Ángeles Mariscal.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de septiembre. Integrantes del Observatorio de Violencia Social y Género de Chiapas consideraron que la crisis económica y el incremento de la delincuencia están generando un “caldo de cultivo” que incrementarían los índices de violencia que afecta directamente a las mujeres.
Ante este panorama, dijeron, el gobierno de esta entidad no ha cumplido su compromiso para combatir estas acciones, adquiridos públicamente en julio pasado, como la creación de un banco de datos que les permita georeferenciar las zonas más vulnerables donde aplicar los programas contra la violencia.
Analizaron que tan sólo esta semana se localizaron en el municipio de Chiapa de Corzo los cadáveres de dos adolescentes con huellas de abusos y torturas; en tanto que dos jóvenes más de esta capital continúan en calidad de desaparecidas desde agosto pasado.
El grupo de mujeres, entre quienes se encuentran activistas, académicas, empresarias e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, durante una sesión de análisis que tuvieron este día, explicaron que la actual crisis económica y el incremento de las actividades del crimen organizado, del pandillerismo y la trata de personas, son factores que están generando un “caldo de cultivo” que afecta a los grupos vulnerables, en este caso las féminas.
“Hasta el momento los gobiernos no han dimensionado cómo esta situación afecta a las mujeres, se está desdibujando nuevamente a este sector que esta siendo víctima de la trata, del tráfico y de la violencia paralela que conlleva la actual situación”, señaló Teresa Molina, una de las activistas.
En el caso de Chiapas, sostuvieron que a más de dos meses de haberse instalado el primer Observatorio de Violencia Social y Género de Chiapas, que atendería 22 municipios, a pesar de innumerables entrevistas con diversos funcionarios de distintas instancias y niveles del gobierno, la firma de los convenios de trabajo pactados está suspendida, y no se han aceptado las acciones de corresponsabilidad de las autoridades con la sociedad civil.
Pese a que Chiapas cuenta con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, es necesario mejorar y armonizar ambas leyes con los tratados internacionales ratificados por México, pues hasta la fecha permanecen sin ser reglamentadas por el Ejecutivo Estatal, lo que dificulta su aplicación y propicia la impunidad.
Detallaron que sin la corresponsabilidad de las autoridades, no se pueden mejorar los procedimientos de atención a víctimas de violencia social y de género; uniformar los marcos teóricos de referencia y a partir de datos georeferenciados, mucho menos proponer políticas públicas focalizadas y generales que permitan diseñar una atención más eficaz.
Uno de los principales objetivos para avanzar –dijeron- es nivelar, a través de una base de datos única, los índices de la violencia de género, que por el momento están dispersos en distintas dependencias de gobierno.
Casi al término de la reunión de las integrantes del Observatorio, el gobierno estatal envió a un representante, Antonio Gamboa, quien sostuvo que en breve las autoridades locales abrirán las bases de datos para construir los indicadores, además de agilizar la firma de los convenios pactados.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de septiembre. Integrantes del Observatorio de Violencia Social y Género de Chiapas consideraron que la crisis económica y el incremento de la delincuencia están generando un “caldo de cultivo” que incrementarían los índices de violencia que afecta directamente a las mujeres.
Ante este panorama, dijeron, el gobierno de esta entidad no ha cumplido su compromiso para combatir estas acciones, adquiridos públicamente en julio pasado, como la creación de un banco de datos que les permita georeferenciar las zonas más vulnerables donde aplicar los programas contra la violencia.
Analizaron que tan sólo esta semana se localizaron en el municipio de Chiapa de Corzo los cadáveres de dos adolescentes con huellas de abusos y torturas; en tanto que dos jóvenes más de esta capital continúan en calidad de desaparecidas desde agosto pasado.
El grupo de mujeres, entre quienes se encuentran activistas, académicas, empresarias e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, durante una sesión de análisis que tuvieron este día, explicaron que la actual crisis económica y el incremento de las actividades del crimen organizado, del pandillerismo y la trata de personas, son factores que están generando un “caldo de cultivo” que afecta a los grupos vulnerables, en este caso las féminas.
“Hasta el momento los gobiernos no han dimensionado cómo esta situación afecta a las mujeres, se está desdibujando nuevamente a este sector que esta siendo víctima de la trata, del tráfico y de la violencia paralela que conlleva la actual situación”, señaló Teresa Molina, una de las activistas.
En el caso de Chiapas, sostuvieron que a más de dos meses de haberse instalado el primer Observatorio de Violencia Social y Género de Chiapas, que atendería 22 municipios, a pesar de innumerables entrevistas con diversos funcionarios de distintas instancias y niveles del gobierno, la firma de los convenios de trabajo pactados está suspendida, y no se han aceptado las acciones de corresponsabilidad de las autoridades con la sociedad civil.
Pese a que Chiapas cuenta con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, es necesario mejorar y armonizar ambas leyes con los tratados internacionales ratificados por México, pues hasta la fecha permanecen sin ser reglamentadas por el Ejecutivo Estatal, lo que dificulta su aplicación y propicia la impunidad.
Detallaron que sin la corresponsabilidad de las autoridades, no se pueden mejorar los procedimientos de atención a víctimas de violencia social y de género; uniformar los marcos teóricos de referencia y a partir de datos georeferenciados, mucho menos proponer políticas públicas focalizadas y generales que permitan diseñar una atención más eficaz.
Uno de los principales objetivos para avanzar –dijeron- es nivelar, a través de una base de datos única, los índices de la violencia de género, que por el momento están dispersos en distintas dependencias de gobierno.
Casi al término de la reunión de las integrantes del Observatorio, el gobierno estatal envió a un representante, Antonio Gamboa, quien sostuvo que en breve las autoridades locales abrirán las bases de datos para construir los indicadores, además de agilizar la firma de los convenios pactados.
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