Gabriela CoutiñoTuxtla Gutierrez, Chis. 17 de diciembre.- Once años después de la matanza de Acteal, donde un presunto grupo paramilitar masacró a 45 indígenas tzotziles, el “Comité de familiares y amigos de los inocentes presos” se manifestaron en los juzgados de distrito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en esta ciudad, para demandar sentencia absolutoria que permita la liberación de más de 70 indígenas presos sentenciados.
“Los autores materiales e intelectuales de la matanza no han enfrentado a la justicia, los asesinos siguen libres, mientras que los servidores públicos de esa época, incluyendo al exgobernador Julio César Ruiz Ferro, siguen intocables”, dijo Antonio Gutiérrez Pérez, vocero del comité.
Los familiares de los presos por la matanza de 45 tzotziles de Acteal, en su mayoría fieles de la religión evangélica, insistieron en la inocencia de por lo menos 70 presos, los que recordaron, fueron detenidos a pocos días de la masacre, con engaños por parte de la Procuraduría General de la República.
“Si no hemos dejado de insistir en la demanda de la justicia, no es que nuestro corazón tenga odio, y busque la venganza como han tratado de interpretar los que no quieren que se haga la justicia; hemos sido pacientes y creemos que deben salir los inocentes”, expresó Gutiérrez Pérez.
Con cartulinas, los familiares de los presos señalaron que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) no fueron objetivas, porque se detuvo y se sentenció a inocentes, fabricando como culpables a ancianos, a autoridades políticas, civiles y comunitarias de Chenalhó, mientras que los autores intelectuales, quienes diseñaron la guerra de contrainsurgencia en Chiapas, gozan de impunidad.
“Por eso, nosotros los testigos y sobrevivientes de Acteal, exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise también las denuncias contra los autores intelectuales quienes diseñaron la guerra de contrainsurgencia en Chiapas, y llame a rendir cuentas al expresidentes Ernesto Zedillo, el exsecretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al excomandante de la VII Región Militar, general Mario Renán Castillo Fernández”, dijo el vocero.
De acuerdo a los familiares de los presos, en el penal de El Amate, cumplen sentencia más de 100 indígenas tzotziles. De ellos sólo cinco aseguran han confesado haber participado en la matanza de 45 personas aquel 22 de diciembre de 1997, el resto afirman, han demostrado una y otra vez que son inocentes.
Sin embargo, el grupo de más de 70 cumplen sentencias de 36 años de prisión, mientras que los confesados culpables se les impusieron un veredicto de 25 años de cárcel.
Para los familiares de los presos, con la sentencia de más de 100 personas, el gobierno y las autoridades judiciales castigaron a sus parientes sólo por ser indígenas y pobres, además que crearon un clima de linchamiento en los medios de comunicación que durante largos 11 años ha logrado esconder la verdad de la matanza de Acteal, además que los problemas de fondo siguen presentes en la región de los Altos de Chiapas.
“Los asesinos se pasean impunes por las calles y caminos de los Altos, de todos los signos, zapatistas, priistas, y todos los otros que no caben en esos dos términos, presumen impunidad”, apuntaron.
Los manifestantes demandaron alto a la división de la comunidad indígena de Chenalhó, división que se da, aseguraron, por ser pobres y indígenas. Exigieron una verdadera investigación de la masacre de Acteal y el castigo a los verdaderos culpables, así como la reparación del daño ocasionado a los inocentes.
Los familiares de los presos, se instalaron en plantón indefinido en la plaza central de la capital chiapaneca
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