El sistema mexicano penaliza a las víctimas mientras protege, cuando no premia, a los responsables de violaciones a los derechos humanos
Recientes resoluciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México demuestran una vez más la existencia de una política de estado que, mediante la simulación de un escrupuloso respeto a la ley, sólo consigue asegurar la impunidad de los responsables directos e intelectuales de graves violaciones de los derechos humanos. Por el contrario, ese mismo sistema de procuración e impartición de justicia se muestra implacable con los luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales de forma legítima y pacífica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso Oaxaca
Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia afronta la discusión del caso Oaxaca a partir del proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Mariano Azuela. La propuesta exonera de toda responsabilidad a las autoridades y funcionarios tanto estatales como federales que participaron en la represión del movimiento social oaxaqueño durante 2006 y 2007. Tras un análisis aparentemente riguroso y ajustado a la ley, el proponente en realidad descontextualiza lo ocurrido en Oaxaca hasta el punto de pretender que los poderes públicos no tuvieron otro remedio que utilizar de manera legítima la fuerza para restablecer “el orden y la paz social” tras meses de “paciente” negociación con el movimiento social oaxaqueño.
En el proyecto del Ministro Azuela faltan datos y hechos constatados por diversas organizaciones de derechos humanos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si los hubiera incorporado, la Suprema Corte tendría un panorama bien distinto, como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal. Es significativo el caso de Brad Will con la detención y procesamiento de Juan Manuel Martínez Moreno como responsable de este homicidio en contra de las evidencias y testimonios que acusan a funcionarios públicos municipales como los autores del hecho.
No será aplicando el principio de presunción de inocencia a los poderes públicos como la Suprema Corte alcanzará la verdad. Tampoco desechando los testimonios de las víctimas al tiempo que no cuestiona la veracidad de los partes policiales. Con un dictamen de estas características lo único que se consigue es legitimar la represión.
El ministro Azuela considera que los poderes públicos intervinieron de forma legítima para restaurar el orden social y la libertad ciudadana, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. La pregunta que cabe hacerse es si es posible que en un contexto de terror político como el que vivió Oaxaca se puede ejercer el derecho que todo ciudadano tiene siempre de cambiar de modo pacífico sus órganos de gobierno.
Atenco y Chiapas : no hay justicia para las víctimas
Hace pocos días la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres, después de más de tres años de investigación, notificó la resolución sobre denuncia presentada por 11 mujeres por tortura y violencia sexual durante los hechos de Atenco. En esta resolución la Fiscalía trasladaba la denuncia a la Procuraduría del Estado de México por considerar que los 34 policías señalados son estatales y no poder imputar a ningún agente federal.
Se da el caso de que la procuraduría estatal ya ha dado el caso por cerrado, condenándose a un solo agente por “actos libidinosos” a una pena de 3 años de prisión que ha sido sustituída por una multa. En el resto de casos, los acusados han sido exonerados por un amparo de la justicia federal que detectó errores inadmisibles en el procedimiento, procedimiento que fue tramitado por la misma Procuraduría Estatal, la misma que también asesoró a los agentes en el amparo que acabó otorgándoles la libertad sin cargos.
Este es un caso aberrante de juez y parte en el que, aplicando las garantías a las que todo procesado tiene derecho, se consagra la injusticia y la impunidad. Una vez más, exonerando a los responsables directos de la represión, los responsables políticos, en este caso paradigmático también responsables últimos del procedimiento, se aseguran asimismo la impunidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y la misma Suprema Corte en su dictamen han señalado que hubo tortura y violaciones. La pregunta que cabe hacerse es qué órgano jurisdiccional debe imputar, procesar y condenar los responsables directos y los responsables intelectuales, por acción u omisión, de estos delitos.
En este mismo caso, las propias víctimas fueron consignadas e ingresadas en prisión por largos períodos y en muchos casos liberadas con posterioridad libres de cargos. Contrasta también la inoperancia de la procuración de justicia con la dureza de las condenas contra los luchadores sociales de San Salvador Atenco, a los que estado mexicano ha sentenciado a permanecer en prisión por 30, 65 ó 110 años.
