Amalia AvendañoSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 25 de septiembre.- El próximo 14 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará la situación de los otros 33 indígenas procesados como autores materiales de la masacre de Acteal que aún permanecen detenidos y que podrían quedar en libertad si procede el amparo a su favor como ocurrió con 20 de sus compañeros el pasado 13 de agosto.
El abogado Sergio Natarén Gutiérrez del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organismo que asumió la defensa legal de los involucrados en la matanza de 45 personas ocurrida en los Altos de Chiapas hace 12 años, explicó en entrevista que de los 33 indígenas sentenciados a 25 años de cárcel, en la causa penal están confesos solamente cinco.
Aseguró que la resolución de la SCJN que permitió que salieran de la carcel quienes sufrieron violaciones al debido proceso jurídico “no sólo beneficia a los liberados sino a todo el país porque se le habían violado los derechos humanos a cuanta gente estuviera en un penal y esta situación cambia el esquema jurídico en este país”.
Agregó que hay confianza de que obtendrán su libertad por lo menos 28 de los 33 tsotsiles que faltan aunque si la SCJN resuelve el amparo por las violaciones al debido proceso, “todos deben salir”, dijo Nataren Gutiérrez quién añadio que lo más grave del expediente jurídico son las “violaciones a los derechos humanos que sufrieron estas personas porque no tuvieron nada que ver con la que pasó en la comunidad el 22 de diciembre” de 1997 .
Reiteró que la postura del CIDE al asumir la defensa legal del grupo de indígenas acusados como responsables de la muerte de 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres en esa localidad del municipio de Chenalhó en los Altos de Chiapas, es por la aplicación del estado de derecho “y y nuestro compromiso con esta gente es que hasta el último inocente salga de la cárcel, nosotros llevaremos el caso”.
Comentó que en Acteal, a más de un mes que fueron liberados los 20 indígenas acusadoscomo responsbles por sobrevivientes, la situación es de “tranquilidad y paz”, en tanto que los liberados permanecen en el hotel Villa Esmeralda en Tuxtla Gutiérrez.
Añadió que aún cuando jurídicamente no procede la reparación del daño por parte del gobierno de Chiapas, este ha asumido una responsabilidad con los liberados y se está encargado de su manutención mientras se resuelve la situción legal de los demás.
Los liberados en agosto pasado aceptaron no retornar a sus comunidades de origen para evitar confrontaciones pero establecieron cmo condición para iniciar su proceso de reubicación que salgan de la cárcel el resto de sus compañeros.




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