estatal, caminaron más de seis kilómetros con pancartas y entonaron consignas hasta llegar a la plaza central.

No pudieron subir a ella y protestar frente a las puertas de palacio de gobierno, porque el gobierno municipal y el estatal instalaron de forma temporal –unos ochos meses- un mercado público con más de 800 locales.

Las organizaciones campesinas acusaron que el gobierno promovió la instalación de este mercado público, al que le reconstruyen su edificio a escasas cuatro calles de ahí, con el fin de evitar que la plaza siga siendo escenario de las protestas que se avecinas ante “las malas acciones” del gobierno estatal y federal.

En la marcha participaron organizaciones como el MOCRI CNPA MN, sindicatos como la Unión Nacional de Trabajadores, el sindicato de trabajadores de la UNICACH, miembros del sindicato de TELMEX, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, las secciones 13 y sección 06 del Sindicato Independiente de Salud, trabajadores del Sindicato de Monte de Piedad y otras organizaciones.

Los campesinos, indígenas y sindicalistas denunciaron un escenario de criminalización de la protesta en Chiapas, denunciaron acoso y persecución contra los activistas sociales.

Asimismo, rechazaron la liquidación de Luz Fuerza del Centro y se solidarizaron con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

La marcha culminó esta tarde sin incidente alguno. Eso sí, la marcha fue realizado una hora después de que terminara el desfile cívico-deportivo encabezado por el gobernador Juan Sabines Guerrero.

Alrededor del gobernador, un nutrido grupo de guardaespaldas se movilizó con toletes, detectores de metales y armados de forma discreta.

Tanto el procurador de justicia, Raciel López Salazar como el secretario de seguridad pública, José Luís Solís Cortés, custodiaron prácticamente al gobernador en su caminar rumbo a su despacho de gubernatura.