Desgraciadamente, los hechos se repiten: se espera para los próximos días la resolución de la SCJN que afectará al caso de 31 personas condenadas por la Masacre de Acteal. Por defectos en el procedimiento ya fueron liberadas recientemente 20 personas y todo hace suponer que lo mismo ocurrirá en esta nueva resolución.
Esta comisión ha defendido siempre que el sistema de procuración e impartición de justicia debe asegurar el derecho al debido proceso de cualquier imputado en una causa penal. Pero lo que la Suprema Corte no debe hacer en ningún caso es exonerar de facto con sus resoluciones a asesinos confesos que han sido reconocidos por las víctimas, sino buscar el procedimiento adecuado para que la reparación de una injusticia no consagre otra mayor.
Porque la injusticia y la impunidad provocan que los hechos se repitan una y otra vez: en estos días se cumple un año de la masacre de Chinchultik en el estado de Chiapas con el resultado de 6 indígenas asesinados en un operativo policial sin que a día de hoy se haya dado satisfacción ni se haya establecido justicia sobre estos hechos tan graves, cuya responsabilidad depende del gobierno del estado.
El circulo de la impunidad de la justicia mexicana
El ascenso en la carrera judicial o política de personas con responsabilidad en la investigación y protección de los derechos humanos, atendiendo más a los compromisos políticos que a su verdadera responsabilidad y competencia es un freno para la auténtica justicia. Así se ha manifestado ante los recientes nombramientos del nuevo responsable de la Secretaría de Gobernación, la Procuradoría General de la República o la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.
Por el contrario, los defensores de los derechos humanos sufren hostigamiento y amenazas que entorpecen su actividad sin que estos casos sean investigados con la celeridad y exigencia necesarios.
Esta situación de abandono hace que finalmente las víctimas de estos atropellos no tengan otras vías que recurrir al sistema internacional de justicia, como sucede en el caso de Acteal y en el de las mujeres de Atenco.
Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República
Como expresión de parte de la sociedad civil internacional, llamamos a la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos.
Barcelona, a 13 de octubre de 2009.
Comisión de prensa
Recientes resoluciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México demuestran una vez más la existencia de una política de estado que, mediante la simulación de un escrupuloso respeto a la ley, sólo consigue asegurar la impunidad de los responsables directos e intelectuales de graves violaciones de los derechos humanos. Por el contrario, ese mismo sistema de procuración e impartición de justicia se muestra implacable con los luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales de forma legítima y pacífica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso Oaxaca
Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia afronta la discusión del caso Oaxaca a partir del proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Mariano Azuela. La propuesta exonera de toda responsabilidad a las autoridades y funcionarios tanto estatales como federales que participaron en la represión del movimiento social oaxaqueño durante 2006 y 2007. Tras un análisis aparentemente riguroso y ajustado a la ley, el proponente en realidad descontextualiza lo ocurrido en Oaxaca hasta el punto de pretender que los poderes públicos no tuvieron otro remedio que utilizar de manera legítima la fuerza para restablecer “el orden y la paz social” tras meses de “paciente” negociación con el movimiento social oaxaqueño.
En el proyecto del Ministro Azuela faltan datos y hechos constatados por diversas organizaciones de derechos humanos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si los hubiera incorporado, la Suprema Corte tendría un panorama bien distinto, como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal. Es significativo el caso de Brad Will con la detención y procesamiento de Juan Manuel Martínez Moreno como responsable de este homicidio en contra de las evidencias y testimonios que acusan a funcionarios públicos municipales como los autores del hecho.
No será aplicando el principio de presunción de inocencia a los poderes públicos como la Suprema Corte alcanzará la verdad. Tampoco desechando los testimonios de las víctimas al tiempo que no cuestiona la veracidad de los partes policiales. Con un dictamen de estas características lo único que se consigue es legitimar la represión.
El ministro Azuela considera que los poderes públicos intervinieron de forma legítima para restaurar el orden social y la libertad ciudadana, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. La pregunta que cabe hacerse es si es posible que en un contexto de terror político como el que vivió Oaxaca se puede ejercer el derecho que todo ciudadano tiene siempre de cambiar de modo pacífico sus órganos de gobierno.
