Consignan a policías que atacaron a inmigrantes

Ángeles Mariscal.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 09 de febrero. Al menos tres policías que participaron en la agresión cometida contra mirantes que transitaban por la comunidad Arcotete de San Cristóbal de las Casas, el 9 de enero pasado, fueron consignados ante las autoridades luego que se comprobó que dispararon contra los migrantes sin una justificación.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) informó que Celestino Ávila Mérida, jefe de sector de la Policía Estatal Preventiva, con sede en San Cristóbal de las Casas; y los agentes Eliseo Guzmán Escobar y José García Tapia, fueron consignados ante las autoridades.

Personal de la dependencia indicó que en las pruebas periciales realizadas a la patrulla PEP-371, en que viajaban los uniformados, se encontraron dos disparos de arma de fuego, echo que los uniformados usaron para justificar la versión de que los migrantes dispararon contra ellos, y por tanto habrían tenido que repeler la agresión.

Uno de los disparos, señaló personal de la SSPyPC, fue echo desde dentro de la patrulla, y el segundo desde fuera, pero en un ángulo que no corresponde a la ubicación del camión en el que viajaban los migrantes que intentaban cruzar el país para llegar a Estados Unidos.

Por ello se presume que fueron los policías quienes dispararon contra su propia patrulla, y por tanto no fueron agredidos o existió justificación para que dispararan contra los migrantes.

Cabe recordar que el pasado 9 de enero un grupo de migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y China, fueron agredidos por policías chiapanecos, cuando transitaban a bordod e un camión, por un camino del poblado Arcotete, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Tres de los migrantes resultaron muertos, y ocho heridos por arma de fuego.

Por estos hechos el gobierno de Ecuador envió una carta de protesta al gobierno de México ya que dos de los migrantes muertos, las mujeres Norma Dután y Clarisa Moína, era originarias de este país.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras, pidieron al gobierno de Chiapas indemnización a los familiares de las víctimas, entre ellas las personas que resultaron heridas, y sanción a los culpables de la agresión.