viernes, agosto 28, 2009

Desde Los Altos

El activista social Mariano Abarca Roblero anunció su reincorporación al movimiento la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), luego de recuperar su libertad el martes 25 por la noche. Durante ocho días permaneció arraigado, acusado por la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd, de haber afectados sus intereses económicos por los bloqueos de carretera que encabezó a principios del mes de julio. Se le imputaban los delitos de ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, y delincuencia organizada, según la averiguación previa No. 033/FS10/2009.

Yo lo entrevisté al salir del edificio que alberga la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

Esta es la entrevista:

Fredy: ¿Cómo te encuentras Mariano?

Mariano: Pues afortunadamente bien, gracias a Dios.

Fredy: ¿Ocho días de reclusión…?

Mariano: Así es, ocho días de reclusión ahí en Pitiquito; no sé realmente, yo venía platicando hace un ratito con la Ministerio Público, y yo le dije: yo pensé que nada más en los tiempos de antes se llevaba a la práctica este tipo de justicia y creo que todavía en la actualidad se sigue practicando, y eso malamente, pues verdad, porque empaña un poco la justicia, porque se habla mucho de que hay justicia en Chiapas y veo que definitivamente no es así.

Fredy: Pero se te han dejado en libertad… ¿Esto muestra buena voluntad de parte del gobierno?

Mariano: Pues sí porque definitivamente estábamos afectando sus intereses de la compañía minera, y de alguna manera dejarme en libertad es en beneficio de ellos, verdad, definitivamente.

Fredy: ¿Por qué si la empresa puso una demanda, el ministerio publico actuó, y ahora se te deja en libertad?

Mariano: Bueno yo sé que la compañía minera de alguna manera, como cualquier otro tiene su derecho, yo no me opongo a eso, verdad, lo único que no estoy conforme yo y lo he dicho siempre es que cómo no es posible que gente extranjera venga a mandar aquí a Chiapas, a México, en eso estoy en desacuerdo yo, definitivamente.

Fredy: ¿Te reincorporas al movimiento en contra de la empresa minera?

Mariano: Sí, aquí hemos perdido una batalla, no la guerra, y vamos a seguir luchando todavía, porque es nuestra vida la que esta en juego, no otra cosa, y pienso que defender la vida es algo que nos concierne a nosotros los mexicanos, y todos los chiapanecos, todos los que tenemos que ver con esto.

Fredy: La lucha en concreto ¿Cuál es? Para quienes nunca han escuchado de Mariano Abarca, para quien nunca hayan escuchado de este movimiento de resistencia contra las mineras en Chicomuselo.

Mariano: Bueno la lucha es definitivamente por la contaminación, la tala de arboles, el tipo de explosivos que están utilizando ellos, grandes cantidades, eso ha ocasionado la ya muerte de peces, contaminación, aparte de una intranquilidad social, dividiendo las comunidades, con agresividad para que ellos cedan, verdad, para que ellos puedan seguir trabajando están utilizando ese método

Fredy: ¿Qué tiempo que llevan las mineras trabajando en Chicomuselo y que están extrayendo?

Mariano: Llevan aproximadamente tres años y según tenemos entendido que es un material que se llama Varitas, Antimonio y por ahí nos pasaron que Oro, y el oro pues para extraerlo se utiliza un producto químico que es altamente toxico que es cianuro, y eso sería perjudicial no solo para los seres humanos sino para todo ser viviente que hay, más que nada a través de los ríos, de los arroyos, y la muerte de pescados; eso es lo que ha ocasionado esta contaminación…

Fredy: O sea que el movimiento debe continuar? ¿Tiene que continuar? ¿Hay que proteger los recursos naturales y la vida de las personas?

Mariano: De hecho así es y ya hizo un compromiso el gobierno con nosotros y nosotros vamos a seguir investigando si hay contaminación, ya se comprometió a que la compañía pare definitivamente, deje de trabajar.

Fredy: ¿Hay daños a tierras comunales, a tierras ejidales?

Mariano: Claro que sí, hay daño, grandes prejuicios a los ejidatarios; y más que nada lo que recalqué yo es la intimidación que sufre nuestro campesino en la región por parte de la compañía minera.

Fredy: ¿La exigencia es también que repare los daños, verdad?

Mariano: Sí de hecho así debe de ser; yo pienso que debemos nosotros ya ponernos de acuerdo e interponer una demanda a la compañía por los daños que está ocasionando a la región.

Fredy: ¿Te reintegras a tu familia?

Mariano: Así es, primeramente Dios.

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Recienten guía de turistas en la reducción de visitantes extranjeros a San Cristóbal de las Casas, y las comunidades indígenas circunvecinas. +++Obispos de Chiapas hablan del caso Acteal: demanda verdad y justicia, en conferencia de prensa antes de inaugurar el Primer Encuentro de Párrocos de la provincia de Chiapas. +++Se extienden los problemas en las Grutas de Rancho Nuevo, luego de que la policía municipal intentó desalojar a vendedores de artesanías y alimentos. El abuso de poder debiera de ser investigado y castigado por ley, más aún cuando éste implica el uso de la fuerza pública.

Digo esto porque pareciera que quienes ostentan un cargo público, se sienten investidos de tal autoridad, que pueden disponer el uso de la fuerza pública a discreción.

Hace dos días, por ejemplo, la policía municipal de San Cristóbal de Las Casas pretendió desalojar a los vendedores de artesanías instalados desde hace varios años en las Grutas de Rancho Nuevo, sin que mediar ninguna orden jurisdiccional de por medio.

No es la primera vez que el director de la policía, tránsito y vialidad municipal, Carlos Tovilla Lara, y el director de servicios públicos municipales, Carlos Montesinos Uvalle, se ven implicados en actos de este tipo.

No podemos pensar que actúan por cuenta propia, sino por órdenes del alcalde Mariano Alberto Díaz Ochoa, quien se ha distinguido por recurrir con frecuencia al uso de la fuerza pública.

Desde este espacio editorial condenamos la violencia, más aún cuando ésta proviene de la autoridad, porque la violencia deslegitima al hombre público, al ser político, ya que el uso de la fuerza pública solo debe ser el último recurso, no el primero, luego de haber agotado el recurso del diálogo, de la negociación, y hasta donde sabemos, hasta donde conocemos, en este caso jamás se intentó el arreglo negociado.

Todo parece indicar que el Ayuntamiento municipal privilegia la ley del garrote, y usa la fuerza pública para legitimarse en el poder ahí donde no es reconocida su autoridad o ahí donde pretende imponer cobros ilegales por el uso del suelo, para incrementar la recaudación de recursos no fiscalizables, cuyo uso y destino desconoce la ciudadanía.



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