Atenco y Chiapas : no hay justicia para las víctimas
Hace pocos días la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres, después de más de tres años de investigación, notificó la resolución sobre denuncia presentada por 11 mujeres por tortura y violencia sexual durante los hechos de Atenco. En esta resolución la Fiscalía trasladaba la denuncia a la Procuraduría del Estado de México por considerar que los 34 policías señalados son estatales y no poder imputar a ningún agente federal.
Se da el caso de que la procuraduría estatal ya ha dado el caso por cerrado, condenándose a un solo agente por “actos libidinosos” a una pena de 3 años de prisión que ha sido sustituída por una multa. En el resto de casos, los acusados han sido exonerados por un amparo de la justicia federal que detectó errores inadmisibles en el procedimiento, procedimiento que fue tramitado por la misma Procuraduría Estatal, la misma que también asesoró a los agentes en el amparo que acabó otorgándoles la libertad sin cargos.
Este es un caso aberrante de juez y parte en el que, aplicando las garantías a las que todo procesado tiene derecho, se consagra la injusticia y la impunidad. Una vez más, exonerando a los responsables directos de la represión, los responsables políticos, en este caso paradigmático también responsables últimos del procedimiento, se aseguran asimismo la impunidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y la misma Suprema Corte en su dictamen han señalado que hubo tortura y violaciones. La pregunta que cabe hacerse es qué órgano jurisdiccional debe imputar, procesar y condenar los responsables directos y los responsables intelectuales, por acción u omisión, de estos delitos.
En este mismo caso, las propias víctimas fueron consignadas e ingresadas en prisión por largos períodos y en muchos casos liberadas con posterioridad libres de cargos. Contrasta también la inoperancia de la procuración de justicia con la dureza de las condenas contra los luchadores sociales de San Salvador Atenco, a los que estado mexicano ha sentenciado a permanecer en prisión por 30, 65 ó 110 años.
Desgraciadamente, los hechos se repiten: se espera para los próximos días la resolución de la SCJN que afectará al caso de 31 personas condenadas por la Masacre de Acteal. Por defectos en el procedimiento ya fueron liberadas recientemente 20 personas y todo hace suponer que lo mismo ocurrirá en esta nueva resolución.
Esta comisión ha defendido siempre que el sistema de procuración e impartición de justicia debe asegurar el derecho al debido proceso de cualquier imputado en una causa penal. Pero lo que la Suprema Corte no debe hacer en ningún caso es exonerar de facto con sus resoluciones a asesinos confesos que han sido reconocidos por las víctimas, sino buscar el procedimiento adecuado para que la reparación de una injusticia no consagre otra mayor.
Porque la injusticia y la impunidad provocan que los hechos se repitan una y otra vez: en estos días se cumple un año de la masacre de Chinchultik en el estado de Chiapas con el resultado de 6 indígenas asesinados en un operativo policial sin que a día de hoy se haya dado satisfacción ni se haya establecido justicia sobre estos hechos tan graves, cuya responsabilidad depende del gobierno del estado.
El circulo de la impunidad de la justicia mexicana
El ascenso en la carrera judicial o política de personas con responsabilidad en la investigación y protección de los derechos humanos, atendiendo más a los compromisos políticos que a su verdadera responsabilidad y competencia es un freno para la auténtica justicia. Así se ha manifestado ante los recientes nombramientos del nuevo responsable de la Secretaría de Gobernación, la Procuradoría General de la República o la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.
Por el contrario, los defensores de los derechos humanos sufren hostigamiento y amenazas que entorpecen su actividad sin que estos casos sean investigados con la celeridad y exigencia necesarios.
Esta situación de abandono hace que finalmente las víctimas de estos atropellos no tengan otras vías que recurrir al sistema internacional de justicia, como sucede en el caso de Acteal y en el de las mujeres de Atenco.
Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República
Como expresión de parte de la sociedad civil internacional, llamamos a la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos.
Barcelona, a 13 de octubre de 2009.
Comisión de prensa